Recurren al Defensor del Pueblo por el asunto de los drones

Ecologistas en Acción recurre al Defensor del Pueblo andaluz por la indefensión ante la agresión ambiental que supone el proyecto de los drones en Moguer (Huelva).

Ecologistas en Acción de Huelva ha vuelto a presentar alegaciones a la nueva maniobra para apuntalar el apoyo al proyecto Ceus para los drones en la comarca de Doñana, con la Autorización ambiental unificada (A.U.U.) por parte de la Junta de Andalucía.

Además de incumplir la propia normativa de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, el POTAD de Doñana, y de saltarse la prohibición de darle un uso distinto al forestal a los espacios que han sido objeto de las llamas en un tiempo inferior a 30 años, según la vigente Ley de Montes, Ecologistas en Acción considera que en tiempos de crisis no se deben destinar recursos públicos y medios naturales a probar mecanismos para la guerra. A pesar de la publicidad contraria que se quiere hacer al respecto, los drones patrocinados por el Ministerio de Defensa están destinados a fines militares y bélicos, prácticamente en un cien por cien de sus usos, . Basta repasar las hemerotecas de las guerras de nuestro tiempo para recordar que muchos de los daños y muertes de las mismas, vienen siendo producidos por estos aviones no tripulados conocidos como drones. Esas herramientas bélicas no deberían probarse en una zona de paz y símbolo de concordia como es Doñana.

Desgraciadamente, la tramitación del proyecto va avanzando, aunque todavía queda el veredicto final del Ministerio de Medio Ambiente, que es el responsable de la emisión de la declaración de impacto ambiental.

Ecologistas en Acción ha optado también por presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, pidiendo su intervención para exigir a la Junta de Andalucía que respete su propia normativa, y no busque vericuetos y atajos para saltársela en el caso de los drones, sólo con el interés de recabar una subvención europea . El frente común en este caso entre varios Ministerios del Gobierno Central y la Junta de Andalucía, provoca la indefensión de la naturaleza y la impotencia de la participación ciudadana frente a las artimañas para saltarse la normativa que protege esta zona del ámbito de Doñana.