El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictado una sentencia histórica que puede suponer un punto de inflexión en la lucha contra la contaminación atmosférica en Europa. El alto tribunal dictamina que Reino Unido violó la directiva europea de calidad del aire al superar los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2). Ecologistas en Acción recuerda que la Comisión tiene aún que decidir sobre la prórroga solicitada por Madrid, que también ha venido superando dichos límites en los últimos años, algo que también ocurre en otras localidades.

La mayoría de las aglomeraciones urbanas del Reino Unido superaban los valores límite a 1 de enero de 2010, fecha en la cual el cumplimiento de los mismos se hacía obligatorio. Aunque varias de las zonas solicitaron una prórroga hasta 2015 amparándose en la Directiva, 16 de ellas –incluyendo Londres y otras grandes ciudades como Glasgow o Manchester–, no lo hicieron al entender que de forma realista no iban a poder cumplir por lo menos hasta 2020 (2025 en el caso de Londres, según reconocen las propias autoridades británicas). Client Earth, una asociación de abogados ambientalistas, llevó el caso a los tribunales en 2011 y el Tribunal Supremo les ha dado ahora la razón.

Ecologistas en Acción considera que la situación de la ciudad de Madrid es muy similar, con un margen de superación muy amplio respecto al valor límite obligatorio, y con ausencia de medidas realistas para dar la vuelta a la situación. Sin embargo, el consistorio madrileño lejos de reconocer la grave situación prefirió seguir su huída hacia adelante y solicitar una prórroga in extremis a pesar de saber que no contaba con planes creíbles para enmendar la situación antes de 2015. Hay que recordar que en 2011 la entonces delegada de Medio Ambiente y hoy alcaldesa, Ana Botella, reconoció que la única forma de reducir la contaminación era con reducciones drásticas del tráfico de automóviles, algo que no estaban dispuestos a poner en práctica. Es previsible, a juicio de Ecologistas en Acción, que dicha prórroga sea denegada y que finalmente el Ayuntamiento de Madrid tendrá que responder ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El caso británico abre la puerta a que ahora la Comisión Europea, que ha recibido la decisión con agrado, tome iniciativas más contundentes contra el Reino Unido y otros Estados miembros con graves y similares problemas relativos a la lucha contra la contaminación. El Tribunal Supremo británico ha solicitado al TJUE ayuda para interpretar la Directiva al pedir aclaración sobre si el solicitar las prórrogas es obligatorio o no, toda vez que se han superado los límites. El propio alto tribunal británico podría solicitar al gobierno medidas urgentes ya para atajar el grave problema de NO2 que tienen sus ciudades.

Para Ecologistas en Acción es hora de que las autoridades españolas se miren en el espejo de lo que sucede en otros países y dejen de celebrar la concesión de moratorias de cumplimiento de la ley como victorias políticas. Lo razonable es considerar la contaminación de nuestras ciudades como lo que es, un grave problema ambiental y de salud pública que cuesta muchas vidas y que hay que atajar cuanto antes.

La Comisión Europea ha decidido en los últimos meses conceder o denegar algunas de las prórrogas solicitadas por el Estado español para el cumplimiento de los valores límite de NO2 –Barcelona, Vallés-Baix Llobregat, Palma (denegadas) y Granada, Madrid Urbana Sur, Corredor del Henares-Comunidad de Madrid (aprobadas)– a pesar de que en la mayoría de casos se sigue sin poner las bases para un cambio drástico de modelo de movilidad que permita reducir sensiblemente la contaminación en los próximos años. Para Ecologistas en Acción esto es un error grave que acabaremos pagando la ciudadanía no solo con nuestra salud, sino también con nuestro dinero.