Ecologistas en Acción de Ayamonte ha recurrido el auto de archivo de la causa que el Juzgado nº 3 de esta localidad seguía contra diferentes cargos políticos y técnicos del Ayuntamiento por supuestos delitos urbanísticos.
Tras estudiar el auto de archivo, Ecologistas en Acción de Ayamonte considera que la causa abierta gracias a la labor de investigación de la Guardia Civil y a la valentía del propio juzgado no debe quedar cerrada cuando quedan importantes diligencias que aún no se han realizado, ni sin que haya habido oportunidad ninguna para que los representantes legales del colectivo ecologista pudiesen estudiar el conjunto de la documentación, ni proponer nuevas actuaciones.
El recurso de reforma presentado por los abogados de Ecologistas en Acción considera además que existen indicios más que suficientes para continuar la instrucción y depurar las responsabilidades penales, no solo en cuanto a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, sino a delitos de prevaricación administrativa y cohecho.
La asociación ecologista lamenta que las complicadas diligencias que exige la investigación y la persecución de los delitos urbanísticos, unida a las situaciones de saturación y pocos medios en que se encuentran juzgados locales como el de Ayamonte, pueda desembocar en parones en la acción judicial en estos temas tan necesitados de conclusiones ejemplarizantes.
Para Ecologistas en Acción de Ayamonte supondría un grave retroceso en la cultura democrática que queden impunes los graves destrozos sufridos por nuestro litoral ocupado en prácticamente toda su primera línea de playa en estos últimos años, así como las terribles consecuencias sociales generadas por la apuesta por la especulación inmobiliaria y por quienes se lucraron inflando la burbuja del ladrillo.
Ahora que se anuncian nuevos ataques contra la Ley de Costas, no hay que olvidar que ésta ya fue burlada en Isla Canela, donde se construyo prácticamente sobre la linea del mar, la playa y las dunas, usando como impúdica coartada legal caducas figuras urbanísticas como la Ley de Centros de Interés Turístico, creadas en la noche del franquismo. Resultan evidentes, aunque sus protagonistas intenten olvidarlas, las responsabilidades políticas que se emanan de estos hechos, a la par que es necesario seguir estudiando las posibles responsabilidades legales en la ejecución de las obras.
Por ello, Ecologistas en Acción seguirá defendiendo también en el ámbito judicial el carácter público de las playas, marismas y dunas y para ello, denuncia y denunciará la privatización de estos espacios. Privatización que conlleva en muchas ocasiones negocios sucios, propiciados por especuladores inmobiliarios y con cómplices necesarios en las diferentes administraciones teóricamente encargadas de velar por la defensa del patrimonio público y natural.