Reforma del sector eléctrico: la batalla final

Las grandes eléctricas y el Gobierno están bloqueando el cambio de modelo energético.

Cote Romero y Rodrigo Irurzun. Revista El Ecologista nº 79.

El oligopolio está contra las cuerdas y lo sabe. La supuesta ‘reforma’ del sector eléctrico propuesta por el Gobierno del Partido Popular al dictado de las grandes compañías del ‘lobby’ eléctrico (UNESA), es la prueba indiscutible de que, a falta de razones, solo les queda la razón de la fuerza.

Primero te ignoran,
después se ríen de ti,
a continuación luchan contra ti,
y finalmente, tú ganas.

(Mahatma Gandhi)

Sucede en el sector eléctrico lo que ha sucedido en otros sectores en el pasado: que una disrupción tecnológica ha dejado en la cuneta, por pura obsolescencia, a fórmulas organizativas y productivas que reinaban sin competencia hasta ese momento.

Las energías renovables han dejado de ser un imperativo ético por razones medioambientales o sociales, para convertirse, además, en una alternativa puramente económica. En la pugna de los números desnudos (la supuesta condición sine qua non de la plutocracia empresarial) resulta que un nuevo modelo energético limpio y soberano, basado en el ahorro de energía, en el uso eficiente de la misma y en fuentes renovables, está dejando rápidamente atrás al modelo centralizado y contaminante.

Se les acaban las razones. Por ello en una clara huida hacia adelante sacan a la caballería, a los voceros mediáticos y a sus subordinados en el Gobierno, en un ataque desesperado, que busca fundamentalmente dos cosas:
- Ganar la mayor cantidad de tiempo posible, el que necesitan para amortizar y rentabilizar sus inversiones en centrales y redes de transporte que el nuevo paradigma ha dejado repentinamente obsoletos (estrategia de dilación).
- Intentar replicar con renovables el mismo modelo centralizado que ha imperado hasta ahora. Nada de que cada ciudadano coloque unos paneles encima de su tejado. Si en un futuro queremos generación renovable, ya se ocuparán ellos, con enormes parques, o incluso con proyectos faraónicos como DESERTEC [1] (estrategia de control de los medios de producción).

La guerra contra las renovables y contra lo que representa una nueva cultura de la energía más sostenible y más justa, tenemos que situarla dentro de un contexto más amplio. Nos jugamos el planeta, pero también nos jugamos otro modelo social y económico. Nos jugamos por tanto la democracia. El embate neoliberal probablemente esté en su fase más virulenta.

La demoledora reforma que se está llevando a cabo corta de cuajo toda alternativa, cualquier fórmula de organización que escape al control del oligopolio. Significa un ataque a las renovables (a las existentes y a los proyectos futuros); desincentiva el ahorro y la eficiencia; frena el derecho ciudadano de ser titular de tu propia energía; penaliza a las nuevas organizaciones que proveen de servicios y que constituyen una alternativa al oligopolio…

Y aunque, ya para muchos, sea evidente la connivencia del Gobierno con el cártel eléctrico, ¿en base a qué puede legitimar el Gobierno semejante desacierto normativo? La justificación que se esgrime está basada en el “sacro-santo déficit de tarifa”, artificio contable, que por cierto, fue creado por el Gobierno de Aznar. Esta deuda de casi 30.000 millones de euros, que según las eléctricas les adeudan los consumidores, se deriva de la diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que pagan los consumidores. Costes que no son públicos y de los que no existe auditoría alguna. Mientras tanto, las eléctricas, desde hace algo más de tres años, llevan acusando a las primas de fomento a las renovables de ser el origen de este agujero negro de voraz apetito. Cuestión esta que está más que desmontada [2].

