La inseguridad técnica y el pulso del sector nuclear contra los impuestos acaban con Garoña

Nuclenor sacrifica la central nuclear de Garoña (Burgos) para luchar contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno. Para Ecologistas en Acción, en este pulso ha sido clave el temor a una posible avería que provoque una parada larga de la central que impida la amortización de las inversiones.

La empresa Nuclenor ha decidido parar el reactor de Garoña, lo que supone de hecho el cierre programado de la central, como escenificación máxima del pulso que la industria nuclear está echando al Gobierno del PP para intentar que no se apliquen los nuevos impuestos al combustible gastado. Como resultado, el PP incumple otro de sus compromisos electorales, como es la continuidad de la central.

En un principio, la inseguridad técnica de Nuclenor ante las más que probables averías de Garoña fue determinante para no aceptar la continuidad más allá de julio de 2013, dado que los gastos para cumplir los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que incluyen las reformas post-Fukushima, ascienden a 150 millones de euros. Las exigencias de seguridad por parte de la sociedad ha sido clave en todo este proceso, puesto que ha hecho que se haga perentorio el tomar medidas ante la degradación de múltiples elementos de seguridad de Garoña.

Una posible avería seria de la central daría lugar a una larga parada que impediría a Nuclenor amortizar estas inversiones, si es que no provoca un accidente con fuga radiactiva. En efecto, las condiciones de seguridad de la central hacen muy probable que aparezcan nuevos problemas que den lugar a largas y costosas reparaciones. El circuito primario presenta un severo episodio de corrosión y la vasija del reactor podría sufrir de los mismos problemas de fisuras que la central de Doel 3, en Bélgica, fabricada por la misma empresa que Garoña. El estado de seguridad degradada de la central hace más que probable que se produzca una nueva y peligrosa avería que obligue a una larga parada y a costosas reparaciones, cuando no a un accidente.

Ante esta inseguridad técnica, el sector nuclear español no ha dudado en sacrificar Garoña para presionar al Gobierno. La nueva Ley de Medidas Fiscales no hace sino forzar el adelanto de la parada de la central al año en curso. En efecto, el nuevo impuesto de 2.190 euros por kg de residuos de alta actividad que se deposite en la piscina de combustible gastado supondría un desembolso para Nuclenor de unos 150 millones de euros. La parada de la central en julio de 2013 obligaría a extraer las casi 70 toneladas de uranio del reactor de Garoña, lo que equivale al combustible para funcionar unos 4 años. Esto concentra el impuesto de todo este tiempo en 6 meses, algo que ha sido clave para la decisión de Nuclenor.

Ecologistas en Acción quiere destacar que el sector nuclear deja en evidencia al PP que, una vez más, incumple otra de sus promesas electorales: la de facilitar la continuidad de Garoña hasta 2019. Garoña se sacrifica así en el pulso que las nucleares echan al Gobierno para que suavice los impuestos sobre el combustible gastado. Este nuevo impuesto podría suponer unos 370 millones al año para las centrales nucleares.

Los trabajadores de la central y las poblaciones cercanas han sido los grandes olvidados de este debate. Nuclenor no ha hecho la menor mención a la pérdida de empleos, a diferencia de lo que ocurrió en 2009, cuando se debatió la fecha de cierre de la central. Ecologistas en Acción solicita la recolocación de los trabajadores y que se establezca un plan de desarrollo alternativo para la zona.




Visitantes conectados: 617