Jesús Martín Rodríguez, Alcalde de Valdepeñas, ha conseguido dar un paso más en su empeño de vender trece caminos públicos de su término municipal. El destinatario de la venta será la empresa Cuarto Alto, S.A., que hace tiempo los mantiene cerrados al tránsito de personas, a pesar de su reconocido carácter de públicos.
El pasado 30 de Septiembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y PLJ, 6 abstenciones del Grupo Popular y 1 voto en contra del Grupo Izquierda Unida) el expediente de desafectación de los citados caminos, “alterando su calificación jurídica de dominio público a bien de carácter patrimonial, declarándose parcelas sobrantes”, lo que permitirá al Ayuntamiento, una vez que el Registro de la Propiedad haga constancia de este cambio, venderlos a la citada empresa.
Ecologistas en Acción de Ciudad Real presentó alegaciones cuando se aprobó inicialmente la desafectación de los caminos, sosteniendo que “el régimen jurídico de los bienes de dominio público debe estar inspirado por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad” (Constitución Española, artículo 132), así como que la Ley de Bases de Régimen Local preceptúa que “la alteración de la calificación de los bienes requiere la tramitación de un expediente en el que acredite la oportunidad y legalidad de la alteración pretendida” (LBRL, artículo 81.1); al mismo tiempo recordábamos al Ayuntamiento de Valdepeñas que la pretendida falta de uso de los caminos citados estaba originada por la propia finca, que los mantenía –y mantiene- cerrados, y le instábamos a defender el uso y utilidad pública de esos bienes, que son propiedad de todos y parte importante de nuestra cultura y nuestra historia.
En los considerandos del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se insiste en que los caminos citados “se encuentran en su mayor parte dentro del perímetro de una finca de propiedad privada”, pero esto no es condición para que esos caminos pierdan su carácter público, más aún cuando la realidad es que los caminos “atraviesan” el perímetro de la finca para ir y llegar a otros lugares.
También considera que la legalidad de la desafectación de los caminos “está acreditada por el interés público y que este reside en la falta de uso y la carga que supondría el mantenimiento con cargo a la hacienda municipal de unos bienes y servicios que no tienen ningún uso ni beneficio público”: lamentable contradicción en la que se cae, pues la obligación de las instituciones debe ser que estos bienes sigan teniendo una dedicación al uso común y que por ellos pueda circular cualquiera, aunque no tenga necesidad de acudir a un sitio determinado, aunque sólo sea por el placer de caminar y recorrer los paisajes de nuestra tierra, y mantener esos bienes no debe ser una “carga”, sino un compromiso con sus conciudadanos.
Igualmente considera el Pleno que la oportunidad “se acredita por el interés que suponga para la corporación el que estos bienes pasen a tener un carácter patrimonial, conforme a su situación real”, a lo que deberemos responder que el único interés que tiene este carácter es que los titulares de la finca en cuestión, después de haber mantenido cerrados durante años caminos públicos, ahora se podrán hacer con ellos a un módico precio y que la “situación real” a la que se ha llegado es consecuencia de la dejadez, cuando no la connivencia de las instituciones con los usurpadores de los bienes que son de todos los ciudadanos.
Y que el “interés público” no es sólo que haya unos ingresos para las arcas municipales, sino que las instituciones tengan herramientas que permitan la defensa, el uso y la conservación de lo que es de todos, por encima del interés económico.
Igualmente, Ecologistas en Acción de Ciudad Real lamenta que la Junta de Comunidades no haya intervenido ante los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, ya que en nuestra opinión infringen el ordenamiento jurídico y suponen un caso excepcional en la privatización de los bienes y servicios públicos, pues de esta manera los propietarios de las fincas pasan a poseer “legalmente” los caminos que son propiedad de todos. Habría que recordarles que la Junta de Castilla y León sí ha actuado en un caso similar, requiriendo a un Ayuntamiento, el del Valle de Manzanedo, a que anule acuerdos adoptados relativos a la desafectación y permuta de bienes de dominio público.
Por último, Ecologistas en Acción de Ciudad Real seguirá luchando contra la privatización y el cierre de los caminos públicos con todas las herramientas que pueda tener a su alcance. Lamentablemente, los colectivos ecologistas tenemos que intervenir –como en este caso- en Defensa del Patrimonio Público y del Derecho cuando las instituciones no cumplen con sus obligaciones y se ponen de parte de los usurpadores.
