¿Por qué es imposible un acuerdo climático?

La cumbre de Doha 2012, un nuevo fracaso.

Pablo Cotarelo, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 76.

Los sucesivos fiascos de las Cumbres climáticas, como la de Doha del último mes de diciembre, nos hacen preguntarnos por la posibilidad de llegar a un acuerdo global y por las condiciones que deberían darse para alcanzarlo.

A estas alturas ya casi hemos olvidado que la Cumbre de Doha del último mes de diciembre volvió a ser un fiasco. Como la del diciembre anterior en Durban, y la del anterior en Cancún. O como la más famosa de Copenhague.

Muchas de las personas a las que les preocupa el asunto del cambio climático seguramente se habrán planteado esta cuestión: si es tan deseable y necesario como apuntan los estudios científicos alcanzar un acuerdo internacional, ¿cómo es que no se consigue? Y esta inquietante pregunta ha podido surgir (y tiene vigencia) tanto antes de Copenhague (2009), como durante la misma Cumbre de las Cumbres y en los años sucesivos hasta hoy.

En realidad, la de Doha se ha encontrado con similares obstáculos a las anteriores. Y los resultados han sido los tantas veces repetidos: ningún nuevo compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países enriquecidos, ningún esfuerzo adicional de financiación para que los más vulnerables sobrevivan a los efectos del cambio climático, incertidumbre de conseguir un acuerdo en 2015…

Doha se ha convertido pues en un tramo más de la vía muerta por la que transita el proceso de negociación internacional de cambio climático en el marco de la Convención de Naciones Unidas [1].

Ahora bien, ¿es posible un acuerdo internacional de cambio climático bajo las normas de funcionamiento y los mecanismos actuales y con los precedentes que existen? ¿Qué condiciones deben darse para que se alcance tan deseado compromiso?

Si miramos el esquema general del sistema internacional, en lo que a cambio climático se refiere, nos encontramos con unos actores: los países enriquecidos, que tienen compromisos de reducción de emisiones (incluidos en el Anexo I) bajo el Protocolo de Kioto, los países con economías emergentes (China, India, Brasil, Sudáfrica), y el resto de países empobrecidos.

Aunque sin entrar en profundidad, hay que resaltar aquí el hecho de que la unidad Estado-nación no es la mejor para asignar responsabilidades de reducción de emisiones. Es necesario superar dicho planteamiento y acercarse al de ciudadanía global. Y es que no todos los habitantes de un Estado tienen una responsabilidad similar en las emisiones computadas a dicho Estado. Como tampoco son comparables la responsabilidad entre un ciudadano o ciudadana y una empresa, ni entre todas las empresas entre sí. Por no hablar de las transnacionales, de mayor tamaño que muchos de los Estados. Pero además de la diversidad interna, existe otro elemento, la fabricación de productos fuera de sus fronteras que no computan en las emisiones en dicho país (fundamentalmente, consumo en países del Anexo I de productos hechos en países emergentes, como China), lo que distorsiona el papel de los Estados y su responsabilidad climática. Por tanto, asumiendo que son unos actores que no reflejan la realidad, observemos el funcionamiento esquemático del sistema climático.

Por una parte, los países enriquecidos, debido a su responsabilidad sobre el cambio climático, deben reducir emisiones y además transferir recursos al resto de países. En principio, la cuantía de las reducciones deberían seguir las recomendaciones del mundo científico, concretamente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés). Los recursos a transferir serían los que incluyan la ayuda para la adaptación y la mitigación.

Por otra parte, los países emergentes, para contribuir a la consecución del objetivo de reducción drástica de las emisiones mundiales, y dado el cada vez mayor protagonismo que tienen las suyas en el escenario global, deben variar a la baja la tendencia de crecimiento de sus emisiones. Y de otro lado, crear sociedades más justas en condiciones de bajas emisiones de carbono con los recursos que provienen de los enriquecidos.

Y por último, los países empobrecidos, teniendo en cuenta su baja contribución al cambio climático, deben centrarse en crear sociedades más justas en condiciones de bajas emisiones de carbono con los recursos transferidos.

Parálisis crónica y falsos incentivos

Se trata de un sistema basado en la responsabilidad, esto es, que en la medida que los países enriquecidos cumplan con la suya, el resto se movería en el mismo sentido. Pero si no lo hacen, se produce la parálisis, crónica en este caso.

