Nueva ocultación de los riesgos geológicos del ATC

En el pleno del pasado jueves 31 de octubre (que fue grabado en vídeo por Ecologistas en Acción) se escenificó un nuevo intento del Alcalde de Villar de Cañas de ocultar información sobre los graves riesgos geológicos de los terrenos. Durante la sesión plenaria y ante la solicitud, por parte de la concejala de la oposición, del informe geológico encargado por ENRESA, José María Saiz contestó que el Ayuntamiento no lo tenía, faltando a la verdad.

El informe que el alcalde se niega a entregar una vez más (fue solicitado hace días por escrito por Ecologistas en Acción sin respuesta) ha sido citado en varias ocasiones por Saiz ante los medios de comunicación, aportando detalles precisos de su contenido. Además, la secretaria del Ayuntamiento de Villar de Cañas citó públicamente párrafos concretos del mismo: "... falta el párrafo siguiente, el párrafo en el que se aclara que el ATC (13 Has. sobre 52) irá en la zona noroeste, lutitas rojas y arcillas compactas, sin problemas de ningún tipo..."
 [1].

De esta manera, el Ayuntamiento se une a la estrategia del Ministerio de Industria, que negó el mismo informe al diputado de CiU Jordi Jané [2]. Pero esta ocultación está llevando a ambas instituciones y a ENRESA a un callejón sin salida.

Por un lado, la ley les obliga a dar a conocer, a todo el que lo solicite, el informe y cualquier documentación clasificada como "información ambiental", como así dicta la "Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente". Ya que en caso contrario daría pie a diferentes recursos por vía administrativa y judicial con pocos argumentos para la parte demandada. Pero, por otro, una vez conocido el informe, el Ministro Soria y el presidente de ENRESA ya no podrán negar la evidencia de que los terrenos no son adecuados. Un estudio de la empres INGEMA ya ponía de manifiesto estos riesgos [3].

Pero además, los vecinos de la comarca ya no se creen las explicaciones oficiales y ven con creciente preocupación los altísimos riesgos de colocar el cementerio nuclear en unos terrenos geológicamente inestables. Este malestar, se está escenificando en la actividad de la "Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca" que hoy entregó varios cientos de alegaciones en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca. También en la campaña "Si no nos escuchan tendrán que vernos" con gran éxito en las redes sociales.

Ecologistas en Acción exige al Ministerio de Industria que entregue el informe geotécnico elaborado por ENRESA y que, siguiendo las indicaciones de dicho informe, suspenda el proyecto del ATC puesto que, de otra manera, pondría en grave riesgo a la población cercana a la instalación y a la que está conectada por el río Záncara y su acuífero asociado.

En esta línea, Ecologistas en Acción ha hecho entrega esta mañana de un escrito de 14 páginas en la Subdelegación del Gobierno, en contestación a consultas sobre el alcance de la evaluación ambiental del proyecto de ATC. En dicho escrito, se desgranan numerosas irregularidades del procedimiento. Como la decisión política y no técnica en la designación del emplazamiento. O el fraccionamiento en varios proyectos que se han tramitado de forma independiente a pesar su evidente unidad. Otro aspecto es la exclusión en los "Sucesos base de diseño del ATC" de la previsión de impacto de aviones, inundaciones y eventos meteorológicos, a pesar de que son requisitos de la Unión Europea en las pruebas de resistencia a las instalaciones nucleares tras el accidente de Fukushima [4]. Por todo ello, pide la paralización del procedimiento y solicita de nuevo toda la información técnica, especialmente de los terrenos del emplazamiento del ATC (estudios geotécnicos y de otro tipo) que, hasta ahora, se le ha hurtado tanto a la asociación ecologista como a la ciudadanía.

Ecologistas en Acción se opone a la instalación del cementerio nuclear, tanto en Villar de Cañas como en cualquier otro sitio. Defiende que la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC, se hizo de forma antidemocrática, y plantea la suspensión del procedimiento y que no se reabra hasta que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares. De está manera, y cuando se dejen de producir residuos radiactivos de alta actividad y, por tanto, se sepa su volumen y características, sea la sociedad española en su conjunto la que, de forma consensuada, decida el destino de estos residuos para que ocasionen el menor daño posible a las generaciones futuras.