La venta de montes públicos tampoco se justifica económicamente

Castilla-La Mancha prevé cubrir sólo el 0,6 % de su presupuesto de ingresos con la venta de montes públicos. Ecologistas en Acción considera que la cifra que se espera ingresar es ridícula en comparación con el daño ambiental, social y económico que provocaría la venta y que ello demuestra que la medida no persigue otra cosa que beneficiar a unos pocos privilegiados con influencia y mucho dinero.

Según consta en Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013, el Gobierno Regional espera recaudar 45,6 millones de euros por la venta de terrenos no urbanos.

Esta partida aprobada en las Cortes en diciembre pasado esconde el monto que la Junta prevé conseguir por la venta de montes de utilidad pública, así como por otros terrenos rústicos de titularidad autonómica pero también de gran valor ambiental.

Resulta que los planes que en principio se negaron y luego se matizaron desde la Presidencia y la Consejería de Agricultura figuran, negro sobre blanco, en los Presupuestos Generales y nadie, tampoco la oposición, había reparado en ello.

Esta partida, aunque pudiera parecer elevada, es sin embargo, ridícula desde el punto de vista de su trascendencia financiera. Los ingresos que espera conseguir la Junta con terrenos de gran valor ambiental y social representan apenas el 0,6 por ciento de los ingresos totales que se reflejan los presupuestos de 2013. Una cantidad testimonial sobre el total de 7.440 millones de euros de ingresos previstos en el conjunto de los presupuestos.

Para Ecologistas en Acción estas cifras revelan que la enajenación de los montes de titularidad pública no tiene una trascendencia económica significativa, sino que lo que se pretende con la medida es poner a disposición de unas pocas personas con dinero e influencia bienes públicos a precios muy ventajosos.

La opaca gestión de la venta de terrenos públicos está poniendo en riesgo un patrimonio natural que abarca casi 171.000 hectáreas de montes de utilidad pública y cerca de 50.000 hectáreas de otros terrenos de titularidad pública que cumplen importantes funciones sociales y medioambientales. Entre estos últimos figuran las parcelas de reemplazo procedentes de permutas de vías pecuarias y numerosas fincas con monte natural o repoblado.

Ecologistas en Acción insiste en exigir transparencia a la Junta en todo este proceso pero, sobre todo, que abandone la idea de la venta masiva de terrenos con altos valores naturales, una medida que transgrediría la actual legislación de montes y que cada resulta más evidente que se hace para beneficiar a unos pocos privilegiados.




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