A partir del próximo mes de enero los ejemplares enfermos o heridos de nuestras especies más sensibles, como el águila imperial, el lince o tantas otras, pasarán a una situación de riesgo sin precedentes puesto que serán atendidos por veterinarios de ganadería que carecen de formación y vocación para tratar a la fauna silvestre de Castilla La Mancha, cuya atención tanto clínica como forense requiere de una alta especialización.

Los centros de El Chaparrillo (Ciudad Real), C.E.R.I. (Sevilleja de la Jara), El Ardal (Cuenca) y Albacete dejarán de contar con veterinarios especialistas y técnicos en el manejo de fauna silvestre (uno por cada centro), si finalmente se pone en práctica la propuesta del Director General de Ganadería de la JCCM, Tirso Yuste Jordán, de sustituir a dichos profesionales por veterinarios y personal laboral sin experiencia y no especializado.

Los centros de recuperación de fauna de Castilla-la Mancha gestionan un promedio aproximado de 3.000 casos al año, pertenecientes a más de 150 especies diferentes, de los que aproximadamente unos 300 pertenecen a especies en peligro de extinción y vulnerables (Águila imperial ibérica, Águila-Azor perdicera, Cigüeña negra, Lince ibérico, Alimoche, Milano real, Buitre negro, Garcilla cangrejera, Aguilucho cenizo, Águila pescadora, etc.). El resto de los casos corresponden, en su mayor parte, a especies de fauna silvestre incluidas en otras categorías de amenaza.

La atención clínica que presta ahora el personal especializado en los centros de recuperación de Castilla-La Mancha se ha mantenido hasta el presente con profesionalidad y también con una gran carga vocacional que ha suplido la carencia crónica de medios. La dedicación que ahora se pone en riesgo es la de un hospital de fauna, esto es, de 365 días al año, 24 horas al día, garantizando una cobertura ejemplar de unas funciones encomendadas a un bajísimo coste económico.

La decisión de la JCCM de prescindir del personal especializado debería sustentarse en la disponibilidad de personal propio adecuadamente capacitado, tanto por la seguridad de los trabajadores de nuevo ingreso como de los pacientes y visitantes del centro, granjas vecinas y la ciudadanía en general. Con esta finalidad debería exigirse, por una parte, la dotación adecuada de personal para cubrir la atención permanente en los centros, y, por otra, la superación de un proceso de evaluación teórico-práctica que demuestre la suficiente capacitación de dicho personal. Ninguna de ambas medidas ha sido aceptada de un modo transparente y abierto por parte de la Junta de Comunidades, que trata de encontrar una resolución encubriendo un proceso fraudulento para la ciudadanía y para la conservación de la biodiversidad.

En cuanto al supuesto ahorro argumentado para prescindir de estos especialistas, en los que la Administración de Castilla-La Mancha ha invertido importantes recursos para su formación, hay que señalar que la Consejería está mandando a toda prisa a los que serían nuevos veterinarios a cursos de formación en otras regiones, cuando podían haber recibido una formación mejor y gratuita en los propios centros. Por otra parte, para atender estas funciones en los hospitales de fauna hasta ahora se utiliza una pequeña partida de personal, mientras que con esta iniciativa se trasladarán funcionarios que exigen dietas de desplazamiento y de guardias, además de que su antigua función en Agricultura quedará desatendida, por lo que aumentarán las carencias en temas tan prioritarios como la sanidad animal ligada a la ganadería.

El Foro Ambiental de CLM demanda de la Consejería de Agricultura, y en concreto al director general de Ganadería, que se replantee estos cambios o que, al menos, negocie con los profesionales la mejor forma de hacerlo sin dejar de prestar el servicio de hospital de fauna que es exigible. Y que al mismo tiempo se busquen soluciones alternativas de financiación o se produzca un cambio más progresivo que permita disponer de servicios veterinarios verdaderamente especializados.

Los centros de recuperación de fauna atienden casos relativos a animales salvajes que, por diferentes causas, son encontrados en una situación problemática en el medio natural. El manejo de dichos animales requiere asumir riesgos físicos y biológicos importantes de forma continuada por parte de cuidadores y veterinarios, siendo la atención clínica, así como la labor forense, altamente especializadas. La recuperación de animales debilitados o heridos requiere de una gran experiencia y destreza en el desarrollo de labores clínicas y quirúrgicas, complementadas con la instauración de pautas de alimentación, manejo y estimulación muy cuidadas. La sensibilidad y destreza en el manejo, así como el profundo conocimiento de la anatomía, fisiología, patología, conducta y ecología de las especies a tratar resultan indispensables para lograr unos resultados aceptables.

En ocasiones, los animales atendidos padecen o son portadores de enfermedades de declaración obligatoria, siendo la labor de vigilancia epidemiológica desarrollada en los centros de una enorme importancia en materia de salud pública. El enorme abanico de especies tratadas en los centros no están contempladas en los planes de estudio de Veterinaria de las universidades españolas ni tampoco en los temarios de las oposiciones de los veterinarios oficiales, requiriéndose estudios de especialización complementarios y una gran experiencia práctica para poder interpretar adecuadamente los síntomas de enfermedad, a menudo leves y ocultados por los animales, así como para proceder a realizar los análisis necesarios para descartar las diferentes enfermedades infecciosas o parasitarias.

Los centros de recuperación de fauna de Castilla-La Mancha, que llevan funcionando más de 25 años, deberían haber creado plazas de empleo público para personal especializado hace mucho tiempo, garantizando el acceso a un empleo estable a los mejores candidatos presentados. Muy lejos de ello, el personal especializado lleva años en una situación incierta, manteniendo desde el 1 de abril de 2013 su puesto de trabajo únicamente por el hecho de que la empresa contratista, GEACAM, no ha conseguido presentar un ERE legal hasta el momento.