La actuación obstructora de la fiscalía en la querella contra Bárcenas

Las organizaciones que se querellaron contra Bárcenas señalan su satisfacción por el impulso que ha supuesto esta iniciativa para la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP y sus vínculos con las empresas beneficiarias de grandes obras públicas.

Al mismo tiempo denuncian la actuación de la Fiscalía, que parece ejercer más como defensa de los querellados que facilitando la realización de diligencias para esclarecer la verdad. Por ese motivo, anuncian que proseguirán sus actuaciones legales junto con iniciativas para recabar el apoyo popular a esta causa, como una recogida de firmas de apoyo a la querella.

Las organizaciones y entidades sociales que hemos impulsado la querella contra Bárcenas, varios miembros del PP y diversos empresarios (Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestra valoración sobre la rápida sucesión de acontecimientos que se han venido desarrollando desde la admisión de la querella.

Por un lado, queremos manifestar nuestra satisfacción ante el hecho incontestable de que, desde la interposición de la querella, la investigación judicial para determinar el alcance criminal de los denominados papeles de Bárcenas se ha acelerado de forma notable. Este hecho está generando una indudable inquietud en diversos poderes políticos y económicos relacionados con el contenido de la querella, algo que solo podemos interpretar como muestra de lo certero de su interposición.

Así, la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 a raíz de la querella que presentamos el 28 de febrero ha comenzado con celeridad y buen rumbo. El Juzgado ha requerido diversa documentación al Partido Popular, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria y a las empresas constructoras supuestamente sospechosas de abonar diferentes cantidades de dinero al Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras y concesiones públicas. Al mismo tiempo, se ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los responsables de estas empresas mencionados en los documentos de Bárcenas. Dichas declaraciones deberán realizarse a comienzos de abril, siempre y cuando la Fiscalía Anticorrupción no vuelva a torpedear la práctica de dichas diligencias, tal y como está haciendo con otras actuaciones judiciales.

Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 5, que actualmente dirige el Juez Ruz, ha iniciado una investigación al relacionar los papeles de Bárcenas con la instrucción seguida en dicho Juzgado contra la trama comandada por el señor Correa. Nos congratulamos de que se investigue, pero no queremos dejar de mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que las actuaciones en este Juzgado solo se hayan iniciado después de que se presentase nuestra querella y de que otro Juzgado impulsase una serie de actuaciones de investigación que evidentemente son de urgente práctica y que no deben demorarse por más tiempo.

Los responsables de la querella no tenemos un interés particular en que un juez determinado asuma finalmente la investigación, pero defenderemos con contundencia que el Juzgado que lleve la causa deberá ser aquel que determine la ley en función de los hitos procesales. Y en este caso ese juzgado es el JCI nº 3, que es el primer Juzgado que abrió diligencias y admitió la querella. En definitiva, queremos que se investigue, pero que se haga sin cortapisas y sin demora.

Parece claro, pues, a la luz de la repercusión social y judicial, que la querella ha resultado certera y oportuna. Pero también resulta evidente que algunas actuaciones llevadas a cabo desde diferentes ámbitos gubernamentales y judiciales tienen más interés en tratar de acallar a los promotores de esta querella y apartarnos de la investigación que en que se conozca la verdad y se sustancien responsabilidades de actuaciones presumiblemente ilícitas.

Así, las organizaciones querellantes queremos denunciar la labor de obstrucción que desde la Fiscalía Anticorrupción se está realizando para evitar que se desarrolle la práctica de diligencias de investigación acordadas por el JCI nº 3, adoptando un comportamiento más propio de una defensa que de una acusación pública. De este modo, se ha llegado incluso a plantear un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar que se tomase declaración al señor Bárcenas, declaración a la que estaba previsto que acudiese esta acusación promotora de la querella, negándonos así la posibilidad de interrogar a Bárcenas y pedir medidas cautelares contra él.

En el mismo sentido, mostramos nuestro estupor ante el Auto de la Sección 2ª de la Audiencia Nacional que, saltándose los cauces procesales determinados en la ley y sin escuchar previamente a los querellantes, produciendo una innegable indefensión a esta acusación, ha decidido imponer la suspensión de la declaración del señor Bárcenas con una resolución que carece de fundamentación legal y no tiene precedentes en la historia de nuestros tribunales.

El compromiso de las cinco organizaciones querellantes es seguir impulsando, cueste lo que cueste, la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el poder del ladrillo. Por este motivo, al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos. Una de ellas es el apoyo a la querella que se puede expresar, por colectivos o personas, en la página www.querellabarcenas.org, y que ya ha recogido más de 25.000 adhesiones. Mientras no se haga justicia, nuestras organizaciones seguirán vigilantes frente a las maniobras que traten de evitar que conozcamos la verdad.


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