Fracking: estado de situación en otros países

La oposición social está dificultando seriamente el desarrollo de la fractura hidráulica.

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 78.

La fractura hidráulica para obtener gas y petróleo está enfrentando una fuerte oposición en numerosos países. Las negativas consecuencias ambientales y sociales que está teniendo la explotación realizada durante años en el país pionero en esta técnica, Estados Unidos, han sido una herramienta muy potente para movilizar a numerosos grupos sociales, poniendo en jaque la explotación generalizada del gas de esquisto. En el artículo se realiza un balance de esta situación, así como de las restricciones legales al ‘fracking» impuestas por diversos Estados.

“La única amenaza del fracking es no seguir la senda de EE UU”. Así de categórico se mostraba el ministro español de Industria preguntado por la cuestión. Soria se refería así al cacareado milagro del gas de esquisto ocurrido en aquel país en la última década, que llevó el año pasado al presidente Obama a afirmar que disponen de gas para garantizar el consumo de los próximos 100 años. Las últimas previsiones de la Administración de Información de la Energía (EIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de aquel país, publicadas a comienzos de junio de 2013 [1], aseguran que allí el gas de esquisto alcanzó el 40% del total de gas natural y el petróleo de esquisto un 30% del total de su producción de crudo. El auge de este último permitirá al país norteamericano superar como productor a Arabia Saudita en 2020 y pasar de importador a exportador neto de crudo en 2030 [2].

El milagro norteamericano y las expectativas en otros países

Es necesario recordar no obstante que la EIA, que ahora incrementa las expectativas de gas en un 10% respecto a sus previsiones anteriores de 2011, tiene un largo historial de optimismo infundado y sobrestimaciones en las reservas que con posterioridad han tenido que ser corregidas. El propio informe, que aventura las más recientes estimaciones de gas y petróleo de esquisto en 41 países, reconoce la incertidumbre de estas previsiones, que hablan de reservas que pueden ser técnicamente recuperables pero pueden no serlo desde la óptica de la rentabilidad económica.

Otros informes de analistas económicos han hablado por su parte de una sobrestimación de las reservas americanas de entre 400-500% [3]. Según el informe de la EIA, Norteamérica (EE UU, Canadá y México) dispone con creces de las mayores reservas de gas de esquisto (1.685 tcf [4]) seguida de China (1.115), Argentina (802), Argelia (707), Australia (437) o Rusia (287). Por su parte, Europa dispone en comparación de cantidades sensiblemente menores (470 tcf), destacando los 148 de Polonia, los 137 de Francia o los 51 de Rumanía. España por su parte contaría, según el informe, con aproximadamente unos 8 tcf –una octava parte de las ilusorias previsiones realizadas por las empresas del sector en nuestro país, que llegaron a hablar de que España podría ser una Dakota del Norte del gas [5]– quedando bien por debajo de otros países como Reino Unido (26 tcf), Suecia (10), Países Bajos (26), Alemania (17), Dinamarca (32) y Bulgaria (17).

Pero el desarrollo de la actividad no ha sido tan glorioso como lo pinta el ministro Soria. El boom estadounidense ha servido para transformar su realidad energética, pero también para empezar a comprobar sobre el terreno los verdaderos impactos de la técnica de la fractura hidráulica empleada para la extracción de estos combustibles no convencionales (contaminación, daños a la salud, seísmos…).Tanto la fuerte oposición social como los escándalos medioambientales han servido para despertar la alerta en otras partes del mundo, a las que se pretende llevar la promesa de este El Dorado energético.

La resistencia americana a la actividad ha alcanzado al mundo de la cultura, visibilizada en la plataforma “Artistas contra el fracking”, con personajes destacados como Yoko Ono a la cabeza. La película nominada al Oscar Gasland, del director americano Josh Fox (que acaba de estrenar su segunda parte Gasland II en 2013), ha contribuido notablemente a difundir internacionalmente la problemática. En EE UU numerosas comunidades han aprobado resoluciones contrarias a la fractura hidráulica y el Estado de Vermont acordó una prohibición en mayo de 2012, mientras que el Estado de Nueva York tiene una moratoria hasta 2015.

