Exigen a la Junta que anule el proyecto de Valdevaqueros

Como Resolución de la XIII Asamblea de Ecologistas en Acción de Cádiz, celebrada este fin de semana en Sanlúcar y aprobada por unanimidad.

La XIII Asamblea de Ecologistas en Acción de Cádiz ha acordado exigir a la Junta de Andalucía que proceda a la anulación definitiva del Plan Parcial de Valdevaqueros aprobado por el Ayuntamiento de Tarifa, que incluye un complejo urbanístico de 740.000 m2, con 350 viviendas y varios hoteles con 1.423 plazas hoteleras. Esta macrourbanización afectaría gravemente a una de las playas vírgenes más famosas y valiosas del litoral andaluz, ya que está parcialmente incluida en el Parque Natural del Estrecho, en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), en una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, y está en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales. Este proyecto ha suscitado una enorme polémica y ya son más de 91.000 las personas que han firmado un manifiesto de oposición.

Mientras varios consejeros de la Junta de Andalucía, y el propio presidente, coincidían en la inconveniencia de este modelo de desarrollo urbanístico en el litoral andaluz, las delegaciones en Cádiz de las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente –hoy integradas en Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA)-, daban todos los parabienes a este proyecto especulativo. El Plan sigue su tramitación y la Junta no ha iniciado ninguna acción legal para conseguir su paralización definitiva.

Teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía tiene competencias exclusivas en la ordenación del territorio y en los espacios naturales protegidos, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas al presidente de la Junta y al consejero de APMA pidiendo que utilizaran los instrumentos legales de que disponen para impedir el desarrollo de esta macrourbanización. Este Plan Parcial se puede anular porque no se ha sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental preceptivo y ha incumplido la normativa del Parque Natural del Estrecho y las competencias de su Junta Rectora.

Por ello, reiteramos nuestra demanda de que se inicien las acciones legales para anular este plan urbanístico y se modifique el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar eliminando las urbanizaciones previstas en el litoral de Tarifa. Así mismo, la Junta debe exigir al Ayuntamiento de Tarifa que revise el PGOU -que data de 1991, aunque fue ratificado por la Junta en 2010- para adaptarlo a las normas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que limita los crecimientos urbanísticos de los municipios “al 40% del suelo urbano existente y a crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años”. El actual PGOU de Tarifa contempla siete nuevas macro urbanizaciones en el litoral con 4 millones de m2, lo que triplicaría el actual núcleo urbano de Tarifa.

La Junta de Andalucía debe demostrar que tiene voluntad política para eliminar los planes urbanísticos que generaron la burbuja inmobiliaria, desclasificando los millones de m2 de suelos declarados urbanizables para operaciones especulativas y que han dado lugar a los activos tóxicos que ha llevado a las entidades financieras, y al país, a la ruina.