El medio ambiente en Castilla-La Mancha

Un diagnóstico preocupante, que se agrava con el último Gobierno regional.

Federación de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Revista El Ecologista nº 79.

En este artículo presentamos una radiografía del estado ambiental actual de Castilla-La Mancha, introduciendo los principales problemas de la región, analizando sus causas para aprender de los errores, y reflexionando sobre los cambios que deben darse para revertir la grave crisis ambiental a la que nos enfrentamos.

Castilla-La Mancha es una de las regiones más extensas y con menos densidad de población del Estado, que alberga un gran abanico de ecosistemas con una enorme biodiversidad. Este patrimonio natural ha provisto de recursos esenciales para la vida a nuestros antepasados y ha permitido el asentamiento de prósperas comunidades en torno a estos recursos, que son la principal riqueza de esta tierra. Sin embargo, a medida que la sociedad industrializada ha ido desvinculando cada vez más al ser humano del medio natural en el que vive, también hemos ido perdiendo la conciencia de la interdependencia entre nuestra especie y todas las demás especies que mantienen nuestros ecosistemas. De esta manera, la carrera desarrollista de nuestra sociedad ha supuesto generalmente una degradación del medio natural, y en nuestra región, también del rural.

La degradación de la naturaleza y la involución en los valores ambientales se ha acentuado aún más en las últimas décadas del capitalismo financiero, en las que la economía productiva, que tradicionalmente había servido para proveer a las poblaciones de los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, ha sido desplazada por la economía financiera especulativa. Un nuevo paradigma económico que se caracteriza por mercantilizar cualquier bien o servicio y especular con el único objetivo de aumentar aún más las tasas de beneficio para el lucro de una minoría, sin importar el interés social o las consecuencias medioambientales de las inversiones, y sin tener en cuenta los límites físicos del planeta. Como veremos, en nuestra tierra, esta especulación se ha dado en todos los frentes, desde el sector inmobiliario hasta el sector primario.

La entrada en 2011 de un nuevo Gobierno en Castilla-La Mancha de perfil claramente conservador, reformista y ultraliberal, está suponiendo una vuelta de tuerca si cabe más intensa a las políticas que nos alejan de la sostenibilidad. A la espera de que se recupere la capacidad financiera para seguir el mismo modelo desarrollista que ha desembocado en esta crisis, los políticos que detentan el poder en Castilla-La Mancha se están aplicando en el recorte a las políticas sociales, incluidas las medioambientales, en el reformismo normativo en favor de los grupos de interés económico o social más radicales y en mantener viva la llama de proyectos de gran impacto e iniciativas a favor de tradiciones más propias del siglo XIX que del mundo actual.

A continuación damos un repaso a algunos casos emblemáticos que confirman este panorama general descrito.

Política: corrupción y lobbycracia

En pocas palabras, se puede decir que el grave deterioro medioambiental y también social que ha sufrido Castilla-La Mancha en las últimas décadas es el fruto de unas políticas al servicio de los intereses de las grandes empresas y fortunas, y en detrimento de los derechos ambientales y sociales del resto de la población.

La presión de los lobbies empresariales ha encontrado un terreno abonado para la corrupción y la prevaricación en la clase política manchega. La reforma de la ley regional de urbanismo para favorecer la especulación inmobiliaria; la concesión de obra pública por amiguismo y clientelismo; la sumisión a los dictados de las grandes empresas energéticas en la ubicación del cementerio nuclear en Villar de Cañas o en la concesión de prospecciones para la fractura hidráulica de nuestro suelo; el intento de venta del monte público a los grandes latifundistas; la privatización de la gestión de los hospitales; el fraude en la compra-venta de derechos de riego y la concesión de subvenciones a los grandes terratenientes de Asaja; o una gestión de espacios naturales más pensada para la explotación cinegética que para su protección y disfrute, demuestran una y otra vez que en esta región se legisla y actúa a golpe de talonario.

El maridaje entre políticos y empresarios castellano manchegos, que se ha dado de manera cada vez más impúdica como perfectamente ejemplifica el matrimonio Cospedal - López del Hierro, ha sido el principal responsable de la actual crisis socio-ambiental de nuestra región, y por tanto, su denuncia y erradicación debe ser el primer paso para salir de ella.

