El accidente de Vandellós I y las lecciones no aprendidas

Todas las versiones de este artículo: [Català] [Castellano]

Cuando se cumplen 25 años del accidente de Vandellós I (Tarragona) nos encontramos con la decepcionante situación de que nuestro gobierno sigue apostando por las centrales nucleares, usando como argumentos las hipotéticas ventajas de esta fuente de energía, a pesar de que la realidad se empeña en desmentirlas una y otra vez. Pero además, las hipotéticas ventajas no se ven compensadas, ni mucho menos, por los problemas que conlleva esta fuente de energía. El riesgo de accidente es uno de los más preocupantes.

Ni los graves accidentes que han ocurrido en todo el mundo, ni este doméstico que nos ocupa, han servido para que nuestras autoridades se decidan a abandonar esta fuente de energía. Estas líneas son una pequeña aportación para intentar que el debate avance en la sociedad. El recuerdo de la catástrofe de Vandellós I es una buena ocasión para intentar que el debate nuclear esté en las agendas políticas. Al fin y al cabo, la opción por la energía nuclear lleva aparejado un déficit democrático, en esta época de mayores exigencias de transparencia y participación. Se trata de una opción energética que perjudica a la mayoría y beneficia a una minoría. El riesgo nuclear, por sus características es un ejemplo claro de imposición de un peligro que la sociedad no ha aceptado.

Así fue el accidente

El 19 de octubre de 1989 a las 21:39 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia atómica española. En aquel momento se produjo un incendio en el alternador número 2, en el edificio de turbinas, donde se produce la energía eléctrica. Este edificio era contiguo al del reactor y al de sistemas auxiliares eléctricos donde está la sala de control.

El incendio se produce a consecuencia de un fallo mecánico en la turbina [1] a consecuencia de unas fisuras en los anclajes. Estas fisuras, por cierto, se podrían haber detectado mediante revisiones de mantenimiento con técnicas bien conocidas [2]. Estos ensayos no se realizaron en 1986, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Además de esta recomendación, el CSN exigió una serie de modificaciones a la central que en 1989 aún no se habían puesto en práctica. Hay que resaltar que no se habían instalado sistemas de refrigeración de emergencia, ni se había aislado el reactor del sistema eléctrico. De haberse puesto en práctica, el accidente habría sido menos grave.

La central de Vandellós I (Tarragona), propiedad de la empresa hispano-francesa HIFRENSA, empezó a funcionar en 1972. Tenía 480 MW de potencia y era notablemente distinta del resto de las centrales nucleares españolas. Las centrales ordinarias están refrigeradas y moderadas por agua, mientras que Vandellós I estaba refrigerada por gas y su reacción nuclear estaba moderada por grafito. Esto conlleva inconvenientes notables desde el punto de vista de la seguridad, puesto que cuando se produce una pérdida de refrigerante en una nuclear ordinaria, también se pierde moderador, con lo que el ritmo de la reacción disminuye y es menos difícil controlarla. Sin embargo, en el caso de Vandellós I la pérdida de refrigerante no implicaba, por el contrario, el freno de la reacción.

Además, en este tipo de reactores el tratamiento de los residuos está sometido a salvaguardias para evitar la proliferación nuclear porque en su combustible gastado hay plutonio que puede ser extraído para uso militar. Y otro problema es que el grafito radiactivo no se puede gestionar como un residuo de media y baja actividad, luego no puede llevarse a El Cabril (Córdoba). En efecto, el carbono 14, el elemento radiactivo del grafito, tiene más de 5000 años de vida media, que supera la permitida para ser depositado en el dicho almacén de residuos. De hecho, para su eliminación se propusieron en su día soluciones delirantes como incinerarlo. En la actualidad se encuentra en la propia central, esperando a la forma de gestión que se adapte para los residuos de alta actividad en España. Los planes de ENRESA son depositar los aproximadamente doscientos metros cúbicos de grafito radiactivo en el futuro almacén Transitorio Centralizado (ATC) cuando éste empiece a funcionar.

El incendió empezado en la turbina progresó por los trenes de cables y llegó a quemar varias tuberías y equipos claves de la central. Incluso se produjo la inundación del cajón del reactor por agua del mar. El agua dejó inútiles dos de los cuatro turbosoplantes de gas que refrigeraban el reactor. Durante unos momentos, los parámetros del reactor estuvieron a punto de superar los valores seguros, lo que habría dado lugar a la fusión del núcleo, a una explosión y a una fuga masiva de radiactividad. Por suerte el agua del mar no subió más y los otros dos turbosoplantes siguieron funcionando. La casualidad jugó aquí un papel favorable. El reactor se pudo parar en última instancia evitando una fuga radiactiva y el descontrol de la reacción nuclear.

