En el Día mundial contra la contaminación electromagnética, Ben Magec – Ecologistas en Acción exige un control efectivo de las fuentes de emisión de radiaciones y la realización de estudios técnicos independientes, y propone recomendaciones a la ciudadanía para minimizar la exposición a las ondas.

En el año 2011, el Consejo de Europa solicitó que se tomen medidas frente a la radiación. En esta petición se instó a los gobiernos a aplicar dos principios: ALARA, que propone utilizar siempre la tecnología que emita radiación en los niveles más bajos posibles; y el principio de precaución, que invita a evitar los riesgos cuando existan dudas razonables sobre la inocuidad de una sustancia. Algunos de los efectos más reiterados por estudios científicos como el Informe Bioinitiative (2007), el Estudio Interphone (2010) y el Estudio Europeo Reflex (2004), e incluso de la Organización Mundial de la Salud (2011), entre otros muchos, son el cáncer (en múltiples formas), insomnio y cefaleas, enfermedades neurodegenerativas, infertilidad y otros problemas relacionados con el funcionamiento celular.

Conociendo la situación de proliferación sin control de antenas de telefonía móvil y otras fuentes de emisión (WIFI, Bluetooth, etc.), la Federación ecologista alerta del estado de desamparo en la que se encuentra la ciudadanía, y exige un control efectivo por parte de las administraciones públicas.

Ben Magec-Ecologistas en Acción advierte de que “en muchos casos, las antenas de telefonía están emitiendo ondas muy por encima de los niveles legales permitidos, que ya de por sí son bastante laxos. Encima, no se está respetando siquiera el mínimo de distancia que, por ley, deberían tener estas antenas respecto a colegios y centros infantiles, hospitales y centros destinados a la tercera edad. Para colmo, muchas de estas antenas no cuentan siquiera con los permisos municipales mínimos. Sin embargo, pocas veces actúa la administración para eliminarlas”.

Por otra parte, la Federación exige que la administración, de cara a garantizar la salud pública, realice estudios científico-técnicos verdaderamente independientes de los intereses de las grandes corporaciones de las telecomunicaciones. “De esta manera” añaden “se podrá dilucidar efectivamente de qué manera afectan estas ondas a los seres vivos, aunque ya existen cientos de estudios avalados por científicos y técnicos independientes que certifican la influencia y sus consecuencias negativas”. Pero concluyen que “parece que el Parlamento de Canarias únicamente hace caso a los informes financiados por las grandes empresas con intereses en evitar cualquier veto normativo”.

Para la Federación ecologista, el principio de precaución también debería pasar por minimizar el uso de tecnologías tipo WIFI en colegios públicos, porque “aunque las ondas generadas por estos sistemas inalámbricos son muy débiles, el efecto acumulado de éstas sobre toda la contaminación electromagnética que nos rodea sí que puede dar lugar a patologías. Simplemente se trataría de sustituirlo por cables, tal y como han hecho desde hace años en Suecia o en muchos centros públicos de otros países como Canadá, Francia o Alemania”.