La ciudadanía frente al oligopolio de las grandes compañías eléctricas.

Cote Romero y José Vicente Barcia, miembros de Ecooo. Revista El Ecologista nº 76.

En el actual contexto de crisis sistémica, nos encontramos con una ciudadanía que, agotada de que se le sigan recortando derechos fundamentales, reclama un rol protagonista que influya determinantemente en temas tan centrales como el de la energía. El autoconsumo y la soberanía energética serán dos conceptos, entre otros, que se deberán esgrimir para democratizar el sistema energético.

No se nos escapa que ya no estamos en una época de cambios sino en un auténtico cambio de época. El sector energético, como uno de los elementos de mayor relevancia estratégica, se verá, ya lo está siendo, profundamente afectado por estos cambios. Así, uno de los elementos centrales de todo modelo energético es el sistema eléctrico que, en este caso, también se verá fuertemente sacudido por cambios de gran profundidad en los que se producirá, como nunca antes, la confrontación entre el oligopolio eléctrico y quienes luchan por una alternativa energética ciudadana.

Son muchos y de muy distinta índole los factores que están generando este proceso de cambio:

1. El paulatino agotamiento de los combustibles fósiles baratos. Hay que resaltar lo concluyente que resulta que la industria petroquímica mundial se esté embarcando en la quimera del fracking, como medida desesperada para seguir perpetuando la dependencia de los hidrocarburos.

2. Por otra parte, nos encontramos con unas tecnologías de extracción y consumo de hidrocarburos, cuya capacidad facilita esta cultura del despilfarro energético.

3. A todo lo cual hay que añadir el parón nuclear, que más allá de espejismos, se está produciendo a nivel mundial, como nos reitera el físico nuclear Francisco Castejón: “El fracaso de la energía nuclear es un hecho innegable, por ser insegura, por sus residuos y porque económicamente no se puede sostener. La central nuclear que en este momento se está construyendo en Finlandia ha pasado de un presupuesto inicial de 3.000 millones de euros a los, de momento, 8.000 millones”.

4. Otra referencia profundamente negativa es aquella que tiene que ver con los agrocombustibles que, bajo el prisma de ser menos contaminantes, están dificultando a los países del Sur el acceso a alimentos básicos, fortaleciendo la industria transgénica, expropiando todavía más el recurso de la tierra a las poblaciones nativas y rompiendo el mercado agroalimentario como lo han demostrado las continuas subidas de precio del grano.

5. Lo que no ha cambiado, pero sigue siendo un factor esencial para determinar la causalidad de la cuestión energética es que, a pesar de la situación de colapso ambiental, económico y social que vivimos, las grandes compañías energéticas siguen manteniendo su espíritu esencial: perpetuar un escenario de consumismo energético global que siga posibilitando la concentración de sus astronómicos beneficios.

6. Por si esta situación fuera poco explosiva, hay que añadir lo que parece obvio y que está íntimamente ligado con el actual modelo energético global: el cambio climático, la consecuente destrucción ambiental de extensas regiones del planeta y la violación sistemática de los derechos humanos para que los recursos sigan fluyendo. ¿Acaso alguien duda sobre la relación existente entre el actual conflicto de Mali, la intervención de Francia –país hipernuclearizado– y las minas de uranio de este país africano?

En absoluta conexión con todo lo enunciado anteriormente está UNESA, Asociación Española de la Industria Eléctrica, formada por las cinco grandes compañías que gobiernan con mano de hierro el mercado eléctrico español: Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, E.ON y HC Energía.

Estas compañías son las responsables de, coordinadamente, imponer sus políticas a los diferentes gobiernos que ha tenido el Estado español. Tras ellas, como es evidente, están los diferentes golpes que han recibido las energías renovables y que persiguen, entre otras muchas cuestiones, hacer rentables las inversiones que las grandes eléctricas hicieron en el parque, sobredimensionado, de centrales de ciclo combinado, para lo cual les resulta imprescindible paralizar y reducir las producciones independientes de energía a través de recursos renovables.

Huelga decir que el poder actual de UNESA es colosal, valgan las puertas giratorias, entre el mundo de la política y sus consejos delegados o asesores, como medida de ello.

Algunas consecuencias del oligopolio eléctrico español

Así las cosas, y habiendo definido la causalidad del modelo energético global y del control oligopólico de UNESA, parece justo establecer algunas de las consecuencias derivadas de ello.

Vulneración de cualquier concepto de democracia

1. Si nuestro concepto de democracia es formalista, se ve vulnerado por la conexión evidente e inmoral entre los gestores del bien común (gobernantes y políticos) y quienes tienen como prioridad el lucro privado (UNESA), rompiéndose el principio esencial de la independencia del poder ejecutivo. Paradigma de lo anterior es el caso del gaseoducto que amenaza Doñana, que ha sido aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (PP) a instancias de Gas Natural (UNESA), compañía de la que es asesor Felipe González (PSOE), apenas un mes después de que este deje de ser Presidente del Consejo de Participación de ese Parque Nacional.

