Rechazan la decisión del CSN sobre el Real Decreto que permite la reapertura de Garoña

Contraviniendo las normas de buenas prácticas, El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable al nuevo Real Decreto del gobierno para la gestión de residuos radiactivos. Se cambia radicalmente el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Las modificaciones están hechas a medida de las necesidades de Nuclenor, propietaria de Garoña, pero tendrán repercusiones sobre todas las instalaciones nucleares y radiactivas españolas. Ecologistas en Acción condena que los intereses del sector nuclear prevalezcan sobre los convenios internacionales, las leyes, el funcionamiento normal del CSN y sobre el interés de la mayoría de la sociedad.

El CSN votó ayer informar favorablemente, con el voto en contra de Cristina Narbona, que ha emitido un voto particular, el Real Decreto de Gestión responsable de combustible gastado. En este nuevo RD se meten de matute nada más y nada menos que una serie de modificaciones importantes del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, piedra angular de la normativa de seguridad nuclear española. Las modificaciones consisten en introducir una nueva figura que es la de cese temporal de funcionamiento y en permitir que una instalación nuclear o radiactiva que haya parado pida una reanudación de su explotación, en el plazo de un año.

Además, se distinguen razones de seguridad de otras para cerrar una instalación nuclear o radiactiva, en clara alusión al hecho de que supuestamente Garoña se ha cerrado por motivos económicos. De esta forma se pasa por alto la estrecha relación entre las razones de seguridad y las económicas, puesto que última instancia la seguridad se mejora gastando más dinero en equipos nuevos y reparaciones.

Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, esta modificación del RINR se hace de forma acelerada, sin un estudio profundo de lo que supone para la seguridad nuclear, contraviniendo todas las normas sobre buenas prácticas emitidas por el Organismo Internacional de la energía Atómica (OIEA), de cuyo convenio España es firmante.

Además no se tiene en cuenta lo que supone que una instalación esté paralizada durante meses en términos de relajación de los trabajadores, ahorro en protocolos de vigilancia, etc.

De esta forma, los intereses del sector nuclear prevalecen sobre los convenios internacionales, las leyes, el funcionamiento normal del CSN y sobre el interés de la mayoría social.

El RD debería dedicarse exclusivamente a la mejora de la gestión del combustible gastado, puesto que es la trasposición de una directiva de Euratom de 2011. Un importante asunto ahora que se está en pleno proceso de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de cañas, con la oposición de la mayor parte de la población de la comarca.




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