Se reactiva la instrucción sobre la urbanización ilegal

El Juzgado nº 1 de El Puerto reactiva la instrucción sobre la urbanización ilegal en la Reserva Natural de Las Lagunas de El Puerto tras años paralizada.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de El Puerto ha reiniciado la instrucción sobre la urbanización ilegal que se ha construido en terrenos protegidos de la Reserva Natural de las Lagunas en El Puerto de Santa María. La magistrada ha firmado una providencia para que se incorpore al expediente el informe de la Fiscalía en el que se solicita se mantenga la imputación de contra Pedro Alamillos y Juan Carlos Álvarez, ex concejales de Urbanismo, que junto al ex alcalde Hernán Díaz son las tres personas que están imputadas en este sumario como responsables de permitir esta urbanización ilegal en terrenos protegidos por la ley.

La magistrada apoya la petición de la Fiscalía para que se solicite al Ayuntamiento un informe sobre las actuaciones realizadas por el entonces concejal Pedro Alamillos cuando en el año 2002. Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento la construcción de varias viviendas en los terrenos de esta Reserva Natural. Así mismo solicita se requiera al ayuntamiento el expediente de demolición de una de estas viviendas que jamás se llegó a demoler.

Esta causa parte de la denuncia presentada en los juzgados de El Puerto por Ecologistas en Acción en septiembre de 2006, hace más de siete años. Esta instrucción ha sufrido múltiples paralizaciones debido a la inacción de algunos de los titulares que han pasado por este juzgado, llegándose al extremo de que se extraviara todo el expediente de la instrucción, que terminó por aparecer meses después.

La denuncia judicial se basó en la falta de actuación de los máximos responsables municipales ante la proliferación de viviendas ilegales -actualmente hay más de una veintena- en la zona de El Barranco, terrenos protegidos por encontrarse dentro de una Reserva Natural, lo que supone la máxima protección legal posible. Los entonces dirigentes de IP y máximos responsables municipales no solo no iniciaron actuaciones de disciplina urbanística contra los propietarios de estas viviendas ilegales, sino que les prometieron que las legalizarían en el nuevo PGOU, lo que evidentemente ha sido imposible. Ecologistas en Acción presentó denuncia contra Hernán Díaz, Pedro Alamillos y Juan Carlos Álvarez, por entender que su actuación podría ser constitutiva de sendos delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y de prevaricación medio-ambiental por omisión dolosa o imprudente, ya que existía una específica obligación legal de actuar ante esta urbanización ilegal y no lo hicieron.

El anterior PGOU de El Puerto -aprobado en 1991- ya detectaba una incipiente parcelación y urbanización en esta Reserva Natural, estipulando la obligatoriedad de redactar y aplicar un Plan Especial para proceder a la restauración del medio original, determinando “la eliminación de las edificaciones ilegales, viario y vallados existentes”. Este Plan Especial nunca se redacto, aprobó ni ejecutó, permitiéndose la ampliación de la urbanización ilegal. A pesar de tener plena constancia de la existencia de esta urbanización ilegal, así como de las normas urbanísticas y medioambientales infringidas, estos responsables no intervinieron a sabiendas de la gravedad de los hechos y de la repercusión pública de estos tenían.

Ecologistas en Acción lamenta que la exasperante lentitud de la Justicia termine por crear una sensación de impunidad y de falta de eficacia, ya que cuando se juzga a los políticos responsables de corrupción urbanística y medio ambiental, ya no ocupan cargos públicos, como es este caso, por lo que las penas de inhabilitación que suelen imponerles los tribunales les traen al pairo. Además, esta lentitud permite que sigan las actuaciones ilegales, y cuando se actúa, ya están consolidadas las urbanizaciones construidas al margen de la legalidad, por lo que los impactos son ya irreversibles y el coste económico y social de su demolición es mucho mayor.

Foto aérea de la urbanización ilegal denunciada