La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Proyecto Gran Simio (PGS) y ADENA (Fondo Mundial de la Naturaleza), han denunciado (con informe veterinario adjunto) ante el Ayuntamiento de Agüimes, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Agencia Tributaria (CATICE de la Secretaría de Comercio Exterior), el estado de abandono, maltrato y deterioro de los animales (chimpancés, cercopitecus, tigres, cocodrilos, gacelas, siervos, llamas, serpientes, tortugas, aves exóticas, etc.) cautivos en el zoológico del “Parque de los Cocodrilos” en el municipio de Agüimes, donde se viene incumpliendo flagrantemente la LEY 31/03, de 27 de octubre de Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos, que establece , las medidas de bienestar animal, profilácticas y ambientales en el artículo 3.1, del capítulo II, indicando que los establecimientos mencionados en el artículo 2 de la misma, los cuales se encuentran sometidos a la normativa establecida por esta Ley; como es el caso que nos ocupa, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de bienestar de los animales en cautividad, profilácticas y ambientales tales como: alojar a los animales en condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades biológicas y de conservación, así como proporcionar a cada una de las especies un enriquecimiento ambiental de sus instalaciones y recintos, al objeto de diversificar las pautas de comportamiento que utilizan los animales para interaccionar con su entorno, mejorar su bienestar y, con ello, su capacidad de supervivencia, si embargo, el zoológico “Parque de los Cocodrilos” no esta cumpliendo tales obligaciones pues aloja a los animales en un espacio sumamente reducido, en condiciones higiénicas y de seguridad lamentables, pudiéndose observar ratas andando entre los animales, alimentación inapropiada e insuficiente (con animales escuálidos y de extrema delgadez), instalaciones defectuosas y altamente deterioradas, animales muertos en descomposición expuestos al público, con lo que esto supone de riesgo para la salud pública. Provocando que los animales que residen en el mismo no solo no puedan satisfacer sus necesidades biológicas, sino que tales condiciones de hacinamiento, falta de alimentos e insalubridad, llegan a mermar tanto su bienestar, como su capacidad de supervivencia, provocando, en algunos casos la muerte por inanición.

Dicha Ley, califica como infracción grave el incumplimiento de las medidas profilácticas, ambientales y de seguridad pública establecidas, así como el incumplimiento de las actividades establecidas para la elaboración, desarrollo y cumplimiento de los programas de conservación, educación y atención veterinaria, contemplados en sus artículos, calificando además como infracción muy grave el maltrato, abandono o deterioro intencionado o por negligencia de los animales de parques zoológicos.

Chimpance con dedos amputados

Dicho zoológico del sur de Gran Canaria, ha sido el lugar de acogida tradicional de animales incautados por el SEPRONA (Guardia Civil de la Naturaleza), siendo propietario de cada uno de ellos el estado español a través del CATICE de la Secretaría de Comercio Exterior del gobierno central, encontrándose siempre con la buena voluntad de la propietaria de dicho zoológico (Dolores), a pesar de no contar con los medios y recursos económicos suficientes, llegándose ahora a una situación insostenible al encontrarse dicho zoo al borde de la ruina y el cierre definitivo por no tener medios para mantener a los animales y pagar los sueldos del personal.

Ante esta gravísima situación los ecologistas exigen a dichas entidades una inspección urgente y la toma de las medidas que redunden en el bienestar de dichos animales, en cumplimiento del artículo 8.1 de dicha Ley, que establece en su párrafo segundo que el órgano competente deberá realizar una inspección extraordinaria en cualquier momento cuando esta sea solicitada mediante denuncia.

Estas tres organizaciones ecologistas exigen al CATICE de la Secretaría de Comercio Exterior, que asuma sus responsabilidades como propietarios legales de dichos animales, organizando y financiando a la mayor brevedad una operación de traslado de cada animal desde este zoológico a reservas naturales o santuarios de especies animales amenazadas, ubicados dentro del territorio del estado español o de la propia Unión Europea.