El campo de batalla

Durante meses se ha estado cocinando la reforma en los despachos del Ministerio de Industria de espaldas a la ciudadanía y a gran parte de los agentes del sector, salvo las empresas de la patronal UNESA. El 12 de julio se promulgó el Real Decreto Ley 9/2013, que sienta las bases inmediatas para una reforma de gran calado y que afecta ya a los consumidores, a los contribuyentes y a las energías renovables. No obstante, esta reforma es considerada de pseudoreforma, ya que no aborda los serios problemas de funcionamiento del mercado eléctrico. Pocos días después se publicaron un rosario de borradores (siete de Reales Decretos y varias Órdenes Ministeriales), y entre ellos, el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, que una vez se apruebe, derogará la actual Ley de 1997. Todo ello tramitado por el procedimiento de urgencia, y por ende, con graves limitaciones a la participación pública.

Destacamos a continuación los cinco principales puntos de la reforma

1. Sistema de formación de precios

Uno de los mayores lastres en el proyecto de Ley es que se sigue sin abordar el cambio en el sistema de formación de precios del mercado eléctrico. El precio de la electricidad de cada hora se fija mediante un sistema de subastas marginalistas. Es un sistema indicado para las centrales con costes variables en función del precio del combustible (principalmente fósiles). Un sistema diseñado en 1997 y que en la actualidad es inadecuado dada la alta penetración de las renovables, que apenas tienen costes variables. Además, el precio de las tecnologías más caras (gas y carbón) sirve para retribuir también a centrales antiguas y amortizadas, como son las nucleares y las hidroeléctricas.

Las grandes compañías se llevan así beneficios extraordinarios que no se abordan en la reforma, y que son denunciados repetidamente por numerosos agentes [3]. Así mismo, es un mercado fuertemente distorsionado en el que ninguna central de electricidad cobra exclusivamente por el precio marginalista (ayudas al carbón, moratoria nuclear, pagos por capacidad, interrumpibilidad, primas a las renovables, extrapeninsulares, etc., un sinfín de conceptos que distorsionan el mercado). Es sorprendente que no se aproveche la oportunidad para cambiar en la futura Ley del Sector Eléctrico este sistema que está más que demostrado que no funciona.

De ahí, que las declaraciones del Secretario de Estado de Energía, en las que manifiesta que se abordará el cambio una vez aprobada la Ley, son un sinsentido, debido a que este cambio influye directamente en la configuración del resto del sistema.

Debe olvidarse la idea de forzar a las renovables a adaptarse a un sistema diseñado para las energías fósiles y diseñar un nuevo modelo pensado para las renovables en el que las tecnologías fósiles –a sustituir gradualmente– que se sigan utilizando tengan, a su vez, un retorno razonable de la inversión. El relevo hacia un modelo renovable implica el mayor cambio de las estructuras económicas realizado desde el inicio de la era industrial [4]. La resistencia al cambio es obvia.

2. Factura de la luz

La factura de la luz, en términos generales, se compone de una parte fija o regulada que atiende a los costes del sistema y de otra variable en función de nuestro consumo de energía. La reforma incrementa la parte fija, es decir, el término de potencia, que en el ámbito doméstico supone un incremento aproximado de un 63% [5], marcando la tendencia de imponer la tarifa plana en la factura de la luz, pagando más por la parte fija y menos por el consumo energético. Es decir, con esta medida se penaliza al consumidor que ahorra energía y que hace un uso eficiente de la misma. Es un desincentivo a la eficiencia energética a pesar de los objetivos europeos y del imperativo que tenemos de reducir nuestras emisiones de CO2. Asimismo, es inaceptable esta medida, teniendo en cuenta el contexto de pobreza energética que estamos viviendo en nuestro país, donde más de 2.000.000 de familias este pasado invierno han tenido que racionar su consumo de calefacción. Tras esta medida hay dos estrategias claras:
- La primera de ellas, desincentivar la instalación de plantas de generación de energías renovables en régimen de autoconsumo. Con una factura de la luz cada vez más cara, y con una tecnología cada vez más accesible, son muchos los que para ahorrar en la factura de la luz empezaban a instalar plantas de autoabastecimiento. La subida de la parte fija provoca que el ahorro que nos pueda proporcionar la nueva planta de generación apenas tenga reflejo en la factura.
- Allanar el camino para que se materialice la endemoniada propuesta de la CNE de que sea el consumidor doméstico el que se haga cargo principalmente del coste de la red. Discriminatorio e injusto. Y más aún cuando el consumidor doméstico no puede elegir la contratación de distintas potencias entre períodos tarifarios, al contrario que los consumidores en alta tensión.

