Una solución para el vertedero ilegal de la Victoria

Se trata de un vertedero ilegal, que almacena más de medio millón de toneladas de residuos que se han ido vertiendo durante los últimos años con el consentimiento (o la mirada hacia otro lado) de todas la Administraciones.

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador por infracción grave contra el ayuntamiento de Chiclana por infracción de la Ley 22/2011 de Residuos. Sin embargo, no se puede decir que el municipio chiclanero se haya desentendido del vertedero y permanecido ocioso: ha comprado la finca donde se asienta, ha cambiado la clasificación del suelo de no urbanizable a uso de equipamiento ambiental, ha habilitado un punto de acopio para los residuos urbanos en ausencia de la planta de transferencia que corresponde construir a la Consejería de Medio Ambiente y ha llevado a cabo medidas correctoras en el vertedero.

¿Por qué entonces este exceso de celo sancionador por parte de la Consejería? Contamos en nuestra provincia con vertederos “legalizados” con impactos medioambientales mucho más graves: es el caso de Miramundo, en Medina Sidonia. A pesar de contar con Autorización Ambiental Integrada favorable, este vertedero incumple todos los requisitos que impone el Real Decreto 1481/2001 y en vez de funcionar como vertedero de rechazos, al no operar la planta de digestión anaerobia y de forma precaria la de compostaje, ha recibido y recibe residuos urbanos en bruto, sin tratamiento.

La A.A.I. ponía un plazo de tres meses para “adaptar la gestión del vertedero a las exigencias de tratamiento previo de los residuos”, compromiso que no ha cumplido, primero porque la empresa gestora del vertedero, Biorreciclaje, ha sido incapaz de realizarlo en el transcurso de más de 15 años desde la declaración de impacto ambiental, y segundo porque la Delegación Territorial de Medio Ambiente no entra a exigir el correcto funcionamiento del compostaje y la biometanización, tecnologías construidas e inoperantes desde el inicio, limitándose a “evaluar” la gestión del vertedero. También sería importante saber cómo se gestionaron los 18 millones de € que Francisco Cabañas, responsable entonces del Consorcio Bahía de Cádiz, consiguió de la Comisión Europea para una planta de biometanización que nunca ha funcionado.

La Consejería de Medio Ambiente ha financiado el sellado de 232 vertederos incontrolados en Andalucía desde 1999 hasta 2008, por importe de 45,9 millones de €: ¿por qué sin embargo se niega a financiar en lo más mínimo el sellado del vertedero incontrolado de La Victoria? Además, en diciembre de 2010 la Consejería se comprometió a “colaborar en parte en los costes de ejecución del sellado del vertedero” (sic).

La Ley 22/2011 de Residuos exige un 50% de reciclado para 2020, completamente alejado de la realidad de nuestras plantas de supuesto compostaje, que en realidad operan como macrovertederos con porcentajes ínfimos de recuperación: es una situación insostenible, que la Consejería consiente.

En definitiva, Ecologistas en Acción emplaza a la Delegación Territorial de Medio Ambiente a colaborar en el sellado del vertedero de La Victoria, a convocar la Mesa Provincial de Residuos para abordar los problemas irresueltos de la gestión de las basuras en la provincia de Cádiz y a evitar las sanciones que con seguridad vendrán de la Comisión Europea por incumplimiento de los compromisos de reciclado.




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