Rechazados los recursos contra el PORN del Parque Natural Sierra de Guadarrama

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado once sentencias en las que se rechazan los argumentos y pretensiones de la Asociación de Propietarios Sierra de Guadarrama. Los propietarios defendían el cambio en los límites del Parque Natural, para evitar la inclusión de propiedades privadas, así como el pago de indemnizaciones a aquellos que resultaran finalmente afectados

La Asociación de Propietarios Sierra de Guadarrama fue creada con el objetivo de “defender los intereses de los propietarios de fincas ante la publicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales” (PORN), participando muy activamente en las reuniones informativas sobre el Parque Natural que se desarrollaron en diversos municipios segovianos. Los representantes de la Asociación destacaron por la agresividad de sus intervenciones y por hacer una denuncia apocalíptica de las limitaciones que impondría el nuevo Parque a los propietarios privados, logrando arrastrar hacia a sus posiciones a un importante número de ayuntamientos y propietarios.

Las principales demandas defendidas por la Asociación eran:

  • La modificación de los límites del Parque Natural, reduciendo su extensión y trasladando su límite inferior hacia cotas más altas, con objeto de “dejar libres a un gran número de afectados”.
  • La exigencia del pago de indemnizaciones por los supuestos perjuicios económicos causados a los dueños de los terrenos que finalmente se incluyeran en el Parque.

Sin embargo, a lo largo del año 2012, el Tribunal Superior de Castilla y León ha dictado un total de 11 sentencias en las que ha rechazado las pretensiones de los propietarios. A continuación se presentan los principales argumentos:

Los límites del Parque Natural

La Asociación de Propietarios defendía el traslado los límites del Parque hasta la Cañada Real Soriana Occidental. Esta pretensión ha sido rechazada por el Tribunal, argumentando que los valores naturales de los terrenos que se restarían al Parque son similares a los que sí se incluirían:

“es lógico que no se proponga como límite la Colada y Cañada Real Soriana Occidental, pues esta Cañada no supone una diferenciación del hábitat de un lado a otro de la misma, y sin embargo el límite fundamental propuesto de la carretera N-110 presupone una real y efectiva barrera frente a la fauna”.

“Pero realmente la línea de delimitación que propone la parte debe ser expresamente rechazada porque realmente divide el actual Parque Natural separando dos zonas que merecen la misma protección atendiendo a sus características”.

Las limitaciones a los usos tradicionales

El TSJ desmiente rotundamente que el Plan de Ordenación conlleve limitaciones a los usos tradicionales, en contra de lo que la Asociación de Propietarios –y algunos Ayuntamientos- difundieron repetidamente en los municipios serranos:

“el PORN no sólo no ha supuesto ningún tipo de limitación en los usos tradicionales agrícolas y ganaderos, sino que fomenta y promociona este tipo de usos como se deduce de los artículos 27 y 28 del PORN.”

El derecho a ser indemnizados

La pretensión del cobro de indemnizaciones por parte de los propietarios de terrenos incluidos en el Parque ha sido también desestimada por el Tribunal, que ha señalado:

“La parte actora parece arrogarse la representación de toda la población que habita en la zona que abarca este Plan, al indicar que claramente perjudica a la población y a nadie beneficia. (...) Olvida la parte actora que “la función social de estos derechos delimita su contenido de acuerdo con las leyes,” según recoge el artículo 33.2 de la Constitución, al referirse al derecho a la propiedad privada.”

“Sin embargo, no se establece ninguna privación de bienes y derechos en este Plan, sino que se establece la delimitación de la función social de este derecho de propiedad, delimitación que en ningún caso supone una expropiación, ni siquiera una privación de derechos inherentes a la propiedad, sino una configuración de estos derechos atendiendo a las características físicas del terreno y a sus exigencias de conservar los ámbitos naturales y de la flora y fauna silvestre”.

En definitiva, el Tribunal pone las cosas en su sitio al establecer que, igual que los planes urbanísticos definen las zonas consideradas adecuadas para la construcción de viviendas o infraestructuras en los municipios, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales concreta las modalidades de uso compatibles, en cada caso, con la preservación del patrimonio natural.

De esta forma, las sentencias del TSJ de Castilla y León respaldan la posición tradicionalmente defendida por las organizaciones conservacionistas: la propiedad de los terrenos no debe entenderse como un “cheque en blanco”; los propietarios deben atender a una serie de limitaciones establecidas con el objeto de garantizar que la utilización de sus propiedades sea compatible con la conservación de sus valores naturales y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.