Ecologistas en Acción denunció en 2010 la destrucción de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) entre Osuna y Marchena (Sevilla) que ahora sitúa a España más cerca de una condena económica gracias a unas decisiones políticas tan irresponsables como ilegales.

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Sevilla se ha hecho eco del comunicado por el que la Comisión Europea ha decidido remitir al estado español el denominado “Dictamen Motivado”, segundo y último trámite del Procedimiento de Infracción iniciado en 2011 a instancias de una denuncia de esta organización en 2010 y mediante el cual se informa al país miembro que las alegaciones ambientales indicadas por España para este proyecto no se ajustan a derecho.

Cabe recordar que el proyecto “Eje Transversal Ferroviario de Andalucía” en sus subtramos “Marchena-Osuna I-II” y “Variante de Osuna” afecta gravemente a 16 kilómetros lineales de la ZEPA “Campiñas de Osuna”, al arrasar las escasas zonas de nidificación de muchas especies de aves en Peligro de Extinción como la Avutarda o la Ganga Ortega y partiendo en dos la Laguna de Ojuelos, un hábitat protegido muy escaso y perteneciente al Complejo Endorreico Osuna-La Lantejuela que alberga una importante biodiversidad.

Llama la atención que esos 16 kilómetros de plataforma ferroviaria se encuentren construidos íntegramente en zonas catalogadas como “Sensibles” dentro de la ZEPA, una de las máximas figuras de protección europea perteneciente a la Red Natura 2000, sin que a pesar de ello, se indicara en la Declaración de Impacto Ambiental la existencia de la citada Laguna de Ojuelos, ni diversos impactos sobre las áreas de cría y alimentación de las aves esteparias como la fragmentación y eliminación de sus hábitats o los riesgos de colisión contra los extensos vallados de seguridad y las propias locomotoras.

No obstante, sí existían informes técnicos internos y voces contrarios a la obra que sistemáticamente fueron ignorados por indicaciones políticas seguidas a pié juntillas por un buen número de funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía. Algunos de esos técnicos, políticos y funcionarios mantienen hoy día sus respectivos puestos con el mismo “buen hacer diario” que entonces al frente de los Espacios Protegidos andaluces.

En realidad, con base en la legislación ambiental europea y estatal, el trazado de este proyecto nunca debió transcurrir por el espacio protegido ya que, como era obvio y viene a indicar la Comisión, vulnera distintas Directivas europeas, concretamente la Directiva de Evaluación Ambiental, la de Aves Silvestres y la Directiva Hábitats, incidiendo especialmente en la falta de una “Evaluación Ambiental adecuada” con carácter previo a la aprobación del proyecto.

El Dictamen Motivado señala el “deterioro del Hábitat” como uno de los problemas a resolver y no emplea el término a la ligera ya que en estos espacios no está permitido dicho deterioro excepto en casos de “Interés Público de Primer Orden” bien definidos en la legislación y que no se justificaría mediante un proyecto de estas características.

Cabe por tanto esperar que en el plazo de dos meses, la Comisión traslade la denuncia al Tribunal de Justicia Europeo y se impongan fuertes sanciones económicas hasta que las condiciones del hábitat y las especies no sean restauradas.

Desde Ecologistas en Acción demandamos a las administraciones un ejercicio de responsabilidad y máximo respeto hacia los Espacios Protegidos y la legislación que intenta conservarlos por su importancia ecológica, una importancia que no suplen ni de lejos los intereses económicos ajenos a su gestión sostenible. Demandamos que aquellos que consintieron este atropello ambiental en la ZEPA Campiñas de Osuna sean destituidos o relegados lejos de las decisiones con incidencia ambiental, traducidas a sanciones económicas que pagaremos todos y demandamos también que el trazado de este proyecto y el proyecto en sí mismo, sean revisados urgentemente, restaurándose por completo sus valores ecológicos perdidos.