Con el Título de “Las agresiones a la biodiversidad también es violencia contra la mujer”, se ha realizado en la ciudad de Santiago de Chile el 28 de noviembre el V Tribunal Ético organizado por ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas).
En este su ya quinto año de denuncias y después de la mística inicial que daba comienzo al evento, la Directora de Asalariadas de Anamuri, Alicia Muñoz, introdujo la situación de violencia doméstica, económica y política que viven las mujeres en Chile y como la misma es un reflejo de la violencia sobre los cuerpos, el trabajo y el territorio, por parte del patriarcado y el capitalismo.
Ecologistas en Acción pudo conocer de primera mano los testimonios y casos desde el Norte hasta el Sur del país que nos relataban diferentes integrantes de organizaciones campesinas locales sobre el abuso e impunidad de las grandes transnacionales del agronegocio, que, con la complicidad del gobierno, intervienen en sus vidas y territorios. Desde la Red de Mujeres Rurales y Afrodescendientes de Arica se denunciaban la tala indiscriminada de olivos – fuente de alimento y sustento –, la contaminación de las napas subterráneas por los pesticidas utilizados, así como el agotamiento de los recursos hídricos; todo eso llevando al incremento de casos de cáncer por parte de las industrias productoras de semillas (Pioner y Syngenta). Desde la región del Maule, se denunciaban las fumigaciones constantes por avionetas de casas y huertos familiares, contaminando el agua y envenenando a las personas. También se denunció el trabajo asalariado explotador de menores de edad por parte de estas transnacionales. Las Unión Comunal de Mujeres de Ancud de la Isla de Chiloé, denunciaba el impacto diferencial en las mujeres de la monopolizada industria salmonera, la pesca extractiva y la recolección del musgo pom-pom en la isla: explotación laboral, bajos salarios, condiciones inhumanas, acoso, pérdida de empleo, contaminación extensiva de las costas por los antibióticos y antiparasitarios, aumento de la carga de trabajo “doméstico” en las mujeres (al salir los hombres a realizar el trabajo asalariado), escasez de pescado y encarecimiento de los precios, enfermedades pulmonares, desertización del suelo…. Desde la Araucanía, se denunciaba como las industrias forestales (invadiendo con plantaciones de pino y eucaliptos para la industria del papel y de la madera) estaban expulsando a los mapuches de sus tierras ancestrales, acabando con los recursos hídricos, contaminando las aguas, fumigando, acabando con las plantas tradicionales. El hecho y acto de decidir continuar en su tierra ya era parte de la resistencia que el gobierno criminalizaba y punía como terrorismo, aplicando una legislación de herencia pinochetista. Desde la Red de Acción en Plagicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), se expuso la piratería por parte de Monsanto y otras compañías sobre las semillas autóctonas y la presión para la aprobación en el país de la Ley de Obtentores Vegetales. Esa ley, que se encuentra en plena discusión, pretende prohibir la guarda y el intercambio de semillas, y va a suponer el monopolio y concentración del negocio, llevando al alza los precios de las semillas y de los alimentos y a un incremento de la inmigración rural lo que inevitablemente traerá un mayor empobrecimiento.
A raíz de todos esos testimonios, el Tribunal Ético formado por Camila Montesinos (integrante de GRAIN y asesora de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina), Mª Elena Rozas (Directora de RAP-AL) y el Padre Alfonso Baeza (Ex – Vicario de la pastoral obrera), concluyó que:
- Fueron vulnerados los derechos a la salud, a la alimentación, a emprender una vida económica con libertad, a un medio ambiente limpio, a la libertad de decidir vivir en paz y decidir qué vida tener, a vivir en un territorio y permanecer en él, a la igualdad ante la ley, a la información, a intercambiar, cuidar y reproducir sus propias semillas. Estos derechos han sido conculcados de forma individual y colectivamente y suponen igualmente agresiones diferenciadas a las mujeres.
- Señalar como responsables de esta vulneración a: El Estado Chileno y todos sus poderes por no evitar, subsidiar y promover a estas empresas para que ocurran estos quebrantamientos. A las empresas Monsanto, Syngenta, Dupont, Pioner, Dow, Unimarc, Anasac, y un largo etc. por causar esas violaciones. Al sistema económico capitalista que fomenta la desinformación y la pasividad en las poblaciones afectadas.
- Hace un llamado a trabajar por la prohibición de las fumigaciones, los transgénicos y los pesticidas, evitar la expansión del monocultivo, evitar la tala de olivos, la derogación de la Ley de Pesca, la paralización de la Ley Monsanto y la implementación efectiva del Convenio 169 de la OIT.
Con el emplazamiento a la Jornada de lanzamiento de la Campaña contra los Agrotóxicos que matan en Chile, se dio por concluida la sesión de este V Tribunal Ético.