Cabe destacar el nuevo formato que va a tener la factura de la luz. Tres páginas de información, y a lo largo de tanto espacio, no vamos a tener ni un solo gráfico en el que se detalle de qué fuentes obtenemos nuestra electricidad. Eso sí, habrá un diagrama en forma de tarta, en el que tan solo se destaquen el importe de las primas a las renovables. Evidentemente, es información sesgada e ideológica que pretende relacionar la subida de la factura de la luz con las primas a las renovables.

3. Autoconsumo

El objetivo del borrador de autoconsumo es impedir el desarrollo del mismo. De entrada, no regula siquiera el tan esperado autoconsumo con balance neto, mecanismo utilizado en otros países, por el cual las plantas de generación limpias (paneles o pequeños molinos en nuestro tejado) pueden verter los excedentes a la red y compensar la energía vertida con consumos posteriores. Este mecanismo facilita el desarrollo de las energías renovables en el sector doméstico, donde la mayor parte de los consumos se realizan por la tarde y por la noche, y evita el uso de baterías, caras y contaminantes. El Gobierno, desoyendo el mandato imperativo de regular este mecanismo [6], deja claro que no lo va a fomentar. Mejor dicho, que lo va a dificultar todo lo posible.

Y es que el borrador impone un gravamen al autoconsumo instantáneo que en la actualidad existe. Por la energía que se produce y que se va a autoconsumir sin pasar por la red, se impone un importante peaje de respaldo [7], término acuñado por Iberdrola, para sufragar los costes del sistema. Sin palabras. A las plantas existentes y a las nuevas se les exige costosos dispositivos de telemetría que envíen la señal al sistema de la energía que se produce y se autoconsume. El borrador recoge la obligación de legalizarlas en el plazo de dos meses y en caso contrario, se considerará falta muy grave, con multas de hasta 60 millones de euros. Asimismo, el Ministerio de Industria tendrá potestad para acceder a los inmuebles y comprobar la existencia de una planta de generación no legalizada sin la necesidad de obtener previamente orden judicial. En definitiva, las trabas económicas y administrativas al autoconsumo fomentan la desobediencia civil. De ahí que tener un panel en casa sin legalizar tenga un tratamiento tan desmedido.

4. Energías renovables

Una vez más, las energías renovables son las víctimas de la política energética. Evidente, si no perdemos de vista que las grandes corporaciones han desplegado toda su maquinaria para expulsar a la competencia del mercado. Por ello el parque renovable existente vuelve a sufrir recortes económicos de manera retroactiva. Pero esta reforma va más allá de reducir las primas como en ocasiones anteriores, ya que establece un mecanismo totalmente nuevo, basado en una compensación que se calcula mediante complejas fórmulas, en las que intervienen numerosos parámetros, basadas en plantas tipo eficientes, y que no contabilizarán algunos de los conceptos a los que algunos inversores han tenido que hacer frente [8]. Dejan de ser retribuidas conforme a una prima aprobada en normas anteriores para ser retribuidas a precio de mercado más un complemento a la inversión. En última instancia, va a suponer un recorte significativo e injusto de los ingresos que el Gobierno se comprometió a pagar a los que apoyaron con su dinero la producción limpia de electricidad. Incluso puede llegar a suponer la quiebra económica de algunos proyectos.

De las renovables a futuro, mejor ni hablar. Sigue vigente la moratoria a los nuevos proyectos. Desaparece el régimen especial para incluir a las renovables en el régimen “excepcional”. Es decir, los pocos proyectos que se realicen serán por imposición del exterior y además estos se adjudicarán mediante concurso. ¿Adivinan a quiénes se les van a adjudicar? No satisfechos con todo esto, para dejarlo todo atado y bien atado, los textos están plagados de sutiles trampas al desarrollo de las renovables. Como por ejemplo que las compañías distribuidoras se reservan el derecho de conceder o no el punto de conexión a nuevos proyectos ya no únicamente sobre la base de criterios técnicos, como operaba hasta la fecha, sino además, en función de criterios económicos, situación esta de grave conflicto de intereses, ya que las distribuidoras también son generadoras, y por tanto, competencia directa de las renovables.

