Alegaciones al EPRI del Guadalquivir

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) anunció, hace 3 meses a través de su web, la apertura del periodo de exposición pública de este Documento con el objeto de definir las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación del Guadalquivir.

La EPRI selecciona las zonas con mayor riesgo de inundación, que son conocidas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS), detectándose un total de 107 en toda la Demarcación. El objetivo que fija la CHG es la de elaborar los Mapas de Riesgo y Peligrosidad y antes de 2016 esté concluido el Plan de Gestión de Riesgo, tal y como establece la Directiva europea.

Para Ecologistas en Acción, las inundaciones y las grandes avenidas de los ríos son fenómenos naturales bien conocidos que se suelen repetir con periodicidad en nuestras latitudes. A veces cada 100 años, a veces más, pero el caso es que las sequías que se alternan con las avenidas hacen flaquear nuestra débil memoria. Y para ello seguimos empeñándonos en vano en reconquistar el terreno de los ríos, sin querer pensar que la avenida, tarde o temprano, llegará.

Las lluvias torrenciales ocurridas en Andalucía durante los últimos años han puesto de manifiesto el daño que causan los cultivos intensivos de frutales (olivos, naranjas,…) en las cuencas de nuestros ríos. A corto plazo, debido a su mínima capacidad de tamponar, las lluvias torrenciales hace que se aneguen rápidamente las partes más bajas de los valles. A largo plazo, las consecuencias son la pérdida de suelo fértil y la colmatación de los estuarios de altísimo valor ecológico.

Tampoco podemos dejar de mencionar la mal llamada “limpieza de cauces” que lejos de combatir las inundaciones, las agravan. Se trata de un término eufemístico que se adopta para no precisar que estas obras consisten en canalizaciones, rectificaciones y dragado de los cursos fluviales. Las actuaciones que se llevan a cabo actualmente bajo el epígrafe de actuaciones hidrológico-forestales, lo que consiguen en el mejor de los casos, es trasladar el problema a algún tramo de río situado aguas abajo.

Otro factor aún más importante que los anteriores ha sido el desgobierno territorial respecto al caos urbanístico, es decir, ante las construcciones en dominio público hidráulico y en zonas de alto riesgo de inundación. Ni siquiera en el Plan Hidrológico del Guadalquivir aprobado el 13 de diciembre de 2012 en el Consejo Nacional del Agua se le presta la atención que merece este fenómeno, es más, la tradicional y todavía creciente ocupación desordenada de llanuras de inundación sigue requiriendo una atención e intervención mayor por parte del organismo de cuenca. Por otra parte, cada vez se dejan sentir con más intensidad las consecuencias del sellado e impermeabilización de suelos, con impacto en procesos de hidrología urbana que crean nuevas situaciones de riesgo o agravan las existentes.

Durante estos últimos años en el que el fenómeno de la ocupación de las llanuras de inundación y del dominio público hidráulico ha ido en aumento, hemos podido comprobar por las imágenes la enorme tristeza que supone ver a personas que lo pierden todo en pocas horas, teniendo en cuenta además, que son situaciones perfectamente evitables. Estas viviendas están asentadas, con el consentimiento -cuando no con el impulso- de la Administración (Estatal, Autonómica y Local), en los cursos medios y bajos de los ríos, concretamente en las vías de desagüe de los torrentes y arroyos y sobre las llanuras de inundación.

Por último, habría que tener en cuenta el análisis y la valoración de las consecuencias del cambio climático en la cuenca, aspectos que a nuestro juicio no se han recogido con suficiente rigurosidad en el Plan Hidrológico. La planificación del agua no puede seguir ignorando las perturbaciones climáticas que ya están afectando y que, muy probablemente, cada vez afectarán con más intensidad y frecuencia tanto al régimen de aguas, como a la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos.

Ecologistas en Acción ha denunciado en otras ocasiones que la Administración hidrológica no ha completado el mapa de zonas inundables y riesgos de Andalucía, tampoco ha llevado a cabo los deslindes que desde el año 1985 les obliga la Ley, y no siempre ha emitido informes vinculantes sobre los planes de urbanismo y ordenación del territorio.

Por ello le pide al organismo de cuenca que:

- Determine y deslinde todas las zonas inundables teniendo en cuenta para ello un periodo de retorno de al menos 500 años.

- Que se prohiban las construcciones de cualquier tipo en todos los cauces en las zonas de influencia directa de los mismos y en las zonas calificadas como inundables.

- Que los informes que emita la CHG sean vinculantes sobre los planes de urbanismo y ordenación del territorio.

- Que se adopte un Programa de Actuación Integral, donde estén todas las Administraciones, en relación a la ocupación de las llanuras de inundación y del dominio público hidráulico de viviendas de primera o segunda residencia. En ese Plan se incluirá un listado de construcciones e infraestructuras en las zonas de riesgo alto de inundación; no se acometerán ayudas para restaurar viviendas y se le facilitará el acceso a una vivienda a cambio de la cesión del terreno y derribo de la casa.

- Y que se tengan en cuenta el análisis y la valoración de las consecuencias del cambio climático en la cuenca.