Urbanismo: especulación e irracionalidad

En el terreno urbanístico, aunque nuestra región no puede compararse a la barbarie del litoral mediterráneo, tampoco nos hemos librado de los grandes megaproyectos promovidos por el afán especulador. Ninguna provincia se ha salvado de la multitud de PAU surgidos al albor de la reforma de la Ley regional de urbanismo, especialmente en la zona limítrofe con Madrid de Toledo (comarca de la Sagra) y Guadalajara (comarca de la Campiña). ¿Quién no conoce el PAU del Quiñón construido por el famoso Pocero en Seseña? Un proyecto que contemplaba la construcción de 13.000 viviendas, de las cuales ya se han construido más de 5.000, en un pueblo de poco más de 19.000 habitantes, que se ha convertido en el paradigma de los pelotazos inmobiliarios. La mayor parte de estos proyectos se han aprobado en fraude de ley, a golpe de sobornos y corruptelas, sin garantizar la dotación de suministros básicos, y por supuesto, forzando los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Mención especial requieren la miríada de complejos turísticos y residenciales que han proliferado en torno al reclamo de los campos de golf para uso y disfrute de los más pudientes. Muchos de ellos en lugares de especial protección ambiental de la Red Natura 2000, como ocurría con el felizmente abortado Reino de Don Quijote de Ciudad Real, y en algunos casos hasta con declaraciones de impacto ambiental negativas como el campo de golf de Torrenueva que actualmente se encuentra operativo. Una apuesta, a todas luces, absurda e irracional en una tierra donde el agua es un bien escaso.

Pero sin duda, el mayor exponente de la irracionalidad urbanística ha sido el fallido aeropuerto de Ciudad Real, construido sobre una zona ZEPA, y que supuso la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha y un agujero sin precedentes para las arcas de públicas.

Sin embargo, y a pesar de todos los tropiezos, parece los castellano manchegos no aprendemos la lección y seguimos demandando la construcción de más infraestructuras para salir de la crisis, cediendo al chantaje de la creación de empleo del desarrollismo.

Transporte y movilidad. Energía y cambio climático

A pesar de ser una región fundamentalmente rural, la ubicación centrada en la Península y cercana a la megalópolis madrileña, le confiere, desde el punto de vista de la movilidad y la contaminación atmosférica asociada, unas características poco sostenibles. Por Castilla-La Mancha discurren buena parte de las autovías y autopistas de peaje radiales (ahora a punto de ser rescatadas), las líneas de AVE que comunican todas las capitales de la región, así como Puertollano con Madrid y se ubican dos aeropuertos vacíos, el de Albacete y, especialmente, el de Ciudad Real, que ha costado más de 1.000 millones de euros. Sin embargo, en el nuevo plan de infraestructuras del Gobierno central, PITVI, y en los planes regionales permanecen en la lista de obra nueva autovías como la Toledo-Ciudad Real (recientemente reactivada), Ávila-Cuenca-Teruel, Cuenca-Albacete o Tarancón-Guadalajara. Demostrando que las políticas de derroche e irracionalidad en las infraestructuras de transporte se mantienen y que podrían ser una realidad en cuanto las arcas públicas remonten ligeramente. Sin embargo, el ferrocarril más social (como el regional de Cuenca y el de Guadalajara) agoniza por falta de inversión.

Buena parte de los residuos del mundo urbano terminan en Castilla-La Mancha. Así, tres cementeras en la comarca de la Sagra (Toledo) incineran residuos de diferentes tipos usándolos como combustible, habiéndose ampliado recientemente los volúmenes autorizados. Mención aparte merece el complejo petroquímico de Puertollano, foco de contaminación persistente en donde apenas se han tomado medidas a pesar de continuas superaciones de los límites legales en ozono y partículas.

Aunque la central nuclear de Trillo (la única activa de la región) es una fuente permanente de preocupación, se han desarrollado de forma muy importante las energías renovables (sobre todo eólica y fotovoltaica) en los últimos años. Pero la actual política energética está desmantelando el sector (especialmente las Pymes) y llevando al paro a miles de personas. Así, una sola empresa fotovoltaica en Puertollano ha perdido recientemente más de 700 puestos de trabajo.

Cementerio Nuclear de Villar de Cañas

El 30 de diciembre de 2011, en el segundo Consejo de Ministros del actual Gobierno del PP, se designó a Villar de Cañas (Cuenca) para albergar el denominado ATC (almacén temporal centralizado), eufemismo para el cementerio nuclear. El procedimiento ha estado plagado de irregularidades. El Ayuntamiento tomó la decisión en un pleno a medianoche y sin estar el asunto en el orden del día. Además, el ministro de Industria (J.M. Soria) llegó a un acuerdo con la Presidenta de Castilla-La Mancha obviando los informes técnicos.

Hasta cuatro informes técnicos demuestran los riesgos geológicos de los terrenos, debido a las características solubles de los yesos existentes, con presencia de cavidades y pequeños arroyuelos subterráneos. Ello, unido a los niveles muy superficiales del acuífero, supone un riesgo evidente de conexión de contaminantes radioisotópicos entre las instalaciones del ATC, los acuíferos circundantes y el Río Záncara.