Canadá, el otro país que explota el gas de esquisto comercialmente en grandes cantidades, ha visto también como la provincia de Quebec ha sido pionera en establecer una prohibición y como el Gobierno de Nova Escotia mantiene en pie una moratoria de facto hasta mediados de 2014 [6]. Mientras tanto, las negociaciones de los acuerdos de libre comercio entre estos dos países norteamericanos y la UE pretenden anticiparse a esta situación y cortocircuitar la implantación de posibles prohibiciones futuras en Europa, otorgando derechos a las empresas energéticas que dificulten el perseguirlas legalmente [7]. De hecho, la prohibición de Quebec está siendo impugnada por la empresa americana Lone Pine a través del acuerdo NAFTA [8].

Algunos rasgos comunes de la resistencia

El movimiento de contestación se caracteriza en general por una unánime oposición a la técnica, entendiendo que solo cabe la prohibición de la misma y no una adecuada regulación. Las críticas a la opacidad en el debate público son también un elemento repetitivo. La industria es bien conocedora de ello, y sabe que si bien el rápido despegue de la actividad en EE UU llegó de la mano de facilidades fiscales y ambientales como la excepción Halliburton, que eximía a la industria del gas del cumplimiento de las leyes que protegen el agua potable, su desarrollo en otros sitios como Europa, donde intentan desembarcar masivamente, pasa por ganar aceptación social y requiere de una regulación mucho más estricta.

La industria encargó un informe [9] para desentrañar como se organiza y opera el movimiento Antifracking, al que tilda de “campaña altamente efectiva” y al que responsabiliza en gran parte de las moratorias y prohibiciones establecidas en diferentes partes del mundo. El informe asegura que la industria ha subestimado el riesgo social y político y que debe ganar esta batalla antes de pretender una implantación mayor. En el mismo sentido, un informe reciente de la OTAN identifica la resistencia organizada como uno de los factores clave que dificultará la explotación masiva del gas de esquisto en Europa [10].

La efectividad del movimiento de oposición puede también medirse en el hecho de que en diversas partes del mundo como EE UU [11] o Polonia [12] los grupos Antifracking están siendo criminalizados y sometidos a vigilancia y espionaje. En Polonia, al igual que en otros países con un pasado ligado a la antigua URSS como Bulgaria, Rumanía, Lituania o Hungría, el argumento patriótico de la futura independencia del gas ruso está siendo fuertemente utilizado en el debate público para ganar el beneplácito social. Aunque curiosamente ese pudor desaparece al prometer a las empresas que los precios del gas no bajarán gracias a los contratos a largo plazo con Gazprom [13].

La improbable réplica europea

Aparte de las evidentes menores reservas y la anticipada oposición pública, son varios los factores que hacen improbable un desarrollo similar en Europa. Las diferencias geológicas, geográficas e hidrológicas, unidas a una falta de infraestructuras y conocimiento adecuados [14], plantean obstáculos que convierten en quiméricas las expectativas de repetir la experiencia en el viejo continente. A todo ello se suma un factor especulativo importante, cada vez más repetido, que habla de una burbuja financiera creada por unos precios del gas inducidos artificialmente y una producción que declina a una velocidad vertiginosa, que podrían conducir al fin anticipado de este sueño energético. Todos estos factores han intervenido en el abandono temprano de varias empresas en Europa y otras partes del mundo.

No están resultando suficientes las promesas de algunos Gobiernos europeos. El sistema de adjudicaciones de licencias polaco acaba de recibir un varapalo del Tribunal de Luxemburgo que siembra dudas sobre su legalidad [15]. Polonia, que lidera la carrera europea con más de 40 pozos exploratorios y espera comenzar la explotación comercial hacia 2015, acaba de aprobar una modificación legislativa que exime a las perforaciones realizadas a menos de 5.000 metros de profundidad de realizar la pertinente Evaluación de Impacto Ambiental [16]. Con ello intenta acallar el descontento de las empresas, que piden mayor relajación legislativa y fiscal. A pesar de todo ello, ExxonMobil abandonó el país en 2012 y en 2013 lo han hecho Talisman y Marathon Oil. El Gobierno polaco se esfuerza en desmentir que se esté produciendo un éxodo de empresas extranjeras de la actividad en su país para intentar taponar el goteo y evitar que empresas como Conoco Phillips, Eni o Chevron, vayan detrás [17]. Esta última empresa ha sufrido la ocupación de los terrenos de una de sus concesiones por parte de agricultores polacos que se oponen a la actividad [18].

