10 años desde el Prestige

Tras una década, ningún responsable político ha pagado por un desastre ecológico que pudo evitarse.

Verdegaia-Vigo. Revista El Ecologista nº 74.

La catástrofe que supuso el vertido del Prestige tuvo un gran impacto social, económico y ambiental. Pero, sin embargo, aún no se ha evaluado de forma rigurosa, ni tampoco ningún responsable político ha reconocido sus errores o ha pagado por ella, lo que dice mucho de la calidad de nuestra democracia. En lo ambiental, las cadenas tróficas quedaron muy afectadas y, a pesar de que el litoral pueda llegar a tener una apariencia limpia, la contaminación del ecosistema se mantiene y va a continuar durante largo tiempo.

Las costas gallegas han vivido casi la mitad de las mayores catástrofes petroleras de Europa. La lista es larga: Camponegro en 1962; Polycomander en 1970; Ildefonso Fierro en 1972; Urquiola en 1976; Andros Patria en 1978; Mar Egeo en 1991; Prestige en 2002. Sin olvidarnos de otros accidentes como el Casón en 1987, que trasladaba productos químicos, o el Erkowitz en 1970, cargado con insecticidas…

Alrededor de 40.000 buques que transportan mercancías peligrosas cruzan anualmente las costas gallegas y suponen el 40% del total de buques que al año utilizan el corredor marítimo de Finisterre. A causa de este intenso tráfico marítimo la carga contaminante soportada es altísima, producida tanto por este tipo de accidentes que ocurren periódicamente como por vertidos voluntarios de los buques, que lavan sus tanques de forma ilegal, además de los numerosos derrames que se producen de manera cotidiana, ya que por estas costas pasan 70 de cada 100 petroleros que navegan por Europa.

Como si esto no fuese suficiente, debemos añadir a esta destrucción otro tipo de desastres que si bien no son tan impactantes ante la opinión pública como una marea negra, a ka larga pueden resultar más catastróficos: el desmesurado crecimiento del urbanismo en la costa; el deficiente o inexistente saneamiento de nuestras rías; normativas como el Plan de Ordenación del Litoral, el Plan Director de la Red Natura o la Estrategia Gallega de Acuicultura, que abren la puerta a la mayor destrucción medioambiental conocida hasta el momento en las costas gallegas. Todo esto auspiciado y dirigido por un Gobierno que desprecia el bien común frente al negocio privado, que abre de par en par las puertas de la costa gallega a la especulación y a la depredación, que llama emprendedores a empresas sin escrúpulos y que crea leyes a medida, donde todo vale.

Noviembre de 2002

El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige, de casco único, sufrió un accidente frente a la costa gallega. Entre el 13 y el 19 de noviembre, desoyendo por completo el saber profesional y científico, las autoridades tomaron la decisión de alejarlo de la costa ante la oposición de centenares de científicos y gentes del mar que manifestaron por escrito su desacuerdo con la decisión tomada por las autoridades. Una decisión política que dejó de lado el comportamiento de la meteorología y de las corrientes marinas, que no permitió participar a la comunidad científica ni a los profesionales del mar en la toma de decisiones, que hizo oídos sordos a la petición de que el traslado del buque a una zona de abrigo era lo más aconsejable porque el impacto sería menor.

Mientras una legión de políticos (Conselleiros y Presidente de la Xunta, Delegado del Gobierno, Presidente y Vicepresidente del Gobierno del Estado y Ministros) se dedicaban a afirmar, en los manipulables medios de comunicación, que no existía tal desastre y a mover el barco de un lado a otro frente a la costa, sin ningún criterio más que negar lo innegable, el 19 de noviembre el buque se partió en dos, derramando casi toda su carga al mar y provocando una marea negra cuyos efectos persisten 10 años después. La cantidad de contaminantes liberados y la extensión del área afectada, una zona comprendida desde el norte de Portugal hasta las Landas de Francia, hacen de este uno de los mayores desastres de nuestra historia reciente.

En la actualidad, estas consecuencias se han silenciado. Lo ocurrido hace casi 10 años no es noticia ya. Aunque la catástrofe y sus efectos están ahí. Los responsables de los, en aquel momento, Gobiernos gallego y estatal, siguen sin dar cuentas por no saber gestionar la crisis, por no tener un plan de contingencia que permitiese dar una respuesta urgente ante esta situación, por tratar de ocultar y manipular la información. No es la primera vez que se toma la decisión equivocada de mandar el barco de paseo hasta que rompa. En el accidente del Urquiola el entonces director general de la Marina Mercante tomó la misma decisión y sabemos lo que ocurrió. Años más tarde otro director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, lo repite con el Prestige, al dictado de los líderes políticos. Las consecuencias están ahí y sin ningún sonrojo dicen que volverían a tomar la misma decisión y a hacer la misma gestión.