El CSN había pedido a la central en más de una ocasión que controlara esos defectos de la turbina, cosa que Hifrensa no hizo. Éste incumplimiento pudo dar lugar, como se ha visto, a un accidente nuclear tan grave como el de Fukushima y, a pesar de eso, el CSN no paralizó la central, en una lamentable tradición de mano ancha. Lo que sí hizo el CSN fue pedir al Ministerio de Industria por dos veces que sancionara a la central, cosa que este organismo hizo. Pero esas sanciones ascendieron a 600.000 y 1millón de pesetas respectivamente (3600 y 6000 euros), que resultaron irrisorias.
Cuando compareció en la Comisión de Industria del Parlamento, Donato Fuejo, presidente del CSN, declaró que el accidente se debió a fallos originales de diseño y no al envejecimiento de las instalaciones.

Sorprendentemente, Donato Fuejo añadió que el organismo que presidía no tenía competencias ni mecanismos coactivos ni personal y medios técnicos para cumplir su misión [3]. Durante la misma comparecencia Fuejo afirmó que fallaron uno tras otro todos los sistemas de seguridad y que el accidente se pudo evitar sólo gracias a la pericia de los operadores. También fue notable el desconcierto que se produjo tras el accidente tanto en el CSN como en la propia instalación.

Estos hechos fueron llevados ante la justicia, siendo el encargado de la acusación popular el abogado Marc Viader. La sentencia se produce el día 6 de marzo de 2000 y, sorprendentemente, es absolutoria puesto que proclama que el accidente de Vandellós I era fortuito e imprevisible. Los grupos Acció Ecologista y AEDENAT [4] señalaron, de forma acertada, que en ese caso debería procederse a la paralización cautelar de todas las centrales, nucleares o no, con turbinas similares a la de Vandellós I, puesto que en cualquier momento podían producirse incendios como aquél. Fue clave la actitud de los directores técnicos del CSN, que estaban también considerados como acusados.

Finalmente, se decide el cierre definitivo de la central. Éste ha sido el accidente más grave de una central nuclear en España y estuvo a punto de costarnos un disgusto gravísimo. Todavía hoy los representantes del Foro Nuclear se atreven a afirmar que aquel no fue un accidente nuclear y que, en realidad, no fue tan severo. Y esto con todos los agravantes que se han citado.

El riesgo nuclear

El riesgo nuclear tiene la característica de que es difícil de percibir, puesto que combina una baja probabilidad de que ocurra un accidente con los enormes y destructivos efectos que éste acarrea. La probabilidad real de que se produzca un accidente es unas 20 veces mayor de lo calculado, pero aún así los accidentes nucleares son lo bastante infrecuentes para que la opinión pública se olvide de este riesgo. Aunque los accidentes graves sean relativamente infrecuentes, como se ha dicho, el efecto es tan devastados y tan extendido que resulta insensato mantener en funcionamiento las centrales nucleares.

El riesgo nuclear se encuadra bien en las nuevas amenazas globales a que se enfrenta la humanidad, que proceden de un mal uso de los conocimientos científicos alcanzados en el siglo XX. Otros ejemplos son el cambio climático o la destrucción de la capa de ozono. Este tipo de riesgos proceden de las actividades industriales que benefician a unas minorías, pero los sufren grandes masas de población que no han podido nunca opinar sobre su uso.

Por eso, además del peligro que supone el mantenimiento en sí de la energía nuclear, implica un gran déficit democrático porque pone en riesgo a unas personas que jamás lo han aceptado. Si bien hay otras actividades industriales que también causan víctimas, como los accidentes de aviación, éstas tienen la característica de que los usuarios aceptan el riesgo de tomar un avión.

Aunque todos tienen en común el potencial daño que causan y la baja probabilidad de ocurrencia, cada accidente nuclear es distinto, tiene características propias. Tras un accidente todos los interesados analizamos lo ocurrido e intentamos sacar conclusiones, desde los grupos antinucleares a la industria nuclear. Ésta última se apresura siempre a decir que aprende las lecciones y las aplica en los reactores que siguen funcionando y en los de nueva construcción. Pero es pertinente la pregunta: ¿hasta cuando van a seguir aprendiendo? ¿cuantos accidentes más tenemos que soportar para conseguir unos niveles de seguridad aceptables? No hay solución: somos humanos, nos somos perfectos, siempre cometeremos algún error y dejaremos un resquicio abierto a la producción de nuevos accidentes.

