Colectivos ciudadanos y ecologistas se felicitan por la noticia. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha dado marcha atrás en su pretensión de instalar en el municipio una planta de tratamiento de residuos urbanos ambientalmente inviable y contraria al ordenamiento sobre residuos actualmente vigente. No obstante, el consistorio pretende que la planta pueda instalarse en otros municipios, mercadeando con una tecnología despilfarradora de recursos y que impide la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos.

Mediante un enrevesado comunicado carente de contenido, el concejal de medio ambiente, Fausto Fernández, anunció en el Pleno Municipal del 25 de abril, diversas razones técnico-económicas para no impulsar la construcción de la planta en Rivas Vaciamadrid. A juicio de los colectivos ciudadanos y ecologistas detrás de esta decisión puede estar el temor del equipo de gobierno municipal de enfrentarse a la oposición ciudadana, especialmente ante la promesa del alcalde José Masa de hacer una consulta pública en todo el municipio. Esta marcha atrás del Ayuntamiento es considerada como una victoria por parte de los colectivos que han rechazado el proyecto desde que fue conocido.

Sin embargo en la propia declaración se manifiesta el interés del Ayuntamiento en participar en la comercialización de este sistema de tratamiento de residuos en las mancomunidades de Madrid, en todo el Estado y en el ámbito internacional. De modo que la planta que el Ayuntamiento no quiere en su municipio podría construirse en otros lugares próximos, como por ejemplo en Loeches, si la instalara la Mancomunidad del Este a la que Rivas lleva sus residuos desde hace poco.

De esta forma el Ayuntamiento trata de vender y conseguir réditos económicos de una tecnología que no quiere para su municipio pero que no tiene ningún reparo en que otros se la lleven para sí.

Por otro lado, el comunicado leído por Fausto Fernández pone de manifiesto la campaña de propaganda y lavado verde de cara que ha acompañado al proyecto desde su origen, concretamente en lo relativo a la formación de una Comisión de Evaluación de la planta. Sin todavía contar con el dictamen de esta comisión, que debe evaluar la idoneidad ambiental de la planta, el Ayuntamiento ha anunciado la celebración de unas jornadas comerciales para finales de mayo, con el deseo de mercadear con una tecnología antiecológica para el tratamiento de los residuos. Realizar estas jornadas de forma previa a contar con el informe de la Comisión cuadra muy mal con los objetivos de la misma, ya que el Ayuntamiento está anteponiendo la rentabilización comercial de la planta a las consecuencias ambientales que pudieran derivarse de su funcionamiento.

Como desde nuestro punto de vista las consideraciones económicas y de empleo deben estar subordinadas a los impactos medioambientales y de salud que determinadas tecnologías suponen, nos vemos en la obligación de dar a conocer nuestra opinión sobre los mismos, antes de conocer el informe final de la Comisión:

La planta consumirá una gran cantidad de energía para calentar a 120º C el agua y las 120.000 toneladas de residuos. Además producirá centenares de miles de litros de agua tóxica (lixiviados). Todo ello muy superior a los consumos y lixiviados producidos por el tratamiento tradicional de residuos.

La planta dificulta el reciclaje de los residuos al comenzar el proceso por la trituración de los mismos, en lugar de la separación manual tradicional, y el posterior hervido a presión. De esta forma los plásticos, la materia orgánica, el papel y los tejidos sólo son destinados a la valorización energética, siendo los metales los únicos materiales que se pueden reciclar.

Por este reducido reciclaje este tratamiento incumple las prioridades de la jerarquía de gestión de residuos de la Ley 22/2011 que establecen: 1º prevención (reducción) 2º reutilización, 3º reciclaje y sólo en 4º lugar la valorización energética, que se sitúa solo un paso antes de la 5ª eliminación (vertedero).

Una planta que separa industrialmente los residuos envía a la población el mensaje de que no es necesaria la separación previa en distintos contenedores, con lo que los problemas señalados sobre la jerarquía de tratamiento se agravarían todavía más. Tanto es el poder de convicción de este mensaje que ya ha contagiado al propio concejal de medioambiente que en el pleno municipal de la declaración, hizo propaganda de lo bueno que es tratar en la planta la “bolsa amarilla” (la de los envases).

Según se informó en el Consejo de medioambiente, celebrado el 24 de abril, no se propone realizar ninguna incineración, pero además de que la única valorización energética que podrá hacerse de los residuos tratados con esta tecnología está considerada legalmente como incineración o coincineración, una vez vendida la planta ¿el Ayuntamiento de Rivas puede impedir que no se incineren directamente todos los productos con poder calorífico, cuando cada vez aparecen mas ofertas para hacerlo, por ejemplo en la cementera de Morata?.

Por último y en estas condiciones medioambientales, nos parece rechazable que el Ayuntamiento de Rivas se preste a hacer y dar negocio a una empresa privada como Ecohispánica, utilizando para ello el perfil ecológico de la “marca Rivas”, fruto del esfuerzo y conciencia medioambiental de la ciudadanía.

Por todas estas razones creemos que la planta no se debe construir en Rivas y tampoco venderse y apostar por el cumplimiento estricto de la jerarquía legal que prioriza la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos, avanzando hacia políticas de residuos cero.

Firman: ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, Frente Cívico de Rivas, GRAMA, Jarama Vivo y Rivas Aire Limpio.