Bancos nacionalizados promueven proyectos especulativos

Ecologistas en Acción va a solicitar la desclasificación de este activo tóxico y su expropiación en base a las deudas que mantenían sus antiguos propietarios con el Ayuntamiento

Ecologistas en Acción considera un auténtico escándalo que bancos nacionalizados -como Bankia y Catalunyacaixa-, que han recibido miles de millones de euros de fondos públicos sigan promoviendo urbanizaciones gestadas en décadas pasadas, que pretenden seguir hormigonando el litoral, y cuando hay decenas de miles de viviendas sin vender. No es admisible que los bancos que financiaron a la empresa Noriega -actualmente en concursos de acreedores-, para adquirir estos terrenos situados en primera línea de playa, pretendan invertir parte del dinero público que están recibiendo en desarrollar una urbanización que, en base a multitud de irregularidades, fue incluida en el PGOU del El Puerto hace 20 años. El dinero que se está detrayendo del gasto sanitario, educativo, dependencia y posiblemente de las pensiones, no puede destinarse a volver a inflar la burbuja inmobiliaria que ha llevado a estos bancos, y a este país, a la ruina. Parece que los políticos no han aprendido nada de la crisis, y el concejal de Urbanismo de El Puerto se vanagloria de haber intervenido para relanzar este proyecto urbanístico.

Es poco creíble que en las actuales circunstancias se construya una urbanización de este tipo con escasas posibilidades de venta. Ecologistas en Acción sospecha que se tarta de una operación de marketing, para crear falsas expectativas e intentar revalorizar estos activos tóxico de cara a la próxima adquisición por el “banco malo”, o sea, inflar su valor para que todos paguemos más... y los políticos como siempre apoyando la operación.

Hay que recordar que esta urbanización se diseñó a finales de los años 80 como fuente de financiación complementaria de Puerto Sherry, un proyecto que quebró y tuvo que ser reflotado con dinero público. Nunca se exigió responsabilidades a los propietarios de la empresa promotora “Marina de El Puerto de Santa María S.A.”, ni a los políticos que santificaron durante décadas a este proyecto especulativo. Ni siquiera se expropió, como propusimos los ecologistas, las propiedades que tenía dicha empresa o algunos de sus principales accionistas, como es la finca La China, para resarcir a las arcas públicas de los fondos destinados a tapar el inmenso agujero que provocó la gestión de esa empresa en Puerto Sherry. Tampoco el Ayuntamiento les ha exigido el pago de la deuda que contrajo por la firma de los distintos convenios urbanísticos que beneficiaron una y otra vez a la empresa sin que nunca ejecutara las supuestas obras compensatorias.

La urbanización de esta finca vendría a consolidar un fraude legal escandaloso que se cometió en el PGMO actualmente en vigor, en el que el Ayuntamiento, en clara connivencia con los promotores de Puerto Sherry, los declaró suelo urbano sin cumplir ninguna de las condiciones estipuladas en la legislación urbanística. La recalificación de estos terrenos como urbanos eximió a los propietarios de las cesiones obligatorias para zonas verdes y equipamientos públicos. Los suelos y el 10% de edificabilidad a la que renunció el Ayuntamiento, y los incumplimientos de las obligaciones comprometidas en los convenios, elevan la deuda de “Marina Puerto de Santa María S.A.” con el Ayuntamiento a unos 6 millones de euros. Si se tiene en cuenta la condonación de las cesiones al clasificar estos suelos directamente como urbanos, esta empresa se ha beneficiado en más de 24.000.000 €, que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento en estos 30 años de lamentable historia de Puerto Sherry. Y todo en plena crisis económica, cuando el Ayuntamiento arrastra deudas millonarias y recorta todo tipo de servios públicos.

Bosque de retamas y pinos de la finca La China, con Puerto Sherry al fondo.

En la actualidad La China es un denso bosque de retamas con pinos piñoneros, lentiscos y sabinas, ecosistemas considerados por la Directiva Hábitat de la UE de interés comunitario y prioritario, y sin que tenga ni una sola de las condiciones que exige la ley para declararlo suelo urbano. Además, mantiene una de las mejores poblaciones de camaleones de la Bahía de Cádiz.

Ahora, sin que se les exija a los bancos propietarios el pago de la deuda contraída con el Ayuntamiento, se les premia apoyando la construcción de 947 viviendas de lujo –más que las permitidas en el actual PGOU-, con una edificabilidad que casi triplica el máximo de 0,3 m2/m2 permitido en la Ley de Costas (0,86 m2/m2 en el Pueblo Marinero y 0,72 m2/m2 en La China). Para colmo, se van a recalificar los suelos hoteleros y comerciales a residencial para permitir aún mayor colmatación y hormigonado de una de las últimas zonas sin urbanizar que quedan en el litoral de El Puerto.

Ecologistas en Acción va a solicitar al Gobierno de la nación, como titular de Bankia y Catalunyacaixa, que paralice este proyecto urbanístico y que inste al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía a desclasificar este activo tóxico, promoviendo la protección de este bosque, lo que servirá para reducir la aglomeración de urbanizaciones en la costa oeste de El Puerto mejorando la calidad ambiental del litoral y la oferta turística de la ciudad. Esta propuesta sí beneficiaría al interés general, que es la finalidad que debe cumplir el planeamiento urbanístico, siendo obligación del Ayuntamiento defender este interés general, dejando de actuar como mera gestoría de las empresas constructoras, tal y como lamentablemente ha venido sucediendo en estos últimos años.