Fiscalía denuncia el polígono industrial de Grazalema

La Fiscalía denuncia la construcción del polígono industrial de Grazalema porque “los hechos pudieran tener significación penal”. La denuncia va dirigida contra la alcaldesa de Grazalema, la anterior delegada de Medio Ambiente y técnicos de Diputación.

La fiscal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Patricia Navarro, ha notificado a Ecologistas en Acción que ha remitido al Juzgado de instrucción de Ubrique la denuncia que presentó en la Fiscalía provincial Ecologistas en Acción por la construcción de un polígono industrial en el municipio de Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, que infringe todo tipo de normas urbanísticas y medioambientales. Dicha remisión se ha hecho con carácter de denuncia, por evidenciarse que los hechos denunciados pudieran tener significación penal, por lo que procede esclarecerlos en el procedimiento penal.

Ecologistas en Acción viene denunciando desde enero de 2012 ante todas las administraciones competentes, la construcción de un polígono industrial junto al pueblo de Grazalema que incumple todas las normas sobre tipología del PGOU de este municipio, la condiciones vinculantes que en su momento incluyó la Consejería de Medio Ambiente (CMA), en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y gestión (PRUG) del parque natural”. Estas normas obligan a que las nuevas construcciones -y específicamente las naves del polígono industrial- deberán utilizar materiales tradicionales, tener fachadas con revestimientos blancos y cubiertas de teja árabe inclinadas a dos aguas, prohibiendo los materiales cerámicos vidriados, plásticos o revestimientos metálicos. Saltándose a la torera estas normas, el Ayuntamiento de Grazalema -promotor del polígono-, en clara connivencia con la Diputación provincial –que ha redactado el proyecto- y la CMA -que lo justifica y se niega a paralizarlo-, está construyendo un edificio de enorme dimensiones, con un paseo en su cubierta, y con una horrorosa terminación metálica de las fachadas, lo que está provocando un impacto gravísimo e irreversible sobre la imagen urbana de este pueblo blanco, uno de los emblemas del parque natural.

Ecologistas en Acción llegó a presentar en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema una propuesta para que se instara al ayuntamiento de Grazalema “a adaptar el proyecto a las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cumpliendo las condiciones vinculantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, y a los objetivos, propuestas de ordenación y criterios de gestión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural”. El presidente de la Junta Rectora, Alfonso Moscoso, y el actual delegado territorial de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Federico Fernández, impidieron incluso que se votara dicha propuesta, avalando las ilegalidades denunciadas.

La denuncia avalada por la Fiscalía va dirigida contra:

· Mª José Lara Mateos, alcaldesa de Grazalema, que aprobó el proyecto de Parque Industrial de Grazalema, y que teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo ha hacho.

· Silvia López Gallardo, ex delegada de la Consejería de Medio Ambiente, quien teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo hizo.

· Los técnicos del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial que han redactado y/o informado favorablemente el proyecto de Parque Industrial de Grazalema.

Ecologistas en Acción estudiará ampliar la denuncia a todos los actuales responsables de las administraciones públicas implicadas en este escándalo urbanístico que siguen sin actuar a pesar de que las obras están ya muy avanzadas y el daño es cada vez más irreversible.

Ecologistas en Acción hace responsable del daño medioambiental y de las consecuencias económicas y patrimoniales que se deriven de la paralización de estas obras y de la más que probable obligación de demolición a los responsables del Ayuntamiento, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía que han promovido, autorizado, financiado y/o avalado esta palmaria ilegalidad, de la que los ecologistas hemos advertido desde el inicio de las obras. Conforme más se tarde en paralizar las obras, mayor será el daño causado y el coste de la reparación. Al final puede suceder igual que con el Algarrobico.