Ecologistas en Acción se opone al trasvase del Guadiana para los regadíos de la comarca de Doñana, dado que se incumplen los condicionantes exigidos previamente por la propia administración tales como la clausura de los pozos ilegales y la aprobación previa del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, entre otros.

Ecologistas en Acción de Huelva ha presentado sus alegaciones al estudio de impacto ambiental y proyecto de “Mejora y consolidación de los regadíos de la comunidad de regantes del Fresno, comarca del Condado (Huelva)» presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dicho proyecto tiene como objetivo la sustitución en los regadíos del agua subterránea procedente del acuífero 27 de Doñana, por otra de origen superficial del sistema Chanza-Piedras, es decir, de la cuenca del Guadiana. Para ello, se pretende consolidar el sistema de riego de 858 hectáreas regables en los municipios de Lucena y Bonares, con sus correspondientes balsas de regulación y tuberías de riego, así como la infraestructura eléctrica necesaria para todo el dispositivo.

Ecologistas en Acción considera que los condicionantes previos dictaminados en una anterior resolución, son razones más que suficientes para la paralización y retirada del presente proyecto a información pública, dado su manifiesto incumplimiento en la zona, y la nula credibilidad de que vayan a respetarse en el futuro. En primer lugar, la asociación ecologista señala que el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana aún no ha sido aprobado por la Junta de Andalucía, administración competente en la materia y por tanto, no tiene sentido la aprobación de toda una infraestructura de regadío, sin conocerse previamente cómo se ordena el sector al que se destina.

En segundo lugar, señalamos que hay fincas, cuya situación legal es más que discutible, y que se encuentran en la actualidad inmersas en procedimientos judiciales, por el incumplimiento de alguno de los puntos arriba señalados. Incluso alguna de ellas que han sido condenadas a realizar procesos de restauración forestal y restitución de espacios apropiados ilegalmente, aún no han cumplido las condiciones impuestas en la correspondiente sentencia. Sería un despropósito que estas fincas con aprovechamientos ilegales se beneficiaran de una infraestructura de riego como la que se propone.

Además, son múltiples las denuncias de la guardería de Medio Ambiente, así como de otras organizaciones (WWF-Adena, ha presentado hace unos meses un estudio detallado al respecto) en las que se señala la existencia de gran cantidad de pozos ilegales en toda la zona de Doñana, y que no han recibido respuesta oficial procediendo a su cierre. Hasta el momento no existen garantías claras y objetivas de que el cierre de los pozos ilegales vaya a ser una realidad.

Ecologistas en Acción señala por último en sus alegaciones que dado que las obras de infraestructura de riego y de electricidad son para el trasvase de aguas de la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir, y ya que éste sólo cuenta con una autorización en precario para el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos de un año de duración, resulta fundamental que previo a cualquier proyecto parcial de infraestructura de regadío, se presente la globalidad del proyecto y se estudie el impacto del citado trasvase de cuenca.