Revisión exprés del urbanismo de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un calendario exprés de revisión del planeamiento de la ciudad para seguir adelante con desarrollos ilegales y anulados por el Tribunal Supremo. A juicio de Ecologistas en Acción, la inviable hoja de ruta podría ser una forma de ganar tiempo confundiendo a los afectados para evitar reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración.

El “calendario para la aprobación del documento de revisión parcial del Plan General de 1985”, parece un intento de esquivar las sentencias del Supremo. Este tribunal declaró nulos 22 ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid de 1997, en los que se pretendían construir 135.000 viviendas. Por consiguiente, en esos ámbitos está vigente el anterior PGOU, de 1985, que es el que ahora pretende “revisar parcialmente” el Ayuntamiento. Según la hoja de ruta se pretende llevar a cabo todo el procedimiento de Revisión del PGOU (algo que suele tardar un mínimo de cinco años) en apenas seis meses.

Para lograr esta revisión en un tiempo récord sin precedentes, se pretenden forzar los plazos y las garantías legales exigidos en este tipo de procedimientos, mermando gravemente la participación ciudadana y la correcta evaluación ambiental, entre otras cosas. Además, el hecho de que ya esté en marcha desde el pasado año el proceso de revisión del PGOU de 1997, introduce serias dudas sobre la compatibilidad de dos revisiones simultáneas y paralelas del Plan General, una situación absurda y no prevista en la legislación vigente.

Incluso en el caso de que se llegara a aprobar definitivamente esta “revisión parcial” del PGOU de 1985 en los plazos establecidos en la hoja de ruta, esto no supondría más que una nueva huida hacia delante para seguir eludiendo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007. Es decir, estaríamos ante una nueva subsanación similar a la realizada en 2008 y que el Tribunal Supremo anuló mediante sentencia el 28 de septiembre de 2012. La razón es que el Ayuntamiento se niega a entrar en el fondo de la sentencia, tratándola como un simple problema de defecto de forma. En realidad la sentencia exige una motivación real de la pérdida de valores naturales para reclasificar el suelo protegido. Esa motivación no se conseguirá tramitando un nuevo Plan General en seis meses con informes “ad hoc” o hechos a medida.

Por todo ello, a juicio de Ecologistas en Acción, la motivación real del Ayuntamiento al presentar esta inviable ‘hoja de ruta’ podría tener más que ver con calmar los ánimos de personas afectadas, cooperativas y juntas de compensación. Se pueden generar falsas expectativas de una pronta resolución de sus problemas, para evitar que éstos reclamen por responsabilidad patrimonial a la administración. Hay que recordar que existe un plazo de un año, desde la notificación de la sentencia, para realizar estas reclamaciones. Este plazo vencería el próximo mes de octubre.

De seguir adelante con sus planes, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella podría ocasionar aún más perjuicios a las personas afectadas, continuando así con la reiterada temeridad e incompetencia del anterior alcalde y actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, máximo responsable de la actuación municipal y, por tanto, del problema social generado.

Ecologistas en Acción ha solicitado reuniones con la Concejala Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento y con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para tratar esta cuestión, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. En todo caso, esta organización permanecerá vigilante para exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y denunciará cualquier acto de las administraciones públicas que pretenda seguir incumpliéndolas. Así se ha hecho con un reciente intento de subastar una parcela de Valdebebas el pasado 31 de enero, que el Ayuntamiento pretendía vender como urbanizable residencial cuando tales características están anuladas. Tras las denuncias ante la Agencia Tributaria de Madrid la subasta fue suspendida.




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