El pasado sábado 1 de Febrero el Ministerio de Industria modificó una vez más la estructura de la factura eléctrica, aumentando el término fijo (la potencia contratada) otro 18% más, situándola ya en el 60% de la factura, subiendo el importe del término fijo al doble en medio año: nos llevan a una tarifa plana ventajosa para los resultados de las grandes eléctricas.

Esta maniobra, para la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de La Rioja -en la que participa Ecologistas en Acción-, vuelve a ampliar la brecha entre los hogares más humildes y los más ricos, ya que la factura sube en mayor proporción cuanto menos se gaste o más eficientes seamos.

Resulta ofensivo oír a los responsables políticos que esta nueva subida «ayudará a las familias con hijos», lo cual da idea del más absoluto desconocimiento sobre el tema o bien resulta una burda manipulación orientada a la propaganda.

Nos gustaría, que los responsables políticos regionales y municipales tomaran conciencia del tema, pero de verdad y no de cara a la galería, para que en la medida de lo posible atenuen y ayuden nuestras instituciones a las más de 20.000 personas que en La Rioja están inmersas en la pobreza energética y cuyo número se incrementa mes a mes con estas medidas injustas que se toman desde el gobierno central. Medidas como pueden ser las rebajas en otros impuestos municipales o ayudas en el ámbito de la integración social.

Por otro lado, el brutal ataque a las energías renovables, especialmente las independientes (como la fotovoltaica), solo aumenta la tarifa energética del país, cuando además solo el 9% de la factura corresponde a primas a las renovables independientes, siendo el 55% es imputable a pagos directos a las grandes compañías eléctricas y de ese porcentaje, casi la mitad nada tiene que ver con el coste de la electricidad y su transporte y distribución ¿por qué entonces el ataque a la ciudadanía y a las fuentes energéticas que nos podrían bajar la tarifa?. Esta sí es la transparencia y no la propaganda sesgada de las grandes corporaciones.

La autoproducción o el autoconsumo, penalizado por el gobierno a instancia de las grandes compañías, podría reducir con una pequeña inversión la factura doméstica por lo que exige no solo la retirada de este «peaje de respaldo» que convierte en más cara la energía producida en nuestro balcón que la comprada a la red, y sin primas ni ayudas, sino una auditoría energética independiente a la que, por cierto, la patronal de las corporaciones se niega. ¿De verdad nuestros gobiernos siguen el mandato constitucional de poner la riqueza y los recursos del país en manos del bien común?