El Canal de Isabel II pagará 106 millones de euros

El Canal de Isabel II pagará 106 millones de euros en cinco años para coseguir la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote (INALSA) durante 30 años.

¿Qué pinta una empresa pública como el Canal pagando 105 millones de euros por la concesión de INALSA, una empresa pública que está en quiebra? Ignacio González inicia una nueva aventura empresarial que la vamos a pagar los ciudadanos, los de aquí con mayores incremento de tarifas y los de Lanzarote con la misma moneda.

INALSA es una sociedad dependiente del Cabildo Insular de Lanzarote que gestiona el ciclo integral del agua en dicha isla y que debido a una mala gestión de los sucesivos gobiernos insulares, está en la actualidad en concurso de acreedores, en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria. La deuda con los acreedores está valorada en 50 millones de euros. Además el Juez ha embargado cautelarmente el patrimonio personal de los administradores de la sociedad, por si existieran hechos delictivos en su gestión.

El gobierno insular, fruto de un pacto entre el PSOE y Coalición Canaria, decidió privatizar la gestión de INALSA, sacando a concurso la concesión de la sociedad para un periodo de 30 años, para así matar dos pájaros de un tiro, por un lado la empresa concesionaria se haría cargo de la deuda y por otro sus amigos, los administradores de la sociedad, tendrían mas posibilidades de recuperar su patrimonio personal. El concurso se cerró sin que ninguna empresa se presentara al mismo.

Tras el fracaso se convocó un procedimiento negociado, al que se invitaron a tres empresas, Gestagua, Canaragua-Agbar y Canal de Isabel II Gestión SA. Según el Presidente del Cabildo Pedro San Ginés la concesión se otorgó al Canal porque su oferta fue la más generosa en cuanto a inversiones a realizar en los primeros 5 años y la más sólida económicamente ya que el Canal financiará con sus propios fondos el 60 % de la inversión (63 millones de euros) y el resto (42 millones de euros) lo hará a través de los bancos, lo que supuestamente permitirá un ahorro importante de intereses. Según San Ginés, el Canal no podrá subir la tarifa del agua hasta el cuarto año de la concesión y a partir de 2016 la subida será el IPC mas el 1%, si bien existe una cláusula en el Pliego de Condiciones que permite subidas mayores si peligra el equilibrio financiero de la concesión. Esta cláusula es la triquiñuela legal que deja la puerta abierta para amparar mayores incrementos tarifarios, ya que determinar si las finanzas están equilibradas o no, es materia interpretable y manipulable. La experiencia nos dice que hay muchas probabilidades de que sea utilizada para aumentar los precios del servicio.

En el mes de junio el Cabildo pondrá esta propuesta en la mesa del Juzgado de lo Mercantil para que el Juez decida si esta vía es procedente.

Desde que comenzó el proceso de privatización se constituyó una plataforma denominada “Mesa social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua” formada por diversas organizaciones y movimientos sociales (asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, sindicatos, 15-M, etc.) que ha conseguido movilizar a una parte importante de la sociedad lanzaroteña contra la privatización de INALSA y para que el control del ciclo integral del agua vuelva a manos del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en la que participa Ecologistas en Acción, denuncia esta aventura empresarial de Canal Gestión S.A., por los siguientes motivos:

- Porque es bochornoso que una empresa pública cuya finalidad fundamental debe ser gestionar el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, dedique recursos y medios económicos a apropiarse de otra sociedad pública, INALSA, compitiendo para ello con empresas privadas del sector. El ánimo de lucro sustituye en este caso a la defensa del interés de los ciudadanos madrileños.

- Porque esta aventura la pueden pagar caro los ciudadanos madrileños si fracasara la operación, como fracasó la aventura empresarial del Canal en Cáceres.

- Porque con esta actuación Canal Gestión S.A. se compromete a invertir 105 millones de euros en 5 años, de los cuales 50 millones deben invertirse a corto plazo para pagar la deuda que INALSA tiene con sus acreedores, lo que repercutirá negativamente en los activos inexcusables para la realización de las inversiones necesarias e incrementará la deuda con los bancos. ¿Cómo solventará este problema Canal Gestión S.A.? Pues seguramente con sucesivas subidas de las tarifas del agua por encima del IPC.

- Porque parece una burla que mientras el Canal justifica el proceso de privatización por falta de dinero para financiar infraestructuras que estima necesarias, pero que aún no han sido justificadas, se dilapiden 105 millones de euros en una actuación innecesaria.

- Porque esta lapidación de los recursos de Canal Gestión S.A., se realiza en un contexto de reducción de los costes de personal, de precarización de la plantilla y de disminución de los derechos económicos y sociales de sus trabajadores. Los nuevos contratos de trabajo que está llevando a cabo Canal Gestión S.A., desde su constitución, son temporales, con salarios, en algunos casos, inferiores a los 1.000 euros mes.

- Porque esta operación no beneficia a los ciudadanos madrileños, sino que su objetivo es avanzar en un proyecto multinacional en el marco de la privatización del Canal y hacer más atractiva su venta a los empresarios privados.

- Además, en la línea de opacidad y falta de información a que nos tiene acostumbrados Canal Gestión SA, esta operación se ha realizado sin informar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, ni a los accionistas de la sociedad, ni a los ciudadanos. Este tema provocó una situación muy tensa en el pasado pleno de dicha Asamblea, al enterarse los parlamentarios, por la prensa, de la presentación del Canal al concurso de concesión de INALSA y negarse la Mesa a que este tema fuera objeto de debate en la Asamblea.

Por último queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a la Mesa social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua de Lanzarote en su lucha contra la privatización de INALSA.