Las enmiendas presentadas por el PP al anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas contemplan la posibilidad de que la servidumbre de protección se reduzca de 100 a 20 metros en las zonas no clasificadas como urbanas, pero que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. El citado anteproyecto de Ley también posibilita que se reduzca de 100 a 20 metros la servidumbre de protección cuando el sector esté edificado en un tercio de su superficie.

La Administración competente para informar sobre si determinadas zonas cumplen estos requisitos es la administración municipal. En el caso del Hotel del Algarrobico no existe la menor duda de que el Ayuntamiento de Carboneras informará favorablemente que se reduzca la servidumbre de protección en el Algarrobico.

Está claro que ante la imposibilidad de legalizar este mamotreto de hotel que ha destruido una de las playas vírgenes del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el gobierno del PP opta por cambiar la ley, lo que supone un auténtico fraude, pues existen numerosas sentencias judiciales que determinan claramente la total ilegalidad de este hotel cuya único futuro debe ser su demolición.

Estas enmiendas del PP son un auténtico escándalo, que se une al propio contenido de la ley que pretende amnistiar a numerosas urbanizaciones ilegales construidas en Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Desde Ecologistas en Acción advertimos que denunciaremos esta trama para legalizar urbanizaciones y construcciones ilegales con el objetivo de eludir sentencias judiciales. También formalizaremos denuncia ante la UE, pues esta modificación de la Ley de Costas podría vulnerar varias Directivas comunitarias y Convenios internacionales. Así, se vulnera el artículo 8.2 del Protocolo al Convenio de Barcelona de 1976, firmado por la UE en septiembre de 2010 y en vigor desde marzo de 2011, que dice:

a) establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado por el nivel más alto del mar en invierno, una zona en la que no se permiten las construcciones. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los riesgos naturales, esta zona no podrá tener una anchura inferior a 100 metros, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) que figura a continuación. Las medidas nacionales más estrictas para determinar esta dimensión se seguirán aplicando.

El anteproyecto de Ley también vulnera la ICZM (Gestión Integrada de Zonas Costeras) adoptada por Resolución de 2007 que pronto se convertirá en Directiva de obligado cumplimiento.