Además, el transporte de los residuos radiactivos desde las distintas centrales nucleares, supondrá la exposición a niveles no desdeñables de radiactividad a las numerosas poblaciones por las que discurrirán los más de 1.200 convoyes hasta un almacén en un territorio hasta ahora no nuclearizado. Y esto siempre y cuando no se produzcan accidentes.

Para Ecologistas en Acción el planteamiento es claro: se debe suspender todo el procedimiento hasta que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares. Así, cuando se dejen de producir residuos radiactivos y, por tanto, se sepa su volumen y características, debe ser la sociedad española en su conjunto la que, de forma consensuada, decida el destino de estos residuos para que ocasionen el menor daño posible a las generaciones futuras.

Los cazadores y los terratenientes toman el mando

En el aspecto de la regulación cinegética, el gobierno del PP no ha hecho sino incrementar y exacerbar la línea ya existente de apoyo y de cesión a los grupos de interés más mercantilistas e intensivistas del sector de la caza, por cierto minoritarios, pero con una alta capacidad de influencia, tanto en los gobiernos anteriores del PSOE, como desde luego ahora.

Lo cierto es que el último Reglamento presentado en 2011 por el Gobierno anterior, ya era un atentado al concepto y la práctica de caza “respetuosa con el equilibrio natural” que establece la aún vigente Ley de caza regional en su artículo 1. Se abrió definitivamente la vía a todo tipo de vallados interiores y además se ampliaba la temporada de caza de la perdiz hasta febrero en los cotos intensivos.

Desde que la política ambiental ha llegado a manos de la consejera Mª Luisa Soriano y del director general de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez Elvira, el lobby del sector cinegético y los terratenientes, representado fundamentalmente por las organizaciones Aproca y Atica, ha ido ganando posiciones en la defensa de sus intereses particulares. La intensificación e industrialización de los aprovechamientos cinegéticos ha sido la norma durante los últimos dos años y, en su favor, se está llegando incluso a dificultar las labores de vigilancia y a entorpecer la tramitación de las denuncias que realizan los agentes medioambientales.

Se han ido aprobando aberrantes prácticas como la colocación de lazos en alares o el lanceo del jabalí. Se promueve la práctica de la caza en parques nacionales, mientras se privatizan las reservas nacionales y las áreas de caza controlada. Y, lo que es peor, se consiente la corrupción que impregna el mundo de la caza, el oscurantismo en las cuentas de los beneficios generados por la caza o la inclusión de especies declaradas en peligro de extinción, como el águila perdicera, para la práctica de la cetrería.

Entre tanto, se está redactando una ley autonómica de caza que, dando la “vuelta al calcetín” de la actualmente vigente, se pliega de manera indignante a los intereses del sector cinegético. Así, se propone otorgar presunción de veracidad, como a los agentes públicos de la autoridad, a los guardas privados de caza.

Una importante batalla ganada: venta de MUP

Sin embargo no todo han sido malas noticias. Hubo una situación inicial de alarma social a partir del verano de 2012, cuando se anunció la descatalogación de Refugios de Fauna y la venta de Montes de Utilidad Pública para obtener unos raquíticos rendimientos económicos y vender el aprovechamiento de la caza de estos privilegiados enclaves a un sector cinegético cada vez más dominante. Pero, en la primavera de 2013 y tras una impecable lucha de los sectores implicados en la defensa del patrimonio forestal público, el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, aseguró rotundamente a las organizaciones ecologistas que no iba a facilitar la venta de montes de utilidad pública.

Una buena noticia que se ve refrendada en el nuevo borrador de Ley de Montes y por la retirada del borrador de los presupuestos regionales para 2014 de la partida de ingresos prevista por este concepto. Esto debe llevar a la Presidenta Cospedal a reconsiderar definitivamente la venta de montes públicos en Castilla-La Mancha. Si bien es cierto que estos pasos no son definitivos, ya que la Ley se puede modificar por los grupos parlamentarios en su tramitación, para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha no deja de ser una muy buena noticia que de entrada el Ministerio no esté por la labor de cambiar la Ley es este aspecto y que el ministro empeñe su palabra en ello.

Agua y agricultura: más de lo mismo, corregido y aumentado

Hablar de dos temas tan vinculados en Castilla-La Mancha, como el agua y la agricultura, es hablar de una situación de degradación enquistada a la que no se ve el final. Los procesos de planificación hidrológica en marcha no han supuesto ningún avance, más bien lo contrario, para reducir la sobreexplotación de los recursos hídricos en la región o para albergar alguna esperanza de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua como exige la Directiva Marco europea.

