La aprobación de la reforma de la Ley de Costas supone la muerte del litoral como espacio público. El Partido Popular aprovechó su mayoría absoluta para dinamitar el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente adecuado, proclamado en el artículo 45 de la Constitución Española.
Hace 44 años se aprobó la primera Ley de Costas de la legislación española. La ley de 1969 se produce en un contexto económico y social donde la apuesta decidida del régimen franquista por el turismo como forma de obtener los ingresos necesarios para equilibrar la balanza de pagos era evidente (ver Ley 197/1963, de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional). En consonancia con lo anterior esta Ley permitía y promovía la propiedad privada en el litoral. Las consecuencias de esta apuesta decidida por el interés económico a costa del litoral, se reflejan claramente, 19 años después, en la exposición de motivos de la Ley de Costas de 1988: Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo…, vías de transporte de gran intensidad…, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los caso. .
Entre 1986 y 1988 con el lema Recuperemos la costa, el Ministerio de Obras Públicas iniciaba una campaña en la que se daban a conocer las líneas básicas de la nueva ley que se estaba tramitando en el Parlamento. Así en julio de 1988 se aprobaba la Ley de Costas que hasta hoy y durante 25 años a estado vigente. Esta ley recogiendo el testigo de lo proclamado por la C.E. en los artículo 45 y 132, apuesta decididamente por el interés general, proclamando la recuperación del litoral para el uso de todos y para todos, y priorizando su conservación y protección por encima del interés económico de determinados sectores.
25 años después de la Ley de Costas del 88, se ha determinado cuál es la parte de todos en casi todo el litoral español, se ha determinado qué partes privadas están sujetas a un régimen especial por formar parte de un ecosistema frágil y dinámico que es de todos, se han recuperado para todos, al menos jurídicamente, partes del litoral que habían sido indebidamente sustraídos e intencionadamente deteriorados. No obstante, en muchos casos la situación no ha mejorado, pero seguramente habrá que buscar las causas no tanto en el instrumento legislativo, sino más bien en la herencia privatizadora adquirida de la Ley de 1969, en la frenética y vertiginosa actividad licitadora de Ayuntamientos y Corporaciones locales costeras para financiarse y enriquecerse a costa de lo que es de todos, y a la timorata e irresponsable gestión que en algunos casos, la Administración Central ha llevado a cabo sobre el litoral.
Con una mayoría absoluta y en un contexto de crisis, el gobierno del PP ha aprobado la reforma de la Ley de Costas de 1988, bajo el cínico título de “Ley de Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas”. Sin ningún tipo de pudor reconocen en su propio discurso que: La reforma de la Ley de Costas responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental. Nota de prensa del 8 de mayo de 2013. Gabinete de Prensa del MAGRAMA. El orden de prelación de lo expuesto, no deja lugar a dudas de cuales son las verdaderas intenciones de la reforma; primero el “interés general” del desarrollo económico, y luego la seguridad jurídica de las personas que son titulares de propiedades privadas dentro del litoral de todos.
El derecho de todos a disfrutar de un medioambiente litoral adecuado para el desarrollo de todas las personas, junto al deber de las Administraciones y ciudadanos para con la conservación y protección del mismo, sucumben ante la primacía de la lógica económica, tan conveniente en estos momentos de crisis. En 1969 el interés general era exclusivamente el desarrollo económico, 44 años después el Gobierno del PP con su mayoría absoluta impone a todos los ciudadanos como antaño, un lógica donde el litoral se convierte en un recurso para el uso y explotación económica de unos pocos.
Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción instamos a la ciudadanía canaria a que reflexione sobre el trasfondo de esta reforma, porque lo que está en juego es nuestro litoral: un espacio de todos y para todos.
