Ante la votación de mañana en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia-Perú, la Plataforma Justicia por Colombia -en la que participa Ecologistas en Acción- y otras ONG han lanzado una acción urgente para que los parlamentarios voten en contra.

Numerosas redes, sindicatos y plataformas de la sociedad civil europea y latinoamericana, que representan a millones de ciudadanos, han enviado innumerables cartas, informes y peticiones a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, demandándoles que no den su voto a un acuerdo comercial que agravará la dramática crisis de los derechos humanos en Colombia y Perú, e incrementará la pobreza, la precariedad y el paro en ambos continentes.

«Hacemos un llamado a la ética de las diputadas y los diputados: si no quieren profundizar con su voto las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Colombia y Perú, así como los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Estado colombiano, y muy especialmente las Fuerzas Armadas que operan junto con los grupos paramilitares, entonces no ratifiquen mañana el tratado comercial con Colombia», apela la Plataforma Justicia por Colombia.

Esta petición se basa en la preocupación por las dramáticas consecuencias que este acuerdo comercial puede tener en los derechos humanos en Colombia.

Los miembros de las fuerzas armadas y la policía sospechosos de haber cometido graves violaciones de derechos humanos podrían eludir la acción de la justicia gracias a la reforma constitucional prevista en Colombia, como afirmó Amnistía Internacional. El país más peligroso para sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos del mundo endurecerá el sistema de justicia militar, que ha garantizado en el pasado la casi total impunidad de los miembros de las fuerzas armas y la policía que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Cada semana se repiten trágicos acontecimientos reafirmando que el Gobierno colombiano se está burlando de los Tratados Internacionales de derechos humanos. Según la Fiscalía General de Colombia, por ejemplo, el número de víctimas de los paramilitares -las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- desde su creación en 1997 hasta 2006 es escalofriante: 173.183 asesinatos.

¿Dará el Congreso de los Diputados su visto bueno a un acuerdo comercial que favorecerá la impunidad de los responsables por masacres, ejecuciones y desplazamiento forzado, así como el lavado de dinero del narcotráfico y del crimen organizado?”, se pregunta la Plataforma Justicia por Colombia que integran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Comité Oscar Romero, Ecologistas en Acción, Fundación Mundubat, IEPALA, OSPAAAL y Paz con Dignidad.
Como ya ha sido mostrado a través de numerosos estudios, este Tratado de Libre Comercio no beneficia ni a la ciudadanía colombiana y peruana ni a la europea.

El acuerdo comercial permitiría que las empresas multinacionales se beneficien de condiciones de trabajo sin garantías y de un sistema financiero desregulado y fraudulento. Ello tendrá devastadores efectos, tanto para las poblaciones más vulnerables como para el medio ambiente. Existen evidencias que varias corporaciones multinacionales han apoyado a grupos armados ilegales en Colombia para cometer crímenes contra sindicalistas u otros grupos defensores de derechos humanos.