Denuncian los planes de emergencia

Verdemar-Ecologistas en Acción, denuncia el desconocimiento generalizado de las Policías Locales de Los Barrios y San Roque (Cádiz), sobre los riesgos y peligros potenciales a los que una parte significativa de la población cercana a los polígonos industriales pesadas se haya expuesta.

Es patente también que dicha falta de información es fruto de la falta de cumplimiento de las obligaciones informativas contraídas por las administraciones públicas y las empresas de la zona. Hace unos días sin ir más lejos, viendo un fuego en la petrolera de CEPSA nos mandaban de un sitio para otro.

Podríamos hablar de dejación de funciones o de la figura legal que mejor se adapte a la situación, pues no ha habido ni se han puesto en marcha los mecanismos de consulta a la población que marca la ley, ni se han puesto en marcha campañas informativas de ningún tipo, ni se ha comunicado a nadie la puesta en vigor de los Planes de Emergencia Exterior y Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, ni se han implantado sistemas de avisos que se conozca, ni tan siquiera y mucho menos del contenido, de los PEE.

A veces nos encontramos situaciones en la barriada de Guadarranque, San Roque (Cádiz) de total impunidad hacia los vecinos que tienen que soportar 95 decibelios procedentes de las industrias y la policía Local no tienen sonómetros calibrados tal y como marca la Ley. No hay vías de comunicación de emergencia, existen fugas de hidrocarburos y otros escapes persistentes sin que se tomen medidas definitivas…

Los Planes de Emergencia Exterior y Plan Territorial de Emergencia de Andalucía de los polígonos de Guadarranque y Los Barrios son desconocidos por la mayoría de la población, aunque tanto la Consejería de Gobernación como los Ayuntamientos implicados tienen la obligación de darlos a conocer, ya que de esta manera podremos saber al fin si las medidas y campañas previstas por la ley han sido adecuadamente recogidas y, lo que no es menos importante, podremos exigir su cumplimiento inmediato.

La población no conoce la extensión y alcance de las zonas de intervención y alerta, así como si están adecuadamente trazadas (aunque esta es una cuestión mucho más técnica); pues muchas de las medidas de protección e información dependen de que haya o no núcleos de población incluidos, sobre todo en la primera de ellas.

Además es evidente que estamos en mano de grupos de presión, pagados por las industrias y ello conlleva la dificultad de que estas denuncias se hagan públicas.

Por otro lado, están pagando los desmanes de Ayuntamiento de San Roque, que gracias a estos ingresos pueden pagar a concejales y asesores, aunque ello sea a costa de destrozar el término municipal con proyectos pocos sostenibles.

En cualquier caso, y como suele ocurrir cuando se aborda este tipo de temas, al final siempre queda la misma pregunta: ¿en mano de quién estamos?