Un afortunado periodo de lluvias intensas en la cuenca del Guadiana ha postergado una vez más el control de las ilegalidades en la extracción del agua. Y, aunque es indudable que ofrece una oportunidad única para conseguir acercarnos a la recuperación del Alto Guadiana y de las Tablas de Daimiel, parece que esta oportunidad puede ser desaprovechada. Desde las ONG se ha lanzado la iniciativa de incorporar al Parque Nacional el dominio público hidráulico hasta los Ojos del Guadiana, y gracias a las denuncias ante la Unesco recientemente se ha aprobado (¡por fin!) la zonificación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. Pero esto no servirá de nada si no se modifica en profundidad el sistema de explotación para regadío en los acuíferos.

En el Tajo, por su parte, se ha dado un verdadero golpe de mano. A través de la plasmación en la Ley de Evaluación Ambiental de los acuerdos impulsados por el sindicato de regantes del trasvase Tajo-Segura y que han suscrito en un Memorándum el Gobierno central y las comunidades de Murcia, Valencia y, sorprendentemente, Madrid, Extremadura y la propia Castilla-La Mancha, el río Tajo tendrá a partir de ahora dos partes. Una dedicada al trasvase y que permitirá que pasen solo unos pírricos 400 hm3 de agua por debajo de la toma. Y el resto, que parece que sí será gestionado desde el Tajo pero al que se le impedirá adquirir los caudales ambientales que por Ley le debían corresponder en su tramo medio, y al que se condena a alimentarse fundamentalmente de las aguas contaminadas procedentes de Madrid. Todavía nadie se explica como el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha apoyado este acuerdo que perjudica tan gravemente no solo al río en sí, sino a la disponibilidad de agua para los usos en la propia cuenca.

Fractura hidráulica, la nueva gran amenaza

Castilla-La Mancha no se ha librado de la gran amenaza para el territorio, el agua, la salud y el medio natural que supone el fracking. Con el beneplácito de los Gobiernos central y autonómico, pero con una fuerte contestación social que se ha visto reflejada en las más importantes manifestaciones de carácter ambiental habidas en la región, actualmente existen cuatro autorizaciones de proyectos de investigación concedidas bien por el Ministerio de Industria o bien por la Junta de Comunidades.

Dichos permisos, que han sido recurridos por distintas entidades en los Tribunales, son los siguientes.
- ARIES-1: Autorizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desde el 30-1-2009 a la compañía Invexta Recursos, S.L. Ocupa 100.650 hectáreas de las provincias de Albacete (Campo de Hellín) y Murcia.
- ESTEROS, NAVA y ALMORADA: Autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta desde el 4-9-2012 a la compañía Oil and Gas Capital, S.L. Ocupa 73.430 ha del Campo de Montiel, en Albacete y Ciudad Real, afectando directamente a los acuíferos que alimentan las lagunas de Ruidera.
- LEO: Autorizado por el Ministerio, desde el 20-4-2013 a la compañía Oil and Gas Capital, S.L. Ocupa 40.260 ha de Albacete (Campo de Hellín) y Murcia.
- CRONOS: Autorizado por el Ministerio, desde el 15-5-2013 a la compañía Frontera Energy Corporation. Ocupa 96.961 ha de Guadalajara y Soria en la zona de las Parameras de Sigüenza y Barahona.

Ecologistas en Acción es impulsor y partícipe de las distintas plataformas antifracking que se han constituido en Castila-La Mancha y recientemente ha trasladado a la Junta una propuesta de Ley para que se prohíba esta actividad en la región.

Iniciativas en marcha

Al inicio de la legislatura, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha propuso en un documento que dirigió a la Consejería de Agricultura, nueva responsable en materia de medio ambiente, 75 propuestas para el rescate ambiental de Castilla-La Mancha. Era una iniciativa que lanzaba propuestas diversas de mejora medioambiental e impulso al desarrollo sostenible. A pesar de los compromisos iniciales, dicho texto ni siquiera ha sido contestado ni debatido, en una muestra de la nula capacidad de diálogo de este Gobierno.

Esta ausencia de diálogo y de atención al medio ambiente por parte del Gobierno regional ha dado lugar al impulso de un Foro Ambiental en Castilla-La Mancha. Este grupo de trabajo nace en junio de 2013 de la iniciativa de diversas organizaciones ciudadanas, ecologistas, profesionales y sindicales. Y se ha conformado para trabajar y trasladar a los ciudadanos las necesidades y demandas ambientales más importantes a nivel regional.

Sin duda, las opciones por la mejora de la situación ambiental en Castilla-La Mancha pasan por la sociedad civil comprometida y organizada, ya que las instituciones y los partidos políticos dominantes ya han demostrado que están al servicio de otros intereses.




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