2. Si el concepto de democracia es de carácter liberal, también se ve violentado, toda vez que buena parte del opaco mercado eléctrico descansa sobre la base del predominio y ventaja de estas cinco compañías, lo que vulnera en buena medida el principio de libre competencia.

3. Finalmente, si hablamos de democracia participativa o corresponsable, podemos afirmar que el mercado eléctrico español es profundamente antidemocrático.

Pérdida de soberanía

Si de lo que hablamos es de soberanía en clave de Estado, es fácil concluir que a nivel energético esta soberanía está claramente violada, ya que cerca del 80% de las materias primas energéticas provienen del exterior. Si, por otra parte, entendemos que la soberanía del Estado descansa en la sociedad, es decir, en su ciudadanía, debemos concluir que esa soberanía ha sido hurtada por un oligopolio que toma decisiones al margen, y en muchas ocasiones en contra, de la voluntad popular.

Cambio climático

La quema de combustibles fósiles es consustancial al modelo energético impuesto por UNESA con la aquiescencia de los diferentes gobiernos, lo que como es evidente contribuye en la esfera global al aumento de las emisiones de CO2 y a elevar la temperatura global.

Contribución a un ‘statu quo» internacional injusto

Cuestión no menor es aquella que hace que las grandes compañías practiquen un modelo brutal de colonialismo, desposeyendo a las poblaciones nativas del Sur de los recursos energéticos que necesita Occidente, empecinado en un modo de habitar el planeta insostenible e inmoral.

Obstaculización de las alternativas

La política energética está al albur de los intereses creados por el oligopolio, ya que la posición hegemónica de este pervive gracias la connivencia con los gobiernos de turno. Prueba de ello, es la publicación, por parte de los últimos dos gobiernos de normativas que atentan directamente contra el desarrollo de las energías renovables, así como la postergación del Real Decreto de Autoconsumo con Balance Neto.

Campaña mediática contra las energías renovables

En los últimos tres años hemos asistido a un implacable acoso mediático que, a través de una batería de argumentos tramposos, acusa a las energías renovables de ser las causantes del tan manido déficit de tarifa. Una explicación plausible para observar hasta qué punto el principio de independencia de los medios de comunicación se ha quebrado, es la que establece la conexión entre los consejos delegados de las grandes compañías eléctricas y los consejos delegados de los grandes grupos de comunicación de España.

Ciudadanía y soberanía energética

Sin embargo, no todos los factores que están provocando está situación magmática entorno a la energía son de índole negativo. A este respecto hay que destacar dos cuestiones que parecen centrales. Primero, que las formas de contención social del sistema están saltando en mil añicos, precisamente cuando los modos culturales del propio sistema han generado una dinámica metabólica de gran velocidad social. Aquellos factores que antes alienaban, ahora comienzan a servir como canales de la indignación, en los que lo importante ya no es la dimensión de esos canales (la conectividad total ya no nos sorprende), sino la actitud de cuestionamiento, implicación y profundización de valores democráticos a través de la corresponsabilidad y la dimensión ética de nuestro consumo de bienes y servicios.

Y en segundo lugar, la presente explosión cívica está arrumbando miradas que ubicaban a la ciudadanía en un plano de pasividad y consumismo acrítico, impulsándose otras lecturas a propósito de la sociedad, que la hacen sujeto central de los cambios y soluciones necesarios.

En otro orden de cosas, nos encontramos con una madurez tecnológica en relación a las energías renovables, que hace más posible hoy que nunca que la ciudadanía pueda dejar de ser tratada como un consumidor pasivo, para ser productora y gestora de su propia energía, todo lo cual nos sitúa en las puertas de una auténtica revolución energética con la cuestión de la soberanía energética y el autoconsumo en el epicentro de este cambio.

La soberanía energética descansa sobre la capacidad que tiene la propia ciudadanía para codecidir sobre el modelo energético de que se quiere dotar, atendiendo a la realidad de sus propios recursos, límites y posibilidades, maximizando una cultura energética esencial de contención, ahorro y eficiencia y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y defensa de los Derechos Humanos como marco de referencia del mercado energético global.

Como parece evidente, para que la soberanía energética pueda ser una realidad necesita una forma de articulación que permita que el ciudadano de a pie se transforme en un agente activo, capaz de producir energía, así como de gestionarla de manera responsable. El autoconsumo puede ser la herramienta más eficaz para generar soberanía energética.

¿Qué entendemos por autoconsumo?

El autoconsumo es la capacidad que tiene el consumidor de producir una parte o la totalidad de la electricidad que precisa para cubrir sus propias necesidades. Diferentes autores denominan a este nuevo agente como prosumidor (productor-consumidor).

El autoconsumo implica un cambio radical en nuestra cultura de generación y consumo eléctricos. Supone pasar de un modelo energético centralizado como el actual, en el que la electricidad se genera en enormes plantas que luego debe ser transportada hasta los lugares de consumo, a un modelo energético distribuido, conformado por una multiplicidad de pequeñas plantas de generación eléctrica ligadas al consumo. Es decir, un modelo con el que se profundiza en valores como la seguridad de suministro, la democracia y la sostenibilidad ambiental.