Sin evaluación rigurosa

Esta catástrofe ha tenido un gran impacto social, económico y ambiental y sin embargo aún no se ha evaluado de forma rigurosa. Las cadenas tróficas quedaron muy afectadas y, a pesar de que el litoral pueda llegar a tener una apariencia de zona limpia, la contaminación del ecosistema se mantiene en la actualidad y se va a mantener durante largo tiempo, por lo que es indispensable impulsar planes de recuperación de las zonas más sensibles y mantener un seguimiento, con criterios objetivos, sobre los ya activos.

Es difícil saber cuánto tiempo tardará en recuperarse el ecosistema y si se recuperará. Un estudio del año 2009 indicaba que la reducción de algunas especies (como los cormoranes, por ejemplo) alcanzó el 50%. Recordar también que en las tareas de limpieza, zonas de gran importancia ambiental como el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas o el Parque Natural de Corrubedo sufrieron un importante impacto debido a la ignorancia y el desconocimiento de los valores naturales afectados mostrado por las diversas administraciones.

Con respecto al aspecto sanitario, las autoridades no tomaron en un principio las medidas preventivas adecuadas para garantizar la salud de los cientos de voluntarios y marineros que participaron en las labores de limpieza. Hoy en día siguen sin darle la importancia que realmente tiene a la necesidad de estudios epidemiológicos sobre la población afectada. Es una forma más de negar lo ocurrido. En 2008 un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica destacaba que aquellas personas (sobre todo marineros) que participaron muy activamente en las labores de limpieza padecían en algunos casos alteraciones en las vías respiratorias. Otro estudio, publicado por la revista Occupational and Environmental Medicine, recoge que 10 años después del accidente persisten las dolencias respiratorias en pescadores que participaron en las labores de limpieza. Este trabajo fue realizado estudiando a 500 marineros. A día de hoy se desconocen los efectos sobre alimentos de origen marino.

Lo llaman democracia y…

En la actualidad, los responsables de este crimen medioambiental siguen sin dar explicaciones (solo el capitán ha sido encarcelado) y no solo niegan todo tipo de responsabilidad sino que se ríen en la cara del pueblo cuando evitan una investigación sobre el tema. La negativa del Gobierno y su grupo parlamentario a crear una comisión de investigación para el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la catástrofe suponen el incumplimiento de las obligaciones internaciones y una falta de respeto a las más elementales reglas de la democracia. Es vergonzoso que los responsables de la gestión del accidente hayan comparecido ante la comisión de investigación de la Asamblea francesa y no lo hayan hecho en una comisión parlamentaria en su país. La propia Asamblea francesa, por medio del relator de la comisión de investigación, recoge que “en la medida en que no existe en España un organismo independiente del Gobierno encargado de realizar un informe sobre este siniestro, el informe que la administración española les remite no es sino una justificación sistemática de las decisiones del Estado español”.

En octubre de 2012 se va a celebrar el juicio del Prestige y la acusación penal se dirige contra el capitán del barco, el jefe de máquinas, el primer oficial y José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante, chivo expiatorio y único miembro del Gobierno que se sentará en el banquillo de los acusados. Serán juzgados por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente entre otros cargos.

Volvería a ocurrir

Lo triste de todo esto es que no hemos aprendido nada. Cualquier otro desastre similar frente a la costa gallega se guiaría por el mismo protocolo. Algo se ha mejorado en los medios para controlar la contaminación (remolcadores, buque anticontaminación, helicópteros de salvamento marítimo, almacenes para barreras anticontaminación, etc.). Pero la incompetencia política y la suma de intereses económicos presentes en el negocio marítimo; la ausencia de política marítima y la falta de medios reales y eficaces; la dispersión de responsabilidades y la no asunción de la importancia de las políticas de prevención; la falta de normas y sistemas uniformes en materia de calidad de los buques, responsabilidad de las empresas, control de la tripulación, etc. hacen que cualquier día de estos, en Galicia o en cualquier otra parte del mundo, pueda haber un nuevo Prestige.

El naufragio del petrolero Erika en 1999 supuso cambios en las definición de medidas de seguridad marítima dentro de la UE como en lo relativo a los buques petroleros de casco sencillo, o el establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e información sobre tráfico marítimo, o medidas a tomar en caso de condiciones meteorológicas adversas o lugares de refugio y también sobre inspecciones de buques y sanciones por contaminación. Pero estas medidas son de difícil aplicación ya que realmente no hay interés de llevarlas a la práctica. La Unión Europea mantiene fuertes contradicciones con respecto a la puesta en marcha de medidas de este tipo, ya que no todos los Estados miembros tienen similares intereses y enfoques.

