• Las agrupaciones piden que se aprenda del caso del Prestige y se paren todos los proyectos de exploración en el mar del estado español.
  • En caso de vertido desde una plataforma petrolífera no hay fondo internacional de indemnización de daños como en el caso de buque.
  • Los seguros de las plataformas petrolíferas no están obligados a cubrir intervención de emergencia, limpieza o restauración de los ecosistemas afectados por vertidos.
  • Tampoco las multas resultan disuasorias ni obligan de facto al buen mantenimiento de las instalaciones por parte de las petroleras.

El 19 de noviembre se cumplen 11 años del día en que el buque petrolero Prestige se hundía frente a la costa de Galicia, vertiendo unas 63.000 toneladas de fuel al mar y arrasando 1.600 km de costas gallegas y cantábricas, alcanzando incluso costas francesas y portuguesas a casi mil kilómetros del punto del hundimiento [1]. Esto supuso un desastre para la economía y la salud de estas regiones valorado, en España, en más de 4.334 millones de euros de los cuales sólo las pérdidas y costes para el sector turístico y pesquero supusieron respectivamente 500 y 400 millones de euros [2]

Coincidiendo con este aniversario, las organizaciones firmantes [3] consideran que es necesario extraer una lección de esta amarga experiencia y reclaman que se retiren todos los proyectos de exploración y explotación petrolífera que han proliferado recientemente y suponen una escalada del riesgo de vertidos de hidrocarburos en aguas españolas. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el interés de las petroleras por explorar en el territorio español ha crecido un 80% en los últimos cinco años. Con éste, aumenta también el riesgo de vertidos continuados y catastróficos, especialmente en el caso de exploración en aguas profundas como puede ser el caso del golfo de León, el golfo de Valencia o Canarias [4].

Además, las 13 entidades, denuncian que en caso de que tuviera lugar un vertido de estas características desde una plataforma petrolífera situada en el mar, la situación de desamparo sería aún mayor que en el caso del hundimiento de un buque al no existir ningún tipo de fondo internacional establecido para la respuesta rápida y para cubrir indemnizaciones.

El pasado miércoles la sentencia del juicio sobre el Prestige dictaba la ausencia de responsables. Al no haber responsables, no ha lugar a reclamación. Es decir, después de 11 años, el único fondo del que se ha podido sacar recursos para hacer frente al desastre es el Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, FIDAC. Un fondo al que no se podría apelar en el caso de un accidente en una plataforma petrolífera.

Como demuestra el documento aportado por las agrupaciones, “Responsabilidad civil y régimen de indemnizaciones en España en caso de vertido desde una plataforma petrolífera en el mar” [5], hay varios niveles de acuerdos europeos y legislación nacional que dirimen las sanciones, multas y la responsabilidad civil en caso de accidentes de plataformas petrolíferas con vertidos, pero ninguna contempla que la empresa deba hacerse cargo por completo de todos los gastos y costes generados por los impactos generados a la sociedad y a los sectores económicos afectados a medio y largo plazo.

Las plataformas están obligadas a tener seguros para garantizar que los operadores puedan pagar las consecuencias de un accidente, pero estos no tienen que cubrir, por ejemplo, ni la intervención de emergencia, ni la limpieza o la restauración de los ecosistemas afectados.

Además, tampoco las multas resultan disuasorias ni obligan de facto al buen mantenimiento de las instalaciones por parte de las petroleras. De hecho impulsan a las compañías a primar el beneficio frente a la seguridad.

A modo de ejemplo, la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental en España establece un máximo de 2 millones de euros para multas en caso de infracciones muy graves. Esas con cuantías muy bajas ya que, es equivalente al coste de menos de dos días de operación de una plataforma petrolífera exploratoria [6].

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos establece otras sanciones que pueden variar hasta un máximo de 30 millones de euros en caso de infracción muy grave. Sin embargo, estas cuantías tan elevadas no se aplican. Por lo tanto, las compañías perciben una clara señal por parte del Estado de que les saldrá siempre más rentable asumir riesgos que asegurar un control estricto de sus operaciones e instalaciones. Un caso evidente de esto son las instalaciones de extracción de petróleo de Repsol en Tarragona, que por causar una mancha de 19 km2 de crudo en diciembre de 2010 tan solo se vio multada con 30.000€.

En este contexto de indefensión y de manifiesta incapacidad del marco legal actual para identificar los responsables y asegurar la plena protección de la sociedad, el medio ambiente y de los sectores económicos ante el riesgo de un vertido catastrófico de hidrocarburos, las 13 entidades firmantes, piden que no se concedan los permisos ambientales a ningún proyecto de exploración o explotación de hidrocarburos en la costa española.

Notas

[1] El 13 de noviembre de 2002, el buque petrolero Prestige, con una carga de 77.000 toneladas de petróleo valoradas en 60 millones de euros, sufrió un accidente mientras navegaba frente a la costa de la Muerte, en el noroeste de España. Tras ordenarse su alejamiento de la costa gallega, y después de varios días de maniobras infructuosas, en condiciones de mala mar, se hundió finalmente a unos 250 km del litoral. Su naufragio provocó un vertido de unas 63.000 toneladas de fuel, siendo la marea negra resultante una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de la navegación. Y ello no sólo por la cantidad de material contaminante liberado, sino por la enorme extensión del área afectada, una zona comprendida desde el norte de Portugal hasta el suroeste de Francia, afectando con especial gravedad a las costas de Galicia y ocasionando un importante daño económico al sector pesquero, al marisquero, al turismo, etc. Para más información, ver documento de la nota (5).

[3] Agonane, Alianza Mar Blava, Associació de Naturalistes de Girona, Aturem les prospeccions a la costa catalana, Campanya d´Afectades per Repsol – Repsolmata, Club de la Bici Verde, Ecologistes en Acció Catalunya, Ecologistes en Acció País Valenciá, El guincho – Ecologistas en Acción, Federación Ecologista Canaria Ben Magec- Ecologistas en Acción, IAEDEN – Salvem l'Empordà, Projecte NINAM y Sublímits

[4] Se trata de un conjunto de proyectos de diferentes petroleras a lo largo de toda la costa española, desde el golfo de León hasta las Islas Canarias, pasando por el delta del Ebro, el golfo de Valencia, el mar de Alborán, el golfo de Cádiz o el mar Cantábrico que, de llevarse a cabo, constituirían unos puntos negros de vertidos continuados y potencialmente catastróficos de hidrocarburos frente a la costa.

[5] (5) “Responsabilidad civil y régimen de indemnizaciones en España en caso de vertido desde una plataforma petrolífera en el mar”. https://docs.google.com/document/d/1ARDYaj2kjcq11cudxnWrhX2FNQYCWCST4UhUAjsjE_o/edit?usp=sharing

[6] La petrolera British Petroleum estaba pagando casi un millón y medio de euros al día para operar con la plataforma de exploración Deepwater Horizon en el golfo de México en 2010. Una de las con-causas identificada por los expertosde la catástrofe del vertido de la plataforma de BP en el golfo de México fue precisamente la priorización del ahorro de costes y tiempo en las operaciones, en detrimento de la seguridad.
Para ampliar información: Informe del Comité MaB Unesco sobre impacto de las prospecciones en Canarias, http://lanzarotesostenible.com/wp-content/uploads/2013/11/ReportSpainMABoilCanaryproject.pdf