Este cambio es cada vez más factible gracias a la madurez económica que han alcanzado algunas tecnologías renovables. A fecha de hoy, la electricidad que obtenemos de nuestras pequeñas instalaciones de autoconsumo es de hecho más barata que la que nos vende la compañía eléctrica.

Es el caso de la energía solar fotovoltaica que, en los últimos años, ha tenido una evolución que podríamos calificar de asombrosa. Gracias a las economías de escala (los costes de producción disminuyen cuando aumenta el número de unidades producidas), a la mejora en la eficiencia de los procesos productivos y al progreso tecnológico, el coste del material fotovoltaico ha descendido notablemente. Un panel fotovoltaico es hoy 7 veces más barato que hace solo 4 años (el módulo de 230 vatios que en 2008 costaba 805 euros, tiene en la actualidad un precio de 115).

Dispuestas las razones ciudadanas frente a la sin razón de los que solo buscan lucrarse, comprendemos que nuestra alternativa cuenta con tres pilares: la voluntad de racionalizar y decrecer en nuestro consumo energético; la madurez de las renovables y la voluntad ciudadana de empoderarse de un sector históricamente usurpado.

Tipologías de autoconsumo

Dentro de las diferentes modalidades de autoconsumo eléctrico, a la tecnología fotovoltaica le corresponde el protagonismo indiscutible. Ello es debido a las razones económicas que acabamos de apuntar, pero también a su carácter modular y a su sencillez técnica.

Teniendo por tanto en cuenta las peculiaridades de esta tecnología, pasemos ahora revista a las distintas modalidades de autoconsumo:

Aislada

Son aquellas instalaciones que se realizan sin conexión a la red eléctrica. Esta falta de conexión implica contar con sistemas de acumulación o baterías que permitan atender las necesidades de energía cuando no exista recurso renovable disponible. Ello encarece notablemente el precio de la instalación.

Autoconsumo instantáneo o parcial

Esta modalidad se recoge en Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

Con el autoconsumo instantáneo o parcial, conseguimos abastecernos de nuestra propia electricidad, pero ello supone encontrar una solución para aquella energía que no se consuma en el momento. Son dos las opciones que se ofrecen para esa energía excedentaria. La primera, venderla a precio mayorista (lo cual implica imponer al dueño de los paneles gravosas obligaciones legales y fiscales). La segunda, instalar un dispositivo que impida inyectar ese excedente a la red, lo que supone desperdiciar esa electricidad, una opción claramente ineficiente.

El autoconsumo parcial es por tanto una modalidad que solo resulta viable económicamente en aquellos casos en los que un porcentaje alto del consumo coincida con los momentos de producción. Sería el caso de un comercio, pero no el de un hogar tipo. Según el IDAE, una familia media consume 3.000 kWh anuales, pero la mayor parte de ese consumo se produce por la tarde/noche, cuando los miembros de la familia llegan a casa, es decir, justo cuando los paneles no están produciendo. La única solución pasaría entonces por dimensionar la instalación fotovoltaica para atender solo la escasa demanda diurna, con lo que nos encontraríamos con instalaciones meramente testimoniales, sin apenas impacto en el consumo general.

Es obligado concluir por tanto que esta modalidad expulsa al ciudadano de la posibilidad de convertirse en agente de producción de su propia electricidad.

Autoconsumo con balance neto

El autoconsumo con balance neto permite al prosumidor aprovechar toda la electricidad que produce su instalación. El problema que veíamos en la modalidad anterior, qué hacer con la energía excedentaria, se resuelve en este caso, mediante un mecanismo sencillo: los kWh que no se consumen en el momento, se vuelcan a la red, generando a favor del prosumidor un derecho de consumo por el mismo número de kWh, lo que se conoce como compensación de saldo energético. No hay transacción económica, sino un mero intercambio de electricidad, utilizando la red como acumulador o batería. Esta modalidad de autoconsumo supone para el prosumidor un ahorro en su factura de la luz de entre el 70% y el 80% de lo que venía pagando.

El Gobierno lleva meses posponiendo la publicación del Real Decreto que consagre esta modalidad de autoproducción. Detrás de estos retrasos se encuentra la insoportable presión de las grandes eléctricas que ven en el autoconsumo una amenaza a su posición hegemónica. Es seguro que se acabará aprobando (probablemente en el primer trimestre de 2013), pero lo que no es seguro es que la norma que finalmente salga a la luz sea la más conveniente para la difusión del autoconsumo de forma generalizada.

Entre los obstáculos con los que podría aprobarse se encuentra la posible limitación temporal para la compensación de saldos. Es necesario, a fin de facilitar la viabilidad económica de estas instalaciones, establecer un periodo de compensación de saldos suficientemente amplio para compensar los excedentes de verano con la menor producción de invierno.

Asimismo, las grandes corporaciones energéticas están presionando al gobierno para que la normativa establezca para las instalaciones que se conecten a la red bajo esta modalidad unos peajes de acceso abusivos a fin de frenar su desarrollo masivo entre la ciudadanía.