La instalación de un surtidor de gasolina en el casco urbano de Socuéllamos por parte de la Cooperativa Cristo de la Vega contraviene principios elementales de prevención de riesgos ambientales y de seguridad para la población. Puede no ajustarse a la normativa de calidad del aire y apenas va a repercutir en la actividad económica de la localidad. Ecologistas en Acción apoya la lucha de la Plataforma de Afectados por un cambio de emplazamiento de una actividad catalogada de molesta, insalubre, nociva y peligrosa.

La estación expendedora quedaría situada en la Calle General Goded de Socuéllamos, a unos 1000 metros de dos gasolineras, junto a la Ermita-Santuario de la Virgen de Loreto, enfrente del cuartel de la Guardia Civil, muy cerca de viviendas habitadas y de un parque infantil. La Calle General Goded, al ser una de las vías principales de la población, soporta una presión importante de tráfico.

Las actividades comunes de un área de servicio de estas características comporta la recepción, recarga, depósito y repostaje de combustible. El derrame de hibrocarburos, la emisión de vapores formados por compuestos orgánicos volátiles o COVs (como el tolueno y el benceno, en extremo cancerígenos), las emisiones de monóxido de carbono y del resto de substancias aromáticas de los tubos de escape, los malos olores y los niveles altos de ruido infieren situaciones objetivas de peligro, junto a la pérdida de calidad de vida de las vecinas, a tener en cuenta a la hora de validar la licencia municipal. La infiltración al subsuelo, la contaminación del acuífero, la pérdida de calidad del aire, o la probabilidad de explosión (como nos recuerdan recientes episodios acaecidos en Membrilla y en la toledana Cedillo del Condado) no admiten duda; no procede la concesión de este servicio dentro de la población y es el Ayuntamiento de Socuéllamos quien puede y debe impedirlo.

La tramitación administrativa del expediente ha podido incurrir en irregularidades. Ni el promotor presentó alternativas de emplazamiento ni el Ayuntamiento estuvo diligente en la contemplación de requisitos legales que regulan una actividad clasificada de molesta, insalubre, nociva, y peligrosa. Cuando la Plataforma de Afectados por la gasolinera de la Calle General Goded desveló la situación, el equipo de gobierno informó en el Pleno de marzo que la licencia de instalación había caducado. En tan sólo dos meses se reiniciaba el proceso, aceptando a trámite un nuevo expediente de solicitud. Un caso palpable de encubrimiento de intereses corporativos, pasando por encima del interés general, la transparencia y la protección del medio ambiente y la salud pública.

El surtidor proyectado sería de autoservicio, lo que supone un descuido seguro de las labores de mantenimiento, tan importantes para el control medioambiental y de seguridad. A lo que hay que añadir que no generaría empleo.

Y es cuestionable apelar a una “necesidad estratégica” cuando a poco menos de un kilómetro hay en funcionamiento dos gasolineras.

La estación expendedora de carburantes de la Cooperativa Cristo de la Vega debe situarse lejos de la población, a no menos de 2000 metros. La compatibilidad de la calificación urbanística de los terrenos con el tipo de actividad prevista, la provisión de medidas preventivas y de buenas prácticas en la gestión de los residuos y almacenamiento del combustible, y el seguimiento ambiental del Ayuntamiento de Socuéllamos deben condicionar su instalación y explotación.