El actual modelo económico y político en que vivimos busca maximizar beneficios a costa de lo que sea. El transporte del petróleo va a seguir haciéndose de la forma más barata posible mediante empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales para eludir los controles, barcos antiguos monocasco circulando por nuestros mares, aumento de los pabellones de conveniencia que permiten la creación de zonas de impunidad con respecto a la calidad de los buques o a las responsabilidades tanto para los trabajadores como para el medio ambiente.

Las empresas petroleras mueven mucho dinero e intereses a los que la UE no es ajena y es parte interesada, da igual que por el camino se queden los derechos ambientales o sociales. A la Europa del capital no le interesa apostar por un modelo energético basado en la eficiencia y autosuficiencia, en el respeto al medio natural. Es parte de un modelo globalizador y capitalista que precariza cada vez más al transporte marítimo, que provoca menos control y más impunidad y riesgos, que busca minimizar costes en prevención y optimizar beneficios.

Con respecto al Estado español, se ha presentado el Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino 2010-2018. En este texto se establece que, una vez más, el director de la Marina Mercante se erige como autoridad máxima y única en caso de emergencia y puede imponer su criterio a las comunidades autónomas, ayuntamientos o puertos implicados. En el año 2011 fue cuando se desarrolló esta normativa básica y en la actualidad ni un solo plan de contingencia está operativo en el Estado español, lo que evidencia claramente el total desinterés en esta materia y la falta de voluntad política para cumplir con la legislación vigente y con los acuerdos europeos e internacionales.

Además, poco a poco y de manera encubierta, se está privatizando y reorientando el Sistema de Salvamento y Lucha contra la Contaminación. En el caso concreto del Prestige, el sistema de protección y lucha contra la contaminación que se articuló fue totalmente descoordinado, despreciando las aportaciones de sectores cualificados y del resto de la sociedad.

Uniendo a lo ocurrido en 2002 la actual crisis y los recortes en la defensa ambiental y teniendo en cuenta la falta de seriedad y el exceso de intereses de la clase política, es indiscutible que de producirse otro accidente las consecuencias serán muy similares. Desde los movimientos sociales tenemos la obligación de alentar en la ciudadanía un movimiento que exija responsabilidad en la prevención de estos riesgos. Y, desde luego, en la toma de decisiones que nos alejen de la dependencia de los combustibles fósiles.

Ejemplar respuesta social en Cantabria

Floren Enríquez, Ecologistas en Acción de Cantabria

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma, después de Galicia, que más sufrió las consecuencias del Prestige. Tres semanas después del hundimiento frente a las costas gallegas, el fuel se fue depositando en las playas y acantilados de Cantabria.

Con una sorprendente rapidez, en muchas localidades costeras, los vecinos se dispusieron a extraer el chapapote de los arenales y acantilados, sonrojando a la administración que se vio desbordada por la respuesta popular, a la que tuvo que dotar de medios para realizar su trabajo.

En pocos días se prepararon varios grupos, uno de ellos dirigido por Ecologistas en Acción de Cantabria, que organizó durante casi medio año, durante todos los fines de semana, la extracción del fuel en la zona de Ubiarco y Trasierra.

Más de 2.000 personas de Cantabria, pero también de otras zonas del Estado, ofrecieron de modo desinteresado su tiempo y su esfuerzo para minimizar los efectos del fuel en el litoral. Fue una experiencia imborrable y ejemplar para las personas que participamos activamente, pero que no ha encontrado una respuesta adecuada de los Gobiernos y de las administraciones públicas que debieran haber tomado medidas para que estos hechos no se repitan.

Y el fuel llegó a la costa vasca

Iñaki Barcena, Ekologistak Martxan

La marea negra del Prestige no quiso tocar la costa vasca en los primeros meses tras el siniestro. La meteorología de diciembre de 2002 y enero arrastró el fuel hacia el Norte. Pero en febrero de 2003, tres meses después del naufragio, las costas de Bizkaia, Gipuzkoa y Lapurdi recibieron el color y el olor de las manchas de petróleo.

Se terminaron los aires favorables y comenzaron las desavenencias entre la Administración y la sociedad civil. Los grupos ecologistas y ciudadanos se vieron obligados a denunciar que la fauna y la flora a defender no se encontraba solo en las playas, sino que en las rocas y en los acantilados estaban las especies más importantes, aunque los trabajos de protección fueran más dificultosos y la publicidad de estos menos rentable.