Al final, se trata de un problema ético. La industria nuclear quiere seguir recibiendo los beneficios económicos que genera la energía nuclear, y que la población no comparte. Y los problemas que genera esta fuente de energía, en particular el riesgo nuclear, no son suficientes para disuadirlos de su uso.

Los poderes públicos deberían, en este como en otros casos, defender el interés común de los ciudadanos y proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares. Pero se constata una vez más que el poder económico tiene una gran influencia sobre la política y nuestro gobierno está perfectamente alineado con el interés de la industria nuclear. Y eso sin ni siquiera abrir un debate público digno de tal nombre.

Ahora Garoña y luego las demás

Lo más probable es que la próxima central cuyo cierre se decrete de forma definitiva sea Garoña, aún teniendo en cuenta los intentos de Nuclenor para mantenerla abierta, con el apoyo descarado del gobierno del PP. Éste ha llegado a cambiar el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR [5]) a la medida de Garoña. Resulta insensato gastar recursos y emplear las fuerzas del CSN en examinar toda la documentación que Nuclenor enviará a dicho organismo. Pero, además, resulta llamativo empeñarse en mantener abierta Garoña en las penosas condiciones de seguridad en las que se encuentra. Esto viene a demostrar que no se han aprendido las lecciones ni de Vandellós I, ni de Fukushima, Chernóbil o Harrisburg.

Hay que notar, por cierto, la diversidad de centrales que han sufrido accidentes. Por ceñirnos a los ejemplos citados: Harrisburg era una central de agua presurizada moderada por agua, Fukushima era de agua en ebullición moderada por agua, Chernobil era refrigerada por agua y moderada por grafito y, finalmente, Vandellós I era refrigerada por gas y moderada por grafito. A pesar de esa diversidad de modelos, todas tienen en común la naturaleza inestable de la reacción nuclear en cadena, difícil de detener una vez que han fallado los mecanismos de parada.

Cataluña ha tenido ciertamente la mala fortuna de contar con nada más y nada menos que cuatro de los diez reactores nucleares que han llegado a funcionar en nuestro país, lo que representa en sí una amenaza para el territorio. Dos de ellas, las de Vandellós I y II, están al lado del mar, con los riesgos que Fukushima ha mostrado para este tipo de centrales: más allá de que sea más o menos probable que se produzca un tsunami, hay que pensar en el grave problema que supone que la radiactividad llegue al mar bien por superficie, bien a través de las aguas subterráneas, y que se contaminen los ecosistemas marinos, la pesca, las playas, etc. Y las otras dos centrales, Ascó I y II, están refrigeradas por el río Ebro, que sería un vector de primer orden para extender la radiactividad en un hipotético escape.

Por tanto, lo más sensato es cerrar escalonadamente las nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que la energía que aportan es sustituible ventajosamente por otras fuentes.

Conclusiones

El accidente de Vandellós I y otros que se han producido en el mundo han demostrado que la energía nuclear es inherentemente peligrosa. Se ha visto que este riesgo es transversal, puesto que han sufrido accidentes diversos modelos de centrales basados en diferentes tecnologías y reactores ubicados en diferentes países: EE UU, la antigua Unión Soviética, Japón,… Llama la atención la resistencia a aprender estas lecciones y empeñarse en mantener en funcionamiento los reactores que aún funcionan. Esto solo se explica por una fe absoluta en el que los medios de seguridad funcionarán al 100%, cosa que la realidad se empeña en desmentir una y otra vez, o porque los intereses de una minoría se ponen por delante de los de la mayoría.

El uso de la energía nuclear conlleva en sí mismo un riesgo de unas características especiales, que lo convierten en muy difícil de gestionar. La probabilidad de que se produzca un accidente es baja, pero los efectos son tan devastadores que el riesgo resulta inasumible. Por otra parte, se trata de un riego global, no localizado, que procede de una de las apuestas tecnológicas del siglo XX. En estos momentos deberíamos tener ya suficiente madurez para distinguir aquellas tecnologías que nos traen avances a nuestras vidas de aquellas cuyos inconvenientes no compensan sus aportaciones, como es el caso de las centrales nucleares. El problema es que el mundo actual se basa en las soberanías estatales y no existen formas de gobernanza global que permitan acometer estos riesgos.

La imposición del riesgo nuclear, precisamente por su naturaleza global, resulta profundamente antidemocrática. Se obliga a las personas a que acepten este peligro, sin que obtengan beneficio alguno y sin que se haya tenido en cuenta su opinión. Los poderes públicos, el gobierno español en nuestro caso, decide poner los intereses de los beneficiarios de la industria nuclear por delante de los de la mayoría de la población.

Francisco Castejón, Ecologistas en Acción




Visitantes conectados: 641