La Ley de Renovación Turística arroja luz sobre dos aspectos que se evidencian en Canarias hace tiempo: la falta de imaginación y voluntad política para diseñar modelos socioeconómicos sostenibles, y el factor que condiciona esta ausencia de voluntad política: la indisociable relación político-empresarial de las élites canarias.

El escenario político ha cambiado bastante desde la aprobación de la Moratoria Turística en el año 2003. Entonces, un equipo formado por algunas personas preocupadas por el futuro del Archipiélago elaboró una norma que ponía freno a un sector que se hipertrofiaba a costa de destruirse a sí mismo, y con él al conjunto del territorio. En el año 2009, el ideólogo de la moratoria, Faustino García Márquez, —que el Gobierno de Canarias, presumiendo de conciencia ambiental, había designado como responsable de la Agencia Canaria contra el Cambio Climático— dimitió de ese cargo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes. Esta Ley, cuya intención no era más que desbloquear la moratoria, se encontró con una situación de sobresaturación del mercado turístico y con una crisis que desincentivó invertir en la renovación de la planta alojativa a cambio de construir más camas. Poco después, aquel alarde de conciencia ambiental había perdido todo el sentido, y simplemente desapareció la susodicha Agencia.

En aquel año 2003 ya se valoraba que la densidad turística, sobre todo en las islas más grandes, estaba causando graves problemas ambientales. Y es que hay que recalcar que, al contrario de lo que afirman muchos empresarios que ahora defienden la liberalización absoluta del suelo, no estamos hablando de una decisión inocua, y aquella moratoria no respondió a un “conservacionismo mal entendido”. El suelo es un recurso no renovable, y su pérdida no afecta únicamente a la calidad paisajística del territorio, que también, sino en buena medida a su capacidad potencial de supervivencia.

Ahora, con la Ley de Renovación Turística se pretende dar vía libre a la construcción de nuevos establecimientos hoteleros. Evidentemente, el medio ambiente no se ha recuperado desde el momento en que se hizo el análisis del que partió la moratoria turística. No se ha generado nuevo suelo ni se ha constatado una mejora que invite a aliviar las medidas legales de prevención y control del daño ambiental. Más bien al contrario.

Pero entremos a valorar las supuestas ventajas argumentadas por estos empresarios de “revisar” la moratoria, y que siempre se vinculan a la creación de empleo. Nos daremos cuenta de que estamos cayendo una vez más en una trampa.

Por un lado, la mayoría de los grandes hoteles en Canarias pertenecen a multinacionales que ni siquiera tributan aquí, o de unos pocos empresarios canarios que concentran el poder económico y a los que no parece importarles demasiado el futuro de estas islas. Es más, la sobreurbanización, la degradación ambiental y la saturación del destino aminoran la calidad de la experiencia turística y empobrecen la imagen del territorio que se visita. Pero a los grandes empresarios poco les importa siquiera el futuro económico de Canarias. Ellos simplemente se readaptarán a un nuevo público menos exigente.

Por otro lado podemos analizar la implicación social de estas empresas con Canarias en esta época de altísimas tasas de desempleo. Para ellas la crisis ha supuesto una buena oportunidad de negocio. Sin haber bajado sustancialmente los precios de las habitaciones han precarizado las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Con ello han obtenido un mayor beneficio por unidad alojativa. La evidencia está en que a pesar de que hemos vivido temporadas realmente buenas desde que empezó la crisis, no se contrató a más personal. Es más, la oferta del “todo incluido”, que concentra el gasto en el propio establecimiento, acapara todos los ingresos y despoja al destino de unos capitales que podrían haber ido dirigidos a mantener, e incluso generar empleo en actividades complementarias, y que sí tributan en Canarias.

Es cierto que la construcción y puesta en funcionamiento de un hotel implica la contratación directa de personal. Sin embargo, se hace a costa de destruir un recurso limitado, que además sirve de atractor para el turismo más interesante que puede llegar a estas Islas, y que es aquél que no se interesa únicamente por las instalaciones del hotel. El turismo más interesante y rentable es el que usa el hotel para pernoctar, y el resto del tiempo lo pasa conociendo la isla y dinamizando su economía.

Creíamos que ya había quedado claro que la apuesta por los monocultivos económicos era un riesgo cuyas consecuencias podían ser catastróficas (y la crisis actual con la construcción como monocultivo es un buen ejemplo de ello). Esta medida que -más allá de la cortina de humo que supone la disputa entre las cuatro o las cinco estrellas- sólo viene a dilapidar la moratoria, deja claro que lejos de ser así para nuestros responsables políticos, incide más en ella. O más bien lo que queda claro es quién manda aquí realmente.

¿Y qué papel desempeñan los representante institucionales, supuestos custodios de un territorio que deberían conservar, e incluso mejorar en lo posible? ¿A quién representan?

En el año 2009 Ben Magec – Ecologistas en Acción llevó al Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 45.000 firmas (la Plataforma Tenerife se Mueve, con todo el despliegue económico y el apoyo institucional únicamente consiguió reunir 25.000). Con ella se pretendía afianzar la moratoria ante la amenaza de aprobación de la Ley de Medidas Urgentes. Nuestra propuesta exigía además la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta como solución al estado lamentable en el que se encuentran algunos de los núcleos turísticos de Canarias. Como ocurrió con la que pretendía proteger la costa de Granadilla, no fue siquiera admitida a trámite. Un caso más que visibiliza a quién escuchan realmente estos representantes institucionales, y que evidencia el deterioro de la calidad democrática en Canarias.

Lo sorprendente ahora no es que se elimine otra vez un obstáculo legal a la destrucción de más territorio para favorecer a un sector económico minoritario pero muy poderoso. Lo sorprendente, encima, es que a eso lo llamen moratoria.

Yasmina Encinoso García

Diplomada en Turismo y miembro de Ben Magec – Ecologistas en Acción