El próximo lunes día 12 se va a celebrar por fin en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Cádiz (Avda. Juan Carlos I Edificio Estadio Carranza) el juicio contra ex responsables del Ayuntamiento de El Puerto por la construcción ilegal de una urbanización en el Pinar de Coig. En esta causa están procesados Hernán Díaz Cortes, ex alcalde y Juan Carlos Rodríguez Álvarez, ex concejal de Urbanismo.

El Pinar de Coig es un bosque de alto valor ecológico protegido como Sistema Genera de Espacios Libres (SGEL) tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto como en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz, y que debería haberse expropiado y adecuado como parque público por el Ayuntamiento. Pero a partir del año 2000 se inició una operación especulativa a gran escala procediéndose a la parcelación y urbanización del pinar, con el pleno consentimiento y apoyo de los máximos responsables municipales, que llegaron a autorizar la instalación de la red municipal de agua potable y la instalación de la red eléctrica en esta urbanización ilegal.

En marzo de 2005 Ecologistas en Acción, ante la inacción del Ayuntamiento a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, denunció estos hechos a la Fiscalía. Por ello tuvimos que soportar la reacción violenta de algunos de los propietarios de esta urbanización ilegal que, instigados por Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez, nos amenazaron y agredieron en numerosas ocasiones, incluso se empapeló El Puerto con la foto de la casa de uno de los miembros de Ecologistas en Acción firmante de la denuncia, amenazando con quemarla.

El Fiscal pide dos años de prisión para Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez por un delito continuado de prevaricación urbanística. Ecologistas en Acción solicita para cada imputado las PENAS DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, por el delito continuado de prevaricación urbanística, y la de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de veinticuatro meses a razón de 300 euros por día-multa, por el delito contra el medio ambiente. Ecologistas en Acción solicita también, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código Penal, la obligación de «reparar los daños y perjuicios por ellos causados», siendo éste el fin primordial de la responsabilidad civil derivada del delito medioambiental. Ambas acusaciones solicitan inhabilitación de nueve años para cada uno de ellos.

Este caso destapó la trama de corrupción que se extendió en El Puerto bajo el gobierno de Independientes Portuenses (IP), liderados por Hernán Díaz, que contó en dos legislaturas con el apoyo PSOE. La mayoría de los partidos políticos han apoyado en estos años a los promotores y propietarios de esta urbanización ilegal, llegando el Pleno del Ayuntamiento –con el voto de PP, PA, PSOE e IP- a pedir la legalización de esta urbanización ilegal y su oposición a los derribos.

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción al comprobar que un caso denunciado hace más de siete años llegue a término, al comprobarse la veracidad de la misma, que hemos mantenido a pesar de las enorme presiones que hemos sufrido por denunciar unos hechos delictivos.

Ecologistas en Acción seguirá defendiendo que se proceda a la demolición de la totalidad de esta urbanización ilegal y se restaure el pinar de Coig para parque público, según prescribe el PGOU y el POT de la Bahía de Cádiz.

Foto aérea de la urbanización ilegal del pinar, y fotos de algunas de las viviendas existentes.