Extraccion ilegal de aguas en el acuífero 23

Ecologistas en Acción considera indignos de un estado de derecho los acontecimientos protagonizados ayer por agricultores, ASAJA, la Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha y, a última hora, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en relación con la tramitación de expedientes sancionadores por extracciones ilegales de agua en el acuífero 23 en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tal y como hasta ahora estaba haciendo a través de su Comisaría de Aguas, tiene la obligación legal de tramitar cuantos expedientes sancionadores sean necesarios para penalizar las actuaciones ilegales en materia de aguas de las que tenga conocimiento y que vienen protagonizando agricultores en el Acuífero 23. De no actuar de ese modo, se estaría incurriendo, como mínimo, en un delito de prevaricación.

En este sentido, las movilizaciones promovidas por los agricultores denunciados y por ASAJA y las manifestaciones de la Consejera de Agricultura de la JCCM exigiendo una moratoria en la tramitación de los expedientes sancionadores no pueden entenderse sino una presión intolerable para que la CHG actúe contraviniendo las leyes. Y todo ello para favorecer de esta manera a un colectivo muy concreto que ya ha dado numerosas muestras de radicalismo, intolerancia y falta de escrúpulos a la hora de defender sus intereses, aunque con ello se contravengan leyes y se perjudique a otros colectivos, al abastecimiento a poblaciones y al medio ambiente.

La moratoria en la tramitación de los expedientes sancionadores que se exige y que al parecer negociaron en su momento el Presidente de la Junta, D. José María Barreda, y el Ministerio de Medio Ambiente, y que ahora se quiere sustanciar, no es una figura legal recogida en nuestro ordenamiento. Al contrario, los expedientes sancionadores tienen sus plazos y modos de tramitación que obligan a la Administración y que han de cumplirse escrupulosamente para que no caduque o prescriba la infracción. En el caso de que de forma deliberada se produzca una moratoria en un expediente, y con ello se hiciera imposible la sanción de un acto ilegal, quienes hubieran participado en dicha situación podrían estar cometiendo un delito de prevaricación.

Ecologistas en Acción considera que a cualquier persona de bien, le resulta increíble que personas concretas y ASAJA exijan que no se actúe contra quienes han podido cometer graves irregularidades extrayendo agua ilegalmente en situación de sequía y en un acuífero declarado sobreexplotado como es el 23, contraviniendo con ello la legislación de aguas.

Pero resulta todavía más increíble que quienes tienen que ser valedores de las leyes, esto es, el Presidente de la Junta de CLM y la Consejera de Agricultura, y también de Medio Ambiente en funciones, atiendan y se sumen a peticiones tan indignas y, no sólo eso, sino que pidan la dimisión de un funcionario, el Comisario de Aguas de la CHG, que no hace otra cosa que cumplir con su obligación.

Igualmente resulta inaudita la actitud que está adoptando el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que parecen dispuestos a negociar una moratoria rectificando así sus decisiones iniciales.

Ante la gravedad de los hechos que se están produciendo, en los que cargos públicos y privados podrían estar induciendo a la comisión de delitos, Ecologistas en Acción entiende que debe de actuar la Fiscalía inmediatamente y que quien tiene que dimitir o ser cesado, no es el Comisario de Aguas, sino el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Consejera de Agricultura, y de Medio Ambiente en funciones.

En este segundo caso resulta particularmente aberrante y bochornoso que Mercedes Gómez se decante de forma tan entregada en favor de los intereses particulares de un colectivo de agricultores y que deje de lado la defensa de los intereses del conjunto de los castellano-manchegos y del medio ambiente de cuya protección se supone que es la encargada ahora a nivel regional.

Por último, Ecologistas en Acción exige al Ministerio de Medio Ambiente y a la CHG que actúen conforme a las leyes, denunciando a quienes las incumplen, y realizamos un apoyo explícito a la labor del Comisario de Aguas, D. Ramón Gallego, quien debe ser mantenido en su puesto y protegido de las presiones indecentes que está sufriendo.