El Gobierno británico por su parte, que en 2011 tuvo que imponer una moratoria temporal (ya levantada) tras los movimientos sísmicos provocados por las perforaciones de la empresa Cuadrilla Resources en el condado de Lancashire (las únicas hasta el momento), en julio de 2013 acaba de prometer a las empresas “el régimen fiscal más generoso del mundo” con grandes reducciones de impuestos si invierten en el país. De forma paralela en mayo prometió reducciones en las tarifas eléctricas a los habitantes de comunidades que no se opongan al fracking [19], aunque al mes siguiente un portavoz de Cuadrilla fue cogido in fraganti desmintiendo off-the-record al Gobierno sobre la posible reducción de la factura de la luz [20]. Se produce la paradoja de que los Gobiernos que quieren promover la aceptación de la actividad, prometen a las empresas que los precios no bajarán y a los ciudadanos que tendrán energía barata.

Este panorama favorable ha propiciado que Cuadrilla acelere los trámites para comenzar las perforaciones en otro permiso, en Balcombe (West Sussex). Sin embargo la empresa ha tenido que congelar temporalmente sus planes debido a una gran oposición ciudadana. El bloqueo de los trabajos por cadenas humanas y las masivas protestas solo encuentran su precedente en las luchas contra la construcción de autovías en los 90. La solidaridad internacional generada en torno a esta resistencia ha sido abrumadora [21].

Abandonos, oposiciones y moratorias

En ocasiones el abandono de empresas, como el caso de OMV en Austria, está relacionado con los estrictos requisitos ambientales impuestos por el Gobierno de turno [22]. Shell salió de Suecia en 2011 al encontrar menos reservas de las esperadas y ahora el parlamento de aquel país trata de aprobar algún tipo de moratoria, aunque de momento el primer intento no ha prosperado. Por su parte, la compañía Dart Energy podría abandonar Escocia debido a la mala calidad del gas encontrado [23]. Esta misma compañía, en una pésima situación financiera, ya ha anunciado abandonos en sus concesiones en Australia, provocados por los nuevos requerimientos ambientales impuestos por el Gobierno australiano de impacto sobre los acuíferos. Además, en aquel país el Gobierno regional de Nueva Gales del Sur acaba de decretar una zona de exclusión de 2 kilómetros en torno a áreas residenciales y agrícolas, lo que provocará el abandono de la actividad de otras dos empresas (Metgasco y Planetgas). La movilización social en Australia es fortísima, y ha jugado un papel fundamental en la imposición de estos nuevos requisitos. Merece mención especial el movimiento Lock the gate (canda la carretera) en la que las comunidades han declarado cada carretera, calle, barrio, etc. “libres de campos de gas” y han impedido incluso el paso a los camiones, reclamando que aunque tengan licencia legal, no tienen el “permiso social” para operar.

En Nueva Zelanda la oposición también crece a gran velocidad y una de las mayores compañías de leche del país, Fonterra, acaba de anunciar que no comprará leche a los campesinos que acepten lodos de perforación como enmienda agrícola para sus tierras [24]. En el mismo sentido las empresas cerveceras holandesas (incluyendo a Heineken) y alemanas [25], como ya han hecho algunas americanas, han expresado su preocupación por la posible afección a su actividad derivada de una eventual contaminación de acuíferos y han llegado a pedir una prohibición de la técnica.