5. Hibernación de ciclos combinados y pagos por capacidad

En uno de los borradores de Reales Decretos se establece la posibilidad de hibernación de plantas de gas en ciclo combinado, esto es, el cierre temporal de las instalaciones, de forma que no incurran en los costes de operación y mantenimiento. Esta era una de las reclamaciones de la patronal eléctrica, dada la baja utilización de estas plantas en los últimos años. Inversiones ruinosas por una mala planificación gasista, ya que no contaron en su estrategia de implementación con dos factores: que en España la demanda eléctrica iba a descender (provocada por la crisis económica) y que la aportación de las renovables cada vez es mayor, por lo que al operar en un mercado marginalista, cada kWh limpio que entra en el mercado expulsa la obtención de otro mediante la quema de gas.

Los ciclos combinados, que en los últimos 10 años se han instalado por toda la geografía, esperaban funcionar muchas más horas para recuperar la inversión. Desde 2008 se lleva produciendo una caída continuada del tiempo anual de funcionamiento de estas plantas. Se equivocaron al realizar las inversiones y ahora reclaman el cierre temporal. Eso sí, previo pago por parte de los consumidores. No olvidemos que estas son inversiones privadas a riesgo y ventura del promotor. De modo que nos encontramos con un nuevo ejemplo del mundo al revés: una reforma que protege las inversiones privadas y que penaliza las inversiones en renovables, detrás de las cuales había una política pública de fomento, dado el arrollador balance de externalidades positivas que aportan.

Otra cuestión estrechamente relacionada son los pagos por capacidad. Estos son pagos a las centrales térmicas de carbón y gas, en forma de incentivos a la inversión, y que en 2012 supusieron más de 800 millones de euros. La nueva normativa establece un sistema de subastas para asignar la cuantía de los pagos por capacidad, es decir, que los consumidores sigan subvencionando la instalación de centrales contaminantes.

Llevemos la batalla al campo social

En definitiva, estamos ante una reforma, plagada de irregularidades y discriminaciones, y tan desatinada que resultaría cómica de no ser por las graves consecuencias que acarrea.
Asistimos a un momento de cambio en el modelo energético, pero también al agotamiento de un modelo social y económico, debido a su choque con los límites planetarios y a la dependencia de unos combustibles cada vez más escasos. El futuro será renovable, y el sentido común apunta a sistemas de generación distribuida y gestión más local, frente a las grandes centrales de generación operadas por grandes compañías y alejadas de los puntos de consumo.

Las microrredes están llamadas a integrar el sistema eléctrico del futuro. Son pequeñas redes interconectadas, capaces de operar aisladamente, que aúnan medianos y pequeños generadores, centros de acumulación y gestión del consumo local. Redes que tienen la oportunidad de ser más democráticas y transparentes, y que acotan el poder de las grandes empresas. Redes que fomentan las renovables, pues son mucho más modulares que las tecnologías convencionales, y en las que tienen cabida instalaciones individuales de autoconsumo, otorgando soberanía energética a las familias, pueblos y regiones.

Nuestros ojos están puestos en las iniciativas ciudadanas que están surgiendo en diferentes localidades alemanas que, en términos generales, destacan porque suponen recuperar la titularidad pública de las redes con control ciudadano. En el espíritu de esta recuperación de las redes está conseguir una mayor penetración de renovables en el mix eléctrico, así como introducir en el mundo de la energía el componente social ya que los proyectos cuentan con una especial protección a las familias más desfavorecidas [9].

El camino está marcado. Precisamos de voluntad política o, en su defecto, de una ciudadanía despierta que luche activamente por la consecución del cambio. Tal como apuntaba el visionario Hermann Scheer, “el mayor potencial para el cambio son las personas; movilizarlas en favor de las energías renovables, sobre todo a nivel político y económico, es decisivo, y requiere un esfuerzo político-cultural sin precedentes” [4]. De ahí nuestro tributo a todas las organizaciones y personas que movilizan a la ciudadanía a ser agentes activos y protagonistas del cambio.




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