Juicio oral contra el ex alcalde de Morón

Mediante auto de 3 de abril de 2013, el Juzgado nº1 de Morón de la Frontera ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de la misma localidad, Manuel Morilla Ramos, (admitiendo las acusaciones de la Fiscalía y Ecologistas en Acción) por dos delitos contra el medio ambiente de los artículos 325.1º y 329.1º del Código Penal. Esto significa que, aplicando el código anterior a junio de 2010, el ex edil se enfrenta a una pena de seis meses hasta cuatro años de prisión por contravenir las leyes de protección del medio ambiente provocando vertidos a la cuenca del río Guadaíra y de seis meses hasta tres años por otorgar autorizaciones manifiestamente ilegales para industrias contaminantes y por haber silenciado la infracción de leyes por parte de esas empresas contaminantes.

Mediante auto de 3 de abril de 2013, el Juzgado nº1 de Morón de la Frontera ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de la misma localidad, Manuel Morilla Ramos, por dos delitos contra el medio ambiente de los artículos 325.1º y 329.1º del Código Penal. Esto significa que, aplicando el código anterior a junio de 2010, el ex edil se enfrenta a una pena de seis meses hasta cuatro años de prisión por contravenir las leyes de protección del medio ambiente provocando vertidos a la cuenca del río Guadaíra y de seis meses hasta tres años por otorgar autorizaciones manifiestamente ilegales para industrias contaminantes y por haber silenciado la infracción de leyes por parte de esas empresas contaminantes.

Los hechos delictivos se remontan a finales de 2006 cuando la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) formula las primeras denuncias contra el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (26 y 30 de noviembre y 6 de diciembre de 2006) a causa de los vertidos de aguas residuales urbanas de Morón al arroyo del Cuerno, afluente del Guadaíra. Estos vertidos tenían un alto contenido en material orgánico procedente de empresas de aderezo de aceitunas, y continuaron durante varios meses del 2006 y 2007, por lo que la CHG instó al Alcalde de Morón para que clausuraran las conexiones de esas empresas con el alcantarillado público de Morón, sin obtener ninguna respuesta.

A pesar de estas advertencias el Alcalde renovó nuevas autorizaciones de vertidos al alcantarillado a empresas como Aceitunas Guadalquivir y Frigoríficos Morón. La situación de total descontrol y permisividad del Ayuntamiento llevó a la CHG a proponer al Ayuntamiento la clausura de dos puntos de vertido al alcantarillado público de las empresas Angel Camacho e Internacional Envasadora, ambos sin autorización, sin que el Ayuntamiento atendiera tampoco este requerimiento. Toda esta inactividad del Ayuntamiento ante el comportamiento contaminante de las empresas llevó a la CHG a retirarle las competencias sobre vertidos en febrero de 2007.

Desde 2003 la CHG ha impuesto multas al Ayuntamiento de Morón por un valor superior a 1,5 milones de euros, que han tenido que soportar los ciudadanos de Morón con sus impuestos.

Ecologistas en Acción ha reclamado en numerosas ocasiones a la CHG que dedique ese dinero integramente a labores de restauración ambiental del río Guadaíra a su paso por Morón, especialmente en la zona la Sierra de Esparteros, contratando para ello a trabajadores del sector agrícola que se quedan desempleados después de la campaña de recogida de la aceituna.

Constan también en el Juzgado informes del SEPRONA con denuncias de toda clase de vertidos desde el alcantarillado público a la cuenca del Guadaíra durante los años 2003 hasta 2007. En 2004 esos vertidos, permitidos por el Ayuntamiento de Morón, provocaron la rotura de la depurada de Morón que tuvo un coste inicial de 4,2 millones de euros y cuya reparación en 2007 tuvo un coste adicional de 2,5 millones de euros de dinero público de la Junta de Andalucía.

Toda esta situación llevó a la Fiscalía de Medio Ambiente a presentar querella en enero de 2008 mediante la que se iniciaron las Diligencias Previas en la que se personó Ecologistas en Acción como acusación popular.

Ahora, 5 años después, el Juzgado ha estimado los escritos de acusación de la Fiscalía y Ecologistas en Acción y se iniciará el juicio oral.




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