Denuncian ante la UE, el negocio de los pajaritos

Resulta evidente que entre las virtudes que caracterizan a este país no figura la del respeto a los animales.

A la ya larga lista de toros de Tordesillas, cabras del campanario y gansos decapitados para solaz de la turba incivilizada, hay que sumar otras actividades que, en nombre de la tradición más tercermundista, sirven de diversión a aquellos que reniegan de la Europa civilizada y permanecen anclados en la España de “Bienvenido mister Marshall”.

Tal es el caso de esa práctica tan arraigada entre determinados sectores de nuestra población y que en zonas del Levante y Sur peninsular alcanza cotas realmente preocupantes. Nos referimos a la caza de pajaritos con red, actividad que, en el “mejor” de los casos, acaba con la pena de cadena perpetua para el infortunado pajarillo recluido de por vida en una minúscula jaula, cuando no en la sartén de algún hogar o baretucho.

Ecologistas en Acción denuncia que cada año, catorce mil autorizaciones “excepcionales” son incomprensiblemente expedidas a otros tantos pajareros por la Administración andaluza, saltándose a la torera las normas europeas al socaire de esa coletilla legal que permite la captura “en condiciones estrictamente controladas” y “siempre que no exista otra solución satisfactoria”, como si privar de libertad a esas aves fuera un deber inexcusable.

“En condiciones estrictamente controladas”, llamativa frase que poco se ajusta a la realidad si tenemos en cuenta que son los mismos practicantes de la actividad quienes validan sus propias autorizaciones fechándolas y firmándolas, sin dar cuenta a la Administración del día y lugar en que se van a encontrar realizando tan excepcional y estrictamente controlada tarea.

Ecologistas en Acción denuncia que resulta chocante asimismo que a un científico se le exija autorización para realizar su actividad investigadora en un Parque Natural, en tanto que a estos herederos de la tradición patria no se les requiera tal requisito y puedan campar a sus anchas por nuestros espacios protegidos, redes en mano.

Casi todo en este mundo tiene su trasfondo económico y este caso no iba a ser menos. Veamos.

Para poder practicar la actividad de la que hablamos, la Junta de Andalucía exige que el interesado pertenezca a la Federación Andaluza de Caza, entidad a la que la Administración ha distinguido con el nombramiento de “entidad colaboradora” a cambio de que la libere de la tediosa tarea de tener que gestionar tan numerosas autorizaciones y lo que ellas conllevan.

Cada silvestrista (este es el nombre que reciben los capturadores) paga al año a su sociedad federada unos sesenta euros en concepto de tarjeta federativa, cuota de socio y otros ítems. Si multiplicamos por las catorce mil autorizaciones que se expiden y a ello le sumamos lo que pagan los aspirantes que se encuentran “en lista de espera” aún sin autorización, obtendremos una bonita suma superior al millón de euros que cada año se embolsa la susodicha federación y sus sociedades adláteres a costa del expolio ornitológico de nuestros campos.

Ecologistas en Acción exige a quienes nos administran que dejen de autorizar estas prácticas anacrónicas que cada año tenemos la desdicha de contemplar en cualquier rincón de nuestra geografía.