Por el derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua

Es necesario garantizar los servicios de agua y saneamiento para toda la población en Europa y el rechazo a la liberalización de los servicios de agua, al tiempo que se asegura el acceso universal (y global) al agua.

Erika González, Área de Agua, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 76.

Durante muchos años numerosas organizaciones sociales han reivindicado la incorporación del abastecimiento y saneamiento del agua a los derechos humanos. Esta reclamación era considerada un primer paso para avanzar hacia el acceso universal y equitativo a unas fuentes seguras de agua. Por fin, y en pleno siglo XXI, en julio de 2010, se hizo realidad: Naciones Unidas reconocía que el agua es un derecho básico para la vida y la dignidad de las personas. Sin embargo, ahora queda lo más difícil: la implementación de este derecho en las políticas nacionales e internacionales que permitan garantizar su cumplimiento. Esto es especialmente difícil en Europa, donde la mercantilización del agua está siendo utilizada para saldar las deudas que nada tienen que ver con la gestión de este bien, como es el caso español, y como parte de la ola privatizadora impuesta a través de los planes de ajuste estructural que promueve la troika.

En este contexto toman valor las herramientas de presión y debate político sobre el derecho humano al agua que se propongan desde diferentes colectivos. Una de ellas es la propuesta por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP). La propuesta consiste en desarrollar una iniciativa ciudadana europea (ICE) sobre el derecho humano al agua.

Incorporar el derecho humano al agua en la legislación europea

La iniciativa ciudadana propuesta por la FSESP propone implementar el derecho humano al abastecimiento y saneamiento de agua a la normativa europea para que, de este modo, puedan existir objetivos vinculantes que aseguren la cobertura universal del agua en toda la UE.

Los objetivos que se persiguen con esta herramienta son: la garantía de los servicios de agua y saneamiento para toda la población en Europa, el rechazo a la liberalización de los servicios de agua, el rechazo a la inclusión en los tratados comerciales del abastecimiento y saneamiento del agua, trasladar a todas las políticas del agua y afines de la UE el principio de que el agua no es un bien comercial, aspecto recogido en la Directiva marco del agua, que las entidades públicas gestoras del agua y saneamiento colaboren entre ellas y asegurar el acceso universal (y global) al agua y el saneamiento, entre otros.

Para que estas exigencias puedan debatirse y forzar a que se posicione la Comisión y el Parlamento Europeo, el Área de Agua de Ecologistas en Acción anima a todos y todas a apoyar esta iniciativa mediante su firma. En el Estado español se deben recoger 50.000 firmas, y esto es muy sencillo pues ha sido habilitado un procedimiento a través de un portal de Internet (www.right2water.eu) o a través de la web de Ecologistas en Acción, en la sección del Área de Agua. Tenemos hasta el 31 de octubre de 2013.

Firma en: http://www.ecologistasenaccion.org/article23997.html o en www.right2water.eu

¿Qué es una Iniciativa Ciudadana Europea?

A mediados de 2012 entró en vigor en la Unión Europea (UE) una herramienta que permite a los/as ciudadanos/as comunitarios/as promover la creación o modificación de leyes. Se trata de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), una especie de Iniciativa Legislativa Popular a nivel de toda la UE en la que el requisito son un millón de firmas recogidas en al menos 7 Estados miembros (una cuarta parte del total de la UE). Existe una cuota de firmas por cada país, correspondiéndole al Estado español algo menos de 40.000.

Antes de empezar a recoger las firmas la Comisión Europea se posiciona sobre si el asunto que los ciudadanos quieren promover cae o no en las competencias políticas de la UE. Una vez otorgada la luz verde por parte de la Comisión, el plazo para recoger las firmas es de un año. Finalizado el plazo, las firmas reunidas se presentan a las autoridades competentes para que las certifiquen. Después se entregan en la UE, y el Parlamento europeo organiza una audiencia con los promotores para escuchar sus argumentos a favor de que la Comisión proponga piezas legislativas sobre el asunto en cuestión. Por último, la Comisión decidirá y comunicará si acepta la propuesta legislativa hecha por la población o no.