Todos pagamos la ruina de las autopistas de peaje

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El despropósito de las autopistas de peaje sale caro a todos los contribuyentes. El plan del Ministerio de Fomento de crear una sociedad para "nacionalizar" las vías en quiebra lo demuestra. Las arcas públicas salen de nuevo al rescate de intereses privados; en este caso de una red de autopistas aprobadas en tiempos del ministro Álvarez-Cascos, que nada tuvieron que ver con las necesidades reales de transporte. La justificación de estas ruinosas obras podría estar vinculada a los pagos de constructoras recogidos en los “papeles de Bárcenas”

En teoría se trataba de obras privadas, pero lo cierto es que la mayor parte de esas autopistas reciben ayudas estatales al tiempo que se prepara su nacionalización: eso supondrá que 3.500 millones de deuda con la banca se pagan con fondos públicos.

Las autopistas aprobadas por el Ministerio de Fomento en la época de Álvarez-Cascos y construidas en la última década han sido una ruina económica. Se trata de las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Cartagena-Vera (AP-7), la AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto de Barajas o la Circunvalación de Alicante.

Apenas ninguna de estas vías ha llegado a la mitad del tráfico previsto, y muchas de ellas están en niveles cercanos a la décima parte de las previsiones, lo que refleja de forma nítida el tremendo error que supuso su construcción. Por supuesto que todas estas obras tuvieron un fuerte impacto ambiental y territorial, como ya denunció en su día Ecologistas en Acción. Pero ahora el problema es otro: quién se va a hacer cargo de este fiasco económico.

Seis de ellas ya se han acogido a concurso de acreedores (R-3, 4 y 5, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda y Madrid-Toledo). Y eso a pesar de que desde hace varios años el Ministerio de Fomento les viene concediendo unos créditos participativos (esto es, créditos a bajo interés, avalados por el Estado) por unos 300 millones de euros anuales (289 millones en 2012, por ejemplo). Además, se habían aprobado unas cuentas de compensación, por las que el Estado pagará hasta 2018 a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente recaudado en los peajes y lo que se recaudaría si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos.

Pero esta sangría de fondos públicos no parece suficiente. Ahora se está negociando con la banca las condiciones en las que el Estado asumirá, a través de una nueva sociedad de capital 100% público, dependiente de Seittsa, la deuda de las concesionarias: 3.500 millones de euros. Una desmesurada deuda que pasa a ser pública, y que se financiaría a un tipo del 3% durante 30 años.

No hay justificación desde el lado del transporte ni de la economía para todos estos proyectos viarios que arrasaron una gran superficie de nuestro país durante los últimos años. ¿Dónde está, entonces, la justificación para este fiasco ambiental, económico y social?

Para Ecologistas en Acción una explicación podría encontrarse en los “papeles de Bárcenas” que supuestamente recogen pagos al Partido Popular de muchas de las empresas constructoras de estas obras. Por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito. Pero otros, como los ligados a la AP-41, Madrid-Toledo, se incluyen en la querella que Ecologistas en Acción presentó junto con otras organizaciones a finales de febrero. Quizá los intereses ilícitos expliquen lo que no puede explicar la racionalidad de la planificación del transporte.




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