Holanda, que ha concedido varias licencias exploratorias, congeló las actividades hasta completar un informe de los riesgos ambientales. El informe, presentado de forma poco transparente a finales de agosto de 2013, minimiza los riesgos comparándolos con las explotaciones convencionales y ha sido criticado desde numerosos ámbitos incluido el científico [26]. A pesar del respaldo político dado a la actividad, el Gobierno ha minimizado en ocasiones el papel del gas de esquisto indicando que su producción sólo representaría un par de puntos porcentuales de la actual producción de gas natural [27]. El Parlamento debe ahora decidir si se procede o no con los permisos. El banco holandés Rabobank anunció hace meses que no prestará dinero para operaciones de fractura hidráulica [28].

En situación parecida de moratoria no oficial se encuentra la República de Irlanda. Las dos empresas con permisos en el país, Tamboran y Enegi, tendrá que esperar para saber si pueden perforar hasta comienzos de 2015, cuando se presenten los resultados del estudio ambiental sobre los riesgos que está llevando a cabo la Agencia Irlandesa de Protección Ambiental.

Por su parte Alemania, quizás en clave preelectoral, no se atreve al menos públicamente a hacer una apuesta sin ambages y ante la presión social y de los Länder el Gobierno ha tenido que posponer hasta después de las elecciones de setiembre de 2013 la aprobación de una ley que pretendía regular el fracking, y que en principio podría contemplar una evaluación de impacto ambiental obligatoria y una prohibición en zonas que afecten a acuíferos, así como otros requisitos ambientales [29]. Además el Consejo Asesor de Medio ambiente alemán acaba de echar un jarro de agua fría a las expectativas de las empresas al publicar en mayo unas declaraciones dejando claro que el gas de esquisto no juega un papel esencial para los planes nacionales de la Energiewende (transición energética), ni garantizará seguridad energética o bajada de precios [30]. La oposición al fracking en Alemania, aunque bastante atomizada y sin una coordinación federal fuerte, lanzó en mayo de 2013 una resolución conjunta (la resolución de Korbach [31]) pidiendo la prohibición inmediata. De momento existe una moratoria en Renania del Norte-Westfalia, en Hesse del Norte el primer permiso ha sido denegado, y en Turingia a BNK Petroleum le ha sido retirada una licencia.

En la República Checa, las tres licencias que tienen solicitadas las compañías BasGas Energia y Cuadrilla Moravia están congeladas porque el Parlamento está en fase de tramitación de un proyecto de ley para establecer una moratoria de dos años, aunque el texto lleva en una especie de limbo administrativo casi un año, y hay movimientos políticos para torpedearlo. El movimiento ciudadano Stop HF está jugando un papel de presión social importante. Parece evidente que los vaivenes electorales juegan un papel decisivo.

En Dinamarca en 2010 se concedieron dos licencias a Total, pero el Gobierno entrante tras las elecciones de 2011 estableció una prohibición temporal para nuevas licencias. En Rumanía, las promesas de prohibir la fractura hidráulica contribuyeron a la elección del Gobierno resultante en las elecciones de mayo de 2012. Se estableció una especie de moratoria de facto hasta finales del año, que sin embargo el Gobierno no respetó al conceder 5 licencias a comienzos de diciembre a Chevron y a Shell. Además, tras las elecciones parlamentarias de finales de 2012 se ha conformado una cámara mayoritariamente profractura. La población ha celebrado protestas masivas y hasta tres referendos en Dobrogea, una de las zonas afectadas, que han dejado clara la oposición masiva a la actividad. En la provincia de Vaslui, otra zona afectada, se multiplican los municipios declarados libres de fracking.

En la oposición a la fractura hidráulica, es habitual encontrar al Gobierno central intentando allanarle el terreno a la industria, mientras entidades administrativas de menor rango como Gobiernos regionales, provinciales o municipales se sitúan del lado de la ciudadanía, que siempre es contraria: no existe ningún movimiento ciudadano de apoyo a los proyectos.

Los dos referentes

Hay dos países que se han convertido en referentes por haber decretado prohibiciones a nivel nacional, Bulgaria y Francia. Bulgaria, tras multitudinarias protestas ciudadanas a comienzos de 2012, decretó una prohibición de la técnica de la fractura hidráulica para la investigación de gas y petróleo de esquisto, después refrendada por el parlamento.

En Francia, el otro país que claramente ha prohibido el empleo de esta técnica (junio 2011) tanto para la investigación como la explotación –basándose acertadamente en el principio de precaución–, se adivinan claramente las fuertes presiones de la industria entre bastidores, ya que con frecuencia se oyen rumores sobre la revisión de la decisión. Este país ha sido la cuna de la resistencia europea, muy efectiva, horizontal y organizada [32], referente para muchos grupos de oposición en otros países. En junio de 2013 el senado francés aprobó un informe claramente profractura, y la abrupta salida al mes siguiente de la ministra de Medio Ambiente del Gobierno ha sido relacionada por ella misma con las presiones de la industria petrolera por su firme posición Antifracking [33]. Sin embargo el propio presidente Hollande ha vuelto a reafirmar días después que no habrá fractura hidráulica mientras él sea primer ministro [34]. Pero la ley que prohíbe la fractura puede estar en riesgo por la demanda interpuesta por una de las empresas adjudicatarias de los permisos revocados, la texana Schuepbach, que también es cotitular de permisos en el Estado español. En otoño de 2013 el Consejo Constitucional debe decidir si invalida o no la ley [35].

En cuanto a Bruselas, el debate está servido. La consulta pública organizada por la Comisión Europea en 2013 ha demostrado claramente que la actividad no goza del beneplácito ciudadano. Mientras que la política energética es materia que compete a cada Estado miembro, y aunque es impensable un bloqueo al desarrollo de la actividad a nivel europeo, la Comisión Europea no puede ya ignorar ni el sentir de la ciudadanía ni los resultados de los estudios encargados por la propia Comisión [36] que hablan de la necesidad de un marco regulatorio más claro, y que posiblemente pase, entre otras cosas, por un requisito de sometimiento a EIA aún en las fases meramente exploratorias e independientemente de la cantidad a extraer, en el sentido de lo aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo en julio de 2013 [37]. Aunque no habrá propuesta por parte de la Comisión Europea probablemente hasta finales de 2013, ni una decisión definitiva hasta después de las elecciones al Parlamento europeo de 2014, existe un pulso soterrado entre el comisario de energía, Oettinger [38], por un lado, que pretender dar vía libre a la actividad, y el de medio Ambiente, Potocnik [39], y la de Clima, Hedegaard [40], por otro, que pretenden bajarle la expectativa al gas de esquisto.

Otras regiones

Desde que en 2011 se perforara el primer pozo en la provincia de Neuquén por la compañía americana Apache, en territorio mapuche, son más de 100 pozos los practicados en Argentina, lo que ha hecho del gas de esquisto la bandera para avanzar hacia la suficiencia energética, siendo una de las razones que sustancian la nacionalización de YPF-Repsol y la aprobación de la Ley de Soberanía de Hidrocarburos. Se extiende la frontera extractiva a provincias no tradicionalmente petroleras que buscan en sus pizarras, y algunas como Entre Ríos se intentan adelantar debatiendo en su parlamento una prohibición del fracking que busca proteger el acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua limpia del mundo.

En mayo de 2013, con ocasión de la visita del Ministro de Energía y Minas de Argelia, se produjo en Londres una concentración de argelinos contra la ausencia de debate público relativo al fracking en aquel país y contra los planes del Gobierno de Argelia [41], que cuenta con las mayores reservas africanas y está ofreciendo un régimen fiscal favorable a la actividad que ya ha atraído a empresas como Shell, Eni y Talisman.

China, con las mayores reservas mundiales, pretende que el gas de esquisto cubra el 6% de su demanda energética para 2020. Allí Chevron, Shell, BP, ExxonMobil y Total están bien posicionadas [42] y está por ver si las cada vez mayores protestas sociales por la degradación ambiental de aquel país alcanzan también al fracking, al menos en regiones densamente pobladas y con problemas de escasez de agua como la cuenca de Sichuan.