Denuncian la política de hechos consumados en el traslado del Mercado del Val

Ecologistas en Acción lamenta la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de iniciar hoy las obras de traslado del Mercado del Val al Parque del Poniente sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la legalidad de dicho traslado, y precisamente cuando la Fiscalía de Valladolid acaba de comunicar la semana pasada sus conclusiones advirtiendo sobre la posible ilegalidad de esta obra, aunque no haya apreciado indicios de delito en las autoridades que la han aprobado.

Los ecologistas recuerdan que la Fiscalía considera que “el uso comercial de las instalaciones, cuya licencia de obras ha sido concedida, no se vería modificado por su carácter provisional, ni por su consideración como equipamiento, y es discutible que, por la vía de los usos colectivos que el artículo 386 PGOUVA contempla, de forma claramente separada del comercial, pueda éste incluirse en equiparación con los quioscos en régimen de concesión, lo cual supondría un uso prohibido por la normativa urbanística”.

Teniendo en cuenta el carácter legal de Plaza Arbolada del Parque del Poniente, su protección por el Plan Especial del Casco Histórico y el informe del propio Servicio municipal de Parques y Jardines, que estima que el uso del parque se va a modificar considerablemente, al quedar dividido en dos zonas, para la Fiscalía “resulta pues que, en vez de un reforzamiento de su carácter de plaza jardín, se puede producir un deterioro del mismo y una importante afectación en su uso recreativo normal, derivada de la instalación del establecimiento comercial en el centro de la plaza”.

Para Ecologistas en Acción, a pesar del archivo de las Diligencias Penales por no apreciar indicios de delito, el Decreto de la Fiscalía ratifica que la edificación aun provisional de un mercado en un parque público especialmente protegido como el Poniente es muy probablemente ilegal; motivo por el que la Concejala de Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, se ha apresurado a iniciar las obras en cuanto ha conocido la petición realizada por la asociación ecologista al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que suspenda dicho traslado.

Los ecologistas califican esta actuación municipal como imprudente, toda vez que una eventual suspensión cautelar del traslado por el TSJ de Castilla y León obligaría a paralizarlo e incluso a desmontar la nave, con el dispendio del medio millón de euros de todos que va a costar la misma y los perjuicios ocasionados a los comerciantes, además de los daños que se van a causar al parque durante las obras.

Aprecian además mala fe en la actuación municipal, puesto que reiteradamente el Ayuntamiento había anunciado que esperaría el pronunciamiento judicial sobre la suspensión cautelar del traslado del mercado. Lo que confirma que por parte del Ayuntamiento no ha existido voluntad real de diálogo y sí de imposición, como ha sido por otro lado la norma en los dieciocho años de Gobierno municipal popular, durante el que se ha aplicado la política de hechos consumados, ejecutando obras luego declaradas ilegales por los Tribunales, antes de que estos pudieran pronunciarse.

Por ello, Ecologistas en Acción considera que los daños y perjuicios para todos derivados de una eventual suspensión judicial de las obras serán responsabilidad personal de la Alcaldesa accidental de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, que con su prepotencia ha impedido el estudio de las alternativas presentadas por esta asociación, como ejecutar la rehabilitación del Mercado en dos fases para evitar trasladar los puestos, o ubicar el mercado provisional en la calle Jorge Guillén o en las Plazas de Portugalete o San Miguel.

Para los ecologistas, la edificación de un parque público nos devuelve a los años negros de la especulación inmobiliaria o al urbanismo de la Marbella de Jesús Gil y Gil, por lo que continuarán sus iniciativas para defender los parques públicos y los espacios naturales protegidos de la arbitrariedad de las autoridades.