Fracking, una apuesta perjudicial para el medio ambiente

El pasado 19 de septiembre se publicaban en el B.O.E. los anuncios de solicitud de los permisos “Galileo” y “Edison”, ambos afectan a territorio castellano-leones, además de Cantabria, La Rioja y el País Vasco. Aunque en la resolución publicada no se especifica cuál será la técnica utilizada existen elevadas posibilidades de que se trate de un permiso de investigación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica o fracking.

Los potenciales peligros asociados al fracking, se confirman por denuncias e informes, de diferentes universidades y organismos públicos, que alertan sobre la peligrosidad del método; principalmente debido a la contaminación de acuíferos por las sustancias químicas utilizadas y la liberación de materiales radioactivos y metales pesados. La organización ecologista entiende que el principio de precaución debería aplicarse, por encima de cualquier otra premisa, por lo que ha solicitado al ministerio que no conceda a ninguna empresa los permisos de investigación. Más cuando, como es el caso, encuentra enorme oposición en las zonas afectadas.

En el momento actual son numerosos los ayuntamientos que han aprobado mociones en contra de su uso, así como la diputaciones de Valladolid, Soria y Palencia. El Gobierno cántabro ha presentado un anteproyecto que propone la prohibición de la fractura hidráulica tanto en investigación como explotación y el Ayuntamiento de Vitoria denegó las licencias para los pozos previstos en este municipio, por considerar que la información aportada por la empresa respecto a los riegos era insuficiente. Sin embargo, desde el Ministerio de Industria y la Junta de Castilla y León no se hacen eco de esta preocupación y prefieren seguir adelante con esta loca carrera por el gas.

Los argumentos utilizados: creación de empleo y garantías suficientes de protección, son más que discutibles. En realidad se generarán pocos empleos en las zonas afectadas y que, además, tendrán un pequeño recorrido en el tiempo. Una vez abandonados los pozos, los habitantes de las zonas afectadas se encontrarán con un territorio gravemente degradado y con pocas alternativas de futuro.

Por otro lado, las garantías de protección del medio ambiente y la salud están demostrando ser claramente insuficientes. Hasta el momento no se ha sometido a evaluación de impacto ambiental ningún permiso de investigación concedido es el Estado español, ni ninguno de los pozos. Además la experiencia en EE.UU., único país que ha desarrollado de forma masiva esta tecnología ha puesto de manifiesto que las empresas han actuado de forma irresponsable.

El procedimiento que establece la Ley de Hidrocarburos está dirigido a permitir la competencia de las empresas, pero excluye a la población de la toma de decisiones. Al no poder alegar en contra de la concesión del mismo, ni conocer los proyectos presentados hasta la resolución del procedimiento nos encontramos con una situación de discriminación, en la que las empresas tiene ventaja sobre la población.

Aunque estos permisos sean de investigación es conveniente tener presente que su objetivo es determinar la existencia de gas y la rentabilidad económica de su extracción. Se trata del primer paso, obligado por la ley, para llegar a un permiso de explotación. En este proceso la valoración de los riesgos para el medio ambiente y la salud, así como su impacto desde una perspectiva social, no son objeto de análisis.

Sin embargo, ni por parte de la Administración autonómica, ni por al estatal, se está adoptando una postura responsable. No solo por los riesgos asociados al fracking, sino también por la necesidad de apostar por un futuro en el medio rural verdaderamente sustentable. Más cuando el cambio climático nos obliga a adoptar políticas de ahorro y eficiencia energética, apostando por las energías renovables en vez de por los hidrocarburos.




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