Aunque también es un sistema que depende de falsos incentivos que adulteran el sistema de responsabilidad. Y es que los mecanismos de mercado que rigen su funcionamiento permiten una práctica tremendamente contraproducente: la creación aleatoria de la moneda de cambio [2], en un juego (el mercado de carbono) en el que se pretenden asignar reducciones al más bajo coste siguiendo la tensión de la relación entre la oferta y la demanda. En este mercado, la oferta de moneda no sólo está sobredimensionada, sino que además no existe control ni planificación, ni conocimiento a priori de su creación.

Resulta evidente que el exceso de oferta de dicha moneda y la aleatoriedad de su creación impide que el mercado funcione para reducir emisiones, pues el incentivo de un alto precio de los créditos de carbono se desvanece. A los verdaderos actores del sistema-mercado climático, las empresas e instituciones vinculadas a los combustibles fósiles, les conviene: la existencia de un mercado, que el mercado esté/sea atrofiado, incentivos ridículos, reducciones de emisiones anecdóticas. Sus beneficios están en juego. Los Estados en su conjunto permiten y alientan en las negociaciones internacionales y en sus políticas internas este tipo de mecanismo y su funcionamiento.

Sabemos asimismo que el sistema superior en el que se inserta el climático, el económico capitalista globalizado, no permite ni alienta que los beneficios se estanquen o disminuyan. En consecuencia, los Estados se encuentran entre dos fuerzas opuestas en la arena climática internacional (y nacional): reducciones de emisiones, de un lado, y crecimiento de este sistema económico, de otro. La primera concierne al conjunto de la ciudadanía, y la segunda depende de la elite económica y empresarial.

De hecho, nos encontramos en el entramado climático ejemplos claros de las dificultades que plantean los actores económicos hegemónicos y sus mecanismos de funcionamiento. Uno de ellos es que los actores financieros y las industrias contaminantes se benefician del mercado de carbono [3]. O el Banco Mundial, gran promotor de proyectos vinculados a los combustibles fósiles [4], se postula como gestor del Fondo Verde que debería transferir recursos a los países del Sur.

Después de todo, ¿es posible un acuerdo internacional de cambio climático efectivo?

Algunos intentos reformistas mantenían que la desmaterialización de la economía, por ejemplo, haría compatibles esas dos fuerzas opuestas, y como resultado se podría alcanzar un acuerdo climático efectivo. Que se podrían reducir emisiones como consecuencia de la no necesidad de utilizar tanta energía y materiales en una sociedad basada en las tecnologías de la información, sin variar el motor de una economía que obliga a crecer creciente y perpetuamente. Los últimos acontecimientos (la crisis financiera vinculada a la subida del precio de los combustibles fósiles debido a su declive [5]) y la rotundidad de los hechos [6] tiraron por tierra estos intentos.

Descartado lo anterior, las opciones que quedan serían: establecer un límite de extracción de recursos energéticos y materiales, y hacer cumplirlo para cada territorio; evaluar la deuda climática acumulada por los territorios enriquecidos y acometer un plan de devolución de dicha deuda, al mismo tiempo que se condonan las deudas ilegítimas de los territorios del Sur global con los anteriores; controlar las importaciones de carbono a través de la importación de bienes de consumo y contabilizarlos en el sistema del límite de recursos; aprovechar la crisis energética para dejar en el subsuelo los combustibles fósiles que aún no se han extraído (incluido el gas no convencional de fractura hidráulica que se ha puesto de moda en los últimos tiempos en la Península) y comenzar un plan decidido de reducción de la dependencia fósil.

Para lo cual es indispensable dejar de depender de los mercados y sus mecanismos. Si los límites a las emisiones de carbono no han sido efectivos hasta el momento, sabemos que ha sido por los mecanismos de mercado.

Una manera de dejar de depender de los mercados es promover desde la ciudadanía iniciativas que llenen el hueco de la independencia de los mercados en general y del de carbono en particular, y algunos ejemplos importantes a diferentes escalas, ya están en marcha: Resource Cap Coalition a nivel europeo; el movimiento mundial por la justicia climática; el movimiento mundial contra la privatización de los bienes comunes (como la atmósfera y los bosques); las plataformas de oposición a la fractura hidráulica, y por un nuevo modelo energético; la proliferación de cooperativas sociales, las redes de apoyo mutuo y los mercados sociales que establecen nuevos tipos de relaciones socioeconómicas… otras menos conocidas o pequeñas, y muchas más que necesitan de las anteriores, y de la fuerza y la creatividad, para surgir.

¿Es imposible un acuerdo climático?