Intereses comerciales por encima de los Derechos Humanos

La Comisión de Comercio Internacional no escuchó a más de 160 comunidades rurales y ONGs, europeas e hispanoamericanas, entre ellas Ecologistas en Acción, que le pidieron no ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la UE Colombia y Perú

"Condenamos enérgicamente la decisión del Parlamento Europeo de profundizar las mismas políticas de libre comercio que han causado la actual crisis", dice Tom Kucharz de Ecologistas en Acción. "Este voto muestra claramente que la mayoría de los Europarlamentarios pone los intereses económicos y comerciales de la UE y de sus corporaciones por encima de los derechos humanos, algo verdaderamente funebre", añade.

"Hacemos un llamado a la ética de los Europarlamentarios: si no quieren ser cómplices de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en Colombia y Perú, así como de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Estado colombiano, y muy especialmente las Fuerzas Armadas que operan junto con los grupos paramilitares, entonces no ratifiquen el próximo 11 de diciembre el tratado comercial con Colombia", demanda el portavoz de Ecologistas en Acción.

Más de 160 organizaciones no gubernamentales así como comunidades europeas y latinoamericanas habían enviado el 25 de octubre a la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo una carta pidiendo que no ratificaran el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea – Colombia y Perú. Esa petición se basa en las dramáticas consecuencias que este Tratado puede tener en los derechos humanos, la soberanía alimentaria de las comunidades, en la contaminación del entorno de vida de pueblos enteros, y en la destrucción de sectores de la economía. Es una forma de perpetuar e incrementar un modelo exportador de materias primas desde Colombia y Perú hacia la Unión Europea; modelo que no contribuye a un desarrollo inclusivo.

Esta carta, titulada “Decidiendo nuestro futuro, no al Tratado de libre comercio con la UE”, defiende “unas relaciones comerciales basadas en la complementariedad y el desarrollo inclusivo de las regiones desde un enfoque de derechos” y denuncia que el TLC se haya negociado anteponiendo los intereses corporativos a los de la ciudadanía europea y colombiana. Esa falta de escucha a la sociedad civil parece ser cada vez más una dinámica común de esa Comisión. La sociedad civil organizada no fue invitada con antelación – sino solo unos minutos antes - a participar en la ultima audiencia donde debatían sobre ese Acuerdo. Solamente se le concedió dos intervenciones de 3 minutos al final de la sesión del Comité, una vez que se habían ido los embajadores de Colombia y Perú como distintos miembros del parlamento y de las demás instituciones europeas.

En cambio, los embajadores peruano y colombiano estuvieron presente en numerosas ocasiones para exponer las medidas que estos países implementaban en cuanto a derechos humanos, laborales y medioambientales. “¿Será que el Parlamente escucha más a los gobiernos que a su ciudadanía? ¿Es este el tipo de ‘debates’ que el Parlamento Europeo quiere fomentar?”, se pregunta Vincent Vallies, portavoz de OIDHACO, “la ciudadanía europea no deja de reclamar mayor nivel de democracia y participación. ¿Cuándo las instituciones de la Unión Europea escuchará ese clamor?”.

De nuevo, es evidente que la mayoría de los eurodiputados y eurodiputadas de la Comisión de Comercio no escucharon el llamado de estas organizaciones colombianas, peruanas, latinoamericanas y europeas y votaron en favor de la ratificación de este Tratado de Libre Comercio.

“Desde las organizaciones sociales agradecemos los esfuerzos de una minoría de miembros de la comisión para incluir en los debates las opiniones de la sociedad civil” comenta Vincent Vallies portavoz de OIDHACO en Bruselas en representación de las muchas redes y organizaciones sociales que llevan años luchando contra el TLC UE-Colombia-Perú.

Como ya ha sido mostrado a través de numerosos estudios, este Tratado no beneficia ni a la ciudadanía colombiana ni a la europea. Es importante resaltar que una de las causas de la extinción de los pueblos indígenas en Colombia es la presión hacia sus territorios por los proyectos extractivistas y agroindustriales, impulsada por la demanda de la industria europea.

“Esperamos que en la plenaria prevista para la segunda semana de diciembre, el Parlamento Europeo tenga la capacidad de escucha que todos y todas pedimos”, recalca Vincent Vallies portavoz de OIDHACO, la red europea en la que participa también la Plataforma Justicia por Colombia, de la que Ecologistas en Acción es miembro.

- Más información: http://www.enlazandoalternativas.org




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