- Modelo instancia inconstitucionalidad
La defensa de la naturaleza y de los derechos de la ciudadanía se ve gravemente afectada por la nueva Ley de Tasas Judiciales. Los pagos de cuotas harán inviable la protección ambiental ante los tribunales para muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Por ello, Ecologistas en Acción lanza una campaña sobre la inconstitucionalidad de la ley y recurrirá al organismo de la ONU que vela por la justicia ambiental.
La ley será uno de los temas que se aborden en la Asamblea Confederal anual que Ecologistas en Acción comienza hoy en Trujillo. Los asistentes recibirán un modelo de carta para enviar a la Defensora del Pueblo y reclamar que interponga un recurso de inconstitucionalidad. También se solicitará a diputados y senadores que se dirijan al Tribunal Constitucional para que este órgano derogue una ley que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Además, los abogados de la organización trabajan en estos momentos para la presentación de una queja ante el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus. Este convenio, del que el Estado español es firmante, garantiza el derecho a acceder a los tribunales en asuntos ambientales sin impedimentos de tipo económico. El “tasazo” contravienen este derecho.
La Ley 10/2012 impone el abono de unas tasas que condicionan la admisibilidad de las demandas y recursos, cuyo importe se determina con independencia de la capacidad económica del actor y que tiene una parte fija y otra variable en función de la cuantía del asunto. Algo que afecta especialmente a Ecologistas en Acción en el orden contencioso-administrativo, donde se revisa la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y al que se acude para impugnar la aprobación de proyectos o planes urbanísticos.
Si Ecologistas en Acción recurriera hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Como es sabido, se trata de una urbanización ilegal, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de los 1.290 euros.
La cantidad sería menor, de 440 euros, en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas, el plan parcial de la playa de Valdevaqueros o los permisos a Repsol en aguas canarias. Estas cuantías, acumuladas en decenas de procedimientos que Ecologistas en Acción afronta anualmente, se hacen inviables.
La organización, cuyos abogados trabajan mayoritariamente de forma gratuita, no podría haber afrontado el coste de estos y otros procedimientos judiciales con la nueva Ley de Tasas. Lo mismo le ocurre a muchas otras organizaciones sin ánimo de lucro que velan por la defensa del medio ambiente y el interés general. El tasazo es malo para la justicia, también para la ambiental.
Nota: El Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998; Instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 40 de 16